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- Integrantes de la organización criminal conocida como El Tren de Aragua prendieron en fuego una centenaria empresa ubicada en el municipio Santos Michelena
Aproximadamente a la 1:00 am del lunes, 8 de julio, una ráfaga de disparos y una posterior explosión que devino en un incendio de gran magnitud despertó a los vecinos del municipio Santos Michelena, específicamente en la Zona Industrial Las Tejerías, estado Aragua.
El suceso se registró en una de las fábricas de Galletera Puig, una empresa que opera en el país desde el año 1911 y que se dedica a la elaboración de las tradicionales marcas de galletas María y Mordisquitos.
A medida que las llamaradas consumían el local -de unos 12.000 metros cuadrados- la noticia se esparcía por los medios locales y posteriormente nacionales. La versión que cobró mayor fuerza sobre el móvil del hecho fue la venganza de antisociales ante la negativa de los directivos de la empresa de pagar la acostumbrada alta suma de dinero en dólares -la conocida “vacuna”- para seguir con sus operaciones.
El testimonio de uno de los lugareños, replicado por varios medios y que mantuvo anónima su identidad por temor a represalias, señala que aquella fue una noche de terror. “Como a la una de la madrugada se escuchó un tiroteo y una fuerte explosión. Los malandros quemaron la galletera porque el dueño no les quiere pagar vacuna”.
Otros vecinos coincidieron con este relato y atribuyeron el hecho a la organización criminal conocida como “El Tren de Aragua”, que tiene células activas en casi todo el país y cuyos actos delincuenciales se han extendido hasta Cúcuta, en Colombia, y Perú.
El día de la tragedia los criminales sometieron al encargado de seguridad, a quien hirieron de bala, para acceder a las instalaciones de la empresa. Luego, se dedicaron a quemar una de las paletas -una plataforma empleada para guardar la mercancía- con un artefacto explosivo, posiblemente una granada, lo que hizo que el incendio se propagara rápidamente por todo el almacén.
El oficial de seguridad se encuentra en estos momentos en el Hospital José María Benítez de La Victoria por impactos de bala con un diagnóstico reservado. Hasta ahora no se reporta ningún muerto producto del siniestro.
Una vez el fuego se hizo visible, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Bolivariana de Aragua (PBA) se aproximaron al lugar y se enfrentaron a los delincuentes, situación que produjo que el cuerpo de Bomberos de Aragua, en conjunto con el equipo de Bomberos Forestales y Protección Civil, tardaran más de dos horas en actuar, por lo que la planta se consumió prácticamente hasta los cimientos, según reflejó el medio local El Aragüeño.
Para los vecinos del municipio Santos Michelena la extorsión a los empresarios es el pan nuestro de cada día, pues señalan que es normal que las compañías de la zona tengan que pagar mensualmente dinero a los delincuentes que acechan por el lugar para poder continuar con sus operaciones.
Sin embargo, el tema de la extorsión no es algo exclusivo de Aragua. En estados como Guárico, Zulia, Apure y Barinas los ganaderos se enfrentan continuamente con el pago de vacunas y con el robo de sus animales, una situación que en reiteradas ocasiones ha sido denunciada por organizaciones como Fedenaga.
El caso de la empresa Puig pone nuevamente de manifiesto el ataque al sector productivo del país, ya duramente afectado por la hiperinflación y el difícil acceso a las divisas debido a las políticas de Estado. Es una compañía que funciona en Venezuela desde 1911 y posee tres plantas operativas: la de Caracas, la del estado Sucre y la siniestrada ubicada en Aragua. Su portal web reseña que tiene la capacidad de aportar el 30% del mercado nacional de galletas y cuenta con una nómina de 1.300 trabajadores.
Con incendio casi total de una de las sedes de esta galletera se pone en jaque una tradición familiar de 108 años arraigada en el venezolano y el destino de unos 600 trabajadores que laboraban allí. Ese hecho fue condenado por buena parte de la sociedad civil y por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), que advirtió que las empresas continuarán bajando sus santamarías si el Estado no les proporciona seguridad.
Antecedentes de una continua extorsión
Tras recibir múltiples denuncias de extorsión realizadas por la productora El Simbolo, propiedad de C.A. Sucesora de José Puig & Cía, el pasado 10 de mayo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a cuatro individuos identificados como Frank Enrique Hernández Díaz (25), Gustavo Antonio Gil (41), Norelys Rosana Rojas Carrillo (37) y Yoleidys Eiglys Romero Blanco (43). A los sujetos se les vinculó con la banda criminal “El Conejo”, que es una célula delictiva de “El Tren de Aragua”.
Las denuncias de la empresa galletera, según el director del Cicpc, Douglas Rico, revelan la gravedad de las amenazas hacia la integridad de los dueños y empleados de la compañía. Los antisociales pedían grandes sumas de dinero en dólares para no agredir la empresa.
Irónicamente, el fundador de la centenaria empresa, el español Juan Puig Canals, sufrió un duro revés cuando inauguró su primera fábrica de galletas en la región de Tabasco, México. El fragor de la Revolución Mexicana, liderada por Pancho Villa, se intensificó a principios del siglo XX y los caudillos locales a menudo asaltaban la mercancía de la galletería, lo que hizo que Puig se mudara a Puerto Rico y posteriormente a Venezuela.
El Tren de Aragua, una poderosa organización criminal
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), “El Tren de Aragua“ es una de las bandas más temidas en el país y se encarga de negocios delictivos como la extorsión, el secuestro y el asesinato en la región central del país.
Esta organización criminal cuenta con más de 500 participantes y tiene como comando de control el centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el sur del estado Aragua.
La banda inició como un sindicato de trabajadores en la construcción de un ferrocarril que supuestamente uniría los estados de Aragua y Carabobo con parte del llano, específicamente los estados Cojedes y Guárico. Esta obra fue prometida hace 16 años por el entonces gobierno de Hugo Chávez, pero nunca se ejecutó.
La obra que se postulaba como una de las grandes proezas del chavismo, que iba a funcionar para agilizar el transporte de bienes y alimentos, fue el inicio de unas bandas criminales más temidas del país, dedicada a dominar los negocios ilícitos del estado Aragua, pero que se propagó como la pólvora a otras entidades.
Para el especialista en seguridad Erlyn Carvallo, en una entrevista con la OVV, el Tren de Aragua posee un armamento más sofisticado que el de las fuerzas de seguridad. Aseveró igualmente que su poderío aumenta diariamente con el reclutamiento de la población joven de los sectores olvidados del centro del país.
Incluso, en el mes de agosto del año 2018 fueron detenidos cinco ciudadanos venezolanos en Perú que pertenecían a dicha organización criminal. Estos antisociales llegaron a la nación inca para sembrar el terror e intentar sembrar, en otro país, sus actividades delictivas.
De acuerdo con las declaraciones realizadas por el director de Investigaciones Criminales de Perú, Juan Carlos Sotil, estos delincuentes “han ingresado en el Perú para cometer una serie crímenes, principalmente en entidades financieras, e incluso llegar a instalar una sede de su organización criminal en el país”.
