Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes 5 de junio por «ilegales» las políticas del gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.
En una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) dejaron a «incontables inmigrantes que vivían en EE UU en un limbo legal indeterminado», y que son «contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».
McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».
La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE UU.
El juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento», y declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.
Esas políticas, que incluyen el llamado veto migratorio y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.
El fallo incluye en la explicación del contexto unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump, que recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetía contra los «invasores extranjeros».
La mayoría de países afectados por estas políticas eran africanos, y los americanos eran Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití.
La decisión fue celebrada por Democracy Forward, una de las organizaciones que representaban a grupos de inmigrantes y trabajadores, incluyendo a la ‘Venezuelan Association of Massachusetts’ y el sindicato ‘Service Employees International Union (SEIU)’.
«Este fallo reafirma un principio básico: que el gobierno federal no puede suspender las vías de inmigración legales o discriminar contra gente basándose en su procedencia», dijo Skye Perryman, presidenta de ‘Democracy Forward’.
