El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó este martes 27 de octubre la validez de los bonos PDVSA 2020, que permanecen en mora, y ratificó la decisión judicial que reconoció la legalidad de estos instrumentos pese a la falta de aprobación previa de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El fallo favorece a los tenedores de los títulos, cuya garantía está constituida por el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding, sociedad propietaria de Citgo Petroleum, la filial refinadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión no implica que la garantía pueda ejecutarse de inmediato, pues las operaciones relacionadas con esas acciones siguen sujetas a restricciones estadounidenses.
El abogado José Ignacio Hernández informó sobre la decisión a través de su cuenta en X. Según señaló, el litigio había permitido mantener suspendida, en la práctica, la ejecución de la garantía sobre Citgo desde 2019. Tras el fallo, afirmó que “ahora la presión sobre Citgo es mayor”.
Una deuda de 2.860 millones de dólares
La controversia se originó en septiembre de 2016, cuando PDVSA ofreció a los tenedores de bonos con vencimiento en 2017 intercambiarlos por nuevos títulos con vencimiento en 2020. La operación buscaba reorganizar los compromisos financieros de la petrolera y postergar el vencimiento de parte de su deuda.
Los nuevos instrumentos quedaron respaldados por una garantía sobre el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding. La operación fue cuestionada por la falta de autorización previa de la Asamblea Nacional, que entonces estaba controlada por la oposición, y dio origen a un prolongado litigio en los tribunales estadounidenses.
La controversia llegó a los tribunales a través de una demanda de PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV Holding contra MUFG Union Bank y GLAS Americas, entidades vinculadas a la administración fiduciaria de los bonos y su garantía. Las empresas estatales alegaron que el canje debía declararse inválido porque no había recibido la aprobación previa de la Asamblea Nacional, como consideraban que exigía el artículo 150 de la Constitución venezolana.
Sin embargo, el Segundo Circuito confirmó la decisión de primera instancia, que concluyó que el artículo 150 no invalidaba la oferta de canje y que tampoco correspondía aplicar la doctrina del acto de Estado. Esta doctrina limita la posibilidad de que los tribunales estadounidenses invaliden determinados actos oficiales de gobiernos extranjeros.
En septiembre de 2025, la jueza federal Katherine Polk Failla, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, concluyó que los bonos y los documentos que los rigen eran válidos y exigibles. El 17 de octubre de ese año, el tribunal dictó una sentencia que ordenó a PDVSA y a PDVSA Petróleo pagar 2.859 millones de dólares, incluidos el capital vencido y los intereses acumulados hasta el 16 de octubre de 2025. La sentencia también contempló intereses adicionales.
La decisión fue apelada por PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV Holding. El pronunciamiento del Segundo Circuito del 27 de octubre de 2026 confirmó la validez de los instrumentos y respaldó la posición de los acreedores.
La disputa por Citgo y las restricciones de EE UU
El litigio por los bonos se desarrolla en paralelo a otro procedimiento judicial en Delaware, donde se tramita la venta de acciones de PDV Holding, empresa matriz de Citgo Petroleum, para atender reclamaciones de acreedores contra Venezuela y entidades vinculadas.
En noviembre de 2025, un juez federal de Delaware aprobó una oferta de 5.900 millones de dólares presentada por Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management. Sin embargo, la venta no se había completado al 27 de octubre de 2026 y seguía pendiente de aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de enfrentar impugnaciones judiciales.
El procedimiento de venta forma parte de un proceso más amplio en el que los acreedores han presentado reclamaciones que superan los 20.000 millones de dólares contra Venezuela y entidades vinculadas. Esa cifra corresponde al conjunto de reclamaciones y no exclusivamente a la deuda de los bonos PDVSA 2020.
Por otra parte, la ejecución de la garantía de estos títulos está sujeta a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En agosto de 2026, la OFAC había emitido la Licencia General 5Y, que contemplaba determinadas transacciones relacionadas con los bonos a partir del 17 de septiembre. Sin embargo, el organismo publicó el 16 de septiembre la Licencia General 5Z, que aplazó hasta el 5 de noviembre de ese año la entrada en vigor de esa autorización general.
Hasta entonces, las operaciones relacionadas con la venta o transferencia de las acciones de Citgo vinculadas con la garantía seguían prohibidas, salvo que contaran con una autorización específica de la OFAC.
Por ello, aunque el fallo del Segundo Circuito refuerza la posición jurídica de los tenedores de los bonos, la ejecución de la garantía no es automática y también depende de las restricciones regulatorias estadounidenses y de los procedimientos judiciales que continúan en curso.
