La abogada Raquel Sánchez, representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), denunció el 28 de octubre presuntas irregularidades en el procedimiento para seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante una entrevista para el canal Venevisión, la abogada reportó la incorporación de candidaturas de un proceso anulado y las limitaciones para revisar los expedientes de los aspirantes.
Sánchez, quien también coordinaba Foro Penal en Táchira, señaló que desde la primera sesión de trabajo del comité se propuso incorporar automáticamente las postulaciones de la convocatoria anterior, pese a que ese procedimiento había sido anulado.
Cuestionó esa posibilidad al considerar que las candidaturas correspondían a un proceso previo a la reforma de la Ley Orgánica del TSJ. Por ese motivo, indicó que ella y otros dos integrantes del comité salvaron su voto en contra de la medida antes de que comenzara formalmente el nuevo período de recepción de postulaciones.
“Considero que son postulaciones que provienen de otro proceso que fue anulado y que fue anterior a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto para mí no es el deber ser”, dijo.
Cuestionó restricciones para revisar los expedientes
Otro de los puntos señalados por Sánchez fue la posibilidad de limitar la revisión de las carpetas de los aspirantes debido al volumen de candidaturas recibidas. Según explicó, el comité debía evaluar más de 570 postulaciones, situación que algunos de sus integrantes habían utilizado como argumento para restringir el alcance de la revisión.
Ante ese planteamiento, la representante de la sociedad civil defendió la necesidad de examinar la totalidad de los expedientes como parte de las responsabilidades de la instancia encargada de la selección.
“Algunos de los miembros del comité hemos manifestado que queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas, porque precisamente esa es nuestra función allí”, precisó.
Sánchez también denunció que un sector del comité se había opuesto a establecer un sistema digital para consultar la información de los candidatos. La propuesta contemplaba recibir los documentos curriculares en formato PDF, mediante correo electrónico o una plataforma institucional, para facilitar el acceso de los integrantes del organismo y agilizar la evaluación.
De acuerdo con la abogada, quienes rechazaron esa alternativa argumentaron la necesidad de proteger los datos personales de los postulados. Frente a esa posición, sostuvo que la información debía permitir el escrutinio público sobre quienes aspiraban a ocupar cargos en el máximo tribunal del país.
“No estamos eligiendo directivos de una empresa privada; estamos eligiendo servidores públicos y el pueblo necesita hacer la contraloría de esos servidores públicos que van a quedar en el Tribunal Supremo de Justicia”, señaló.
Preocupación antes las acciones
La abogada expresó su preocupación por las decisiones que, a su juicio, podían contravenir las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue recientemente reformada. En particular, cuestionó la incorporación de postulaciones provenientes de una convocatoria anulada y las actuaciones que, según indicó, podían apartarse de los plazos y procedimientos establecidos para el nuevo proceso.
Sánchez advirtió que el cumplimiento de la normativa debía regir las actuaciones del comité durante la selección de los nuevos magistrados y reiteró sus objeciones frente a las decisiones que considera contrarias a la legislación vigente.
“Hay algunas personas que quieren vulnerar ya la Ley del Tribunal Supremo de Justicia cuando no tenemos ni dos meses de haberla aprobado. Entonces, si vamos a seguir en esa tónica de estar violentando la ley que está y no hacerla cumplir, pues no estamos haciendo absolutamente nada”, dijo.
