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- El producto no cumple con las regulaciones de etiquetado al omitir datos e incluir términos erróneos en la tabla nutricional
La inseguridad y dependencia alimentaria fue impuesta en Venezuela a través del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Comunidades de Caracas y del interior del país han denunciado sobreprecio, el desvío de alimentos y la mala calidad de los mismos. La falta de vigilancia en la importación de los productos y la creciente data de brotes relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos puede funcionar como indicador de la inocuidad de la comida que se está consumiendo en el país.
El aceite distribuido a través de las cajas CLAP no cumple con las normas de sanidad necesarias para su comercialización en el país. La falta de fecha de elaboración y vencimiento constituyen una falta grave en el sistema sanitario. La tabla nutricional también está redactada de forma errónea en el etiquetado del producto. La empresa venezolana, que elabora el alimento, desconoce los términos correctos al colocar “aceite” en lugar de lípidos o grasas en la etiqueta, por lo que el contenido del alimento es desconocido para el consumidor.
“En la tabla nutricional del aceite distribuido en las cajas CLAP se lee que tiene una alta cantidad de proteínas, situación que es imposible. Un aceite tiene fundamentalmente lípidos o grasas y el consumidor no está siendo informado sobre lo que realmente consume”, explicó Pablo Hernández, representante del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), para El Diario.
La mayoría de los alimentos distribuidos por los CLAP, importados de Brasil, Turquía y México, tampoco cuentan con registro sanitario nacional señalado en el empaque. De acuerdo con Hernández, consumir aceite mezclado o con contenido desconocido puede generar efectos cancerígenos a largo plazo. El experto también advierte que algunos de los empaques importados del exterior no cumplen con las normas de etiquetado, pues están en otros idiomas, lo que impide que los usuarios entiendan el contenido de lo que están consumiendo.
“En Venezuela no existen los controles rigurosos a los productos que salen al mercado, por lo tanto se debe informar al ciudadano sobre qué está consumiendo y se debe evitar adquirir comida de dudosa procedencia, como es el caso del etiquetado o que no venga en el envase regular. Existen algunas personas que debido a los altos precios optan por comprar pequeñas bolsas de aceite sin tener conocimiento de su procedencia, pero esto puede representar un peligro y puede perjudicar la salud”, agregó Hernández.
Falta de controles en la producción venezolana
El profesor de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela (UCV) señaló que es necesario que se cumpla rigurosamente el control de calidad. Los procedimientos de importación establecen que un funcionario del Ministerio para la Alimentación debe viajar al país al que se le va a comprar comida para evaluar la producción. Lo mismo debe hacer el Instituto Nacional de Higiene cuando la carga llega al país.
Posteriormente, “un representante de Contraloría Sanitaria recibe todos los recaudos y emite un veredicto, procede a generar una aprobación y finalmente concede la orden de un registro sanitario, indispensable para importación, distribución y consumo”, afirmó José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad.
Expertos afirman que ante la pérdida de la inocuidad de los alimentos y la falta de un control sanitario, la exposición a riesgos agudos o crónicos aumentan debido a la presencia de patógenos microbianos, biotoxinas, contaminantes químicos y físicos que pueden afectar la salud de las personas.
Por otra parte, los altos costos de un aceite en Venezuela ascienden entre 45.000 y 50.000 bolívares, precio que supera un salario mínimo mensual de un trabajador. La falta de acceso a artículos de primera necesidad ha traído como consecuencia que los ciudadanos reciclen el aceite para sus comidas, una práctica nociva para la salud.
“Un aceite que ha sido expuesto a un proceso térmico va perdiendo sus propiedades naturales al momento de freír un alimento. Por ello, hay que advertir que el consumo de un aceite reciclado puede traer graves consecuencias a nuestro cuerpo con riesgo de enfermedades cardiovasculares”, indicó Hernández.
El especialista también advirtió los riesgos al consumir productos con alto índice de grasas saturadas debido a que poseen un componente llamado acrilamida. Esta sustancia química se genera al cocinar a elevadas temperaturas alimentos ricos en carbohidratos. Sin embargo, varios estudios señalan que en exceso puede aumentar el riesgo de cáncer.
Los alimentos que contienen almidones o cereales, y que se fríen hasta que adoptan un tono oscuro o tostado, como las galletas, las papas o el pan, son los que tienen niveles más altos de acrilamida. Por ello, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de Lyon, con sede en Francia, clasificó al componente como una sustancia química con potencial cancerígeno, incluida en la categoría oficial 2ª (producto “probablemente carcinógeno para el ser humano”). Sin embargo, se desconoce con exactitud la proporción de acrilamida que habría que consumir para alcanzar el umbral tóxico para la salud.
El instrumento social que esclaviza el hambre del venezolano
Una investigación realizada por Transparencia Venezuela y la Asamblea Nacional (AN), en conjunto con la Fundación Bengoa, afirmó que la comida distribuida por el CLAP carece de control de calidad y registro sanitario. Sin embargo, la misma investigación detalló que más de tres cuartos de la población depende de este suministro a pesar de que llega con retrasos, más costosas y con menos productos.
Seis de cada diez venezolanos reciben con intermitencia la caja CLAP para paliar la escasez de alimentos y el alto costo de la vida. De acuerdo con Datanálisis, la proporción de venezolanos que recibe la caja se elevó de 47% a 83% en los últimos doce meses, un aumento de 36 puntos porcentuales.
A través de una investigación, Armando.Info comprobó que la leche en polvo que traen los CLAP carece del calcio necesario para el consumidor. El análisis químico a ocho marcas distintas del producto arrojó resultados dramáticos: un niño tendría que tomar hasta 41 vasos diarios de algunas de esas marcas de leche para cubrir su requerimiento diario de calcio, cuando lo normal sería 1,8 vasos.
Asimismo, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2017 difundió un estudio que concluyó que “por su periodicidad y contenido, las bolsas o cajas CLAP no son en modo alguno un complemento alimenticio de importancia nutricional para la mayoría de las familias. Es una ‘oferta de precio’ que se aprovecha”, se explica en el informe.
Sin derecho a la alimentación
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también alertó que las cajas CLAP no cubren las necesidades nutricionales de la población. Así lo advirtió en el informe elaborado por la oficina que presenta tras su visita a Venezuela.
“El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como ‘cajas CLAP’, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente”, señala el documento divulgado por la oficina de la alta comisionada el pasado 4 de julio.
El reporte también destaca que Nicolás Maduro no “ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles” para garantizar el derecho a la alimentación de la población, ni tampoco que buscara asistencia internacional para abordar las deficiencias en materia alimentaria.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos confirmó que en Venezuela se viola el derecho a la alimentación y que el Estado no cumple con la obligación de garantizar alimentos a la población.
Bachelet destacó las entrevistas realizadas durante la visita a Venezuela en las que personas refirieron que, debido a la escasez y los altos costos de los alimentos, comen una o dos veces al día. “Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, apunta el reporte.
Entre los números que resalta el informe en materia de alimentación se encuentran las últimas cifras divulgadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reporta que 3,7 millones de personas se encuentran en estado de desnutrición.
Los crecientes niveles de pobreza en un contexto de hiperinflación, escasez y colapso de los servicios públicos en el país hacen que los programas de asistencia social sean indispensables ante la falta de poder adquisitivo del venezolano. Sin embargo, en Venezuela la alimentación no es un derecho sino un control social que se aplica como un beneficio para quienes hoy perpetran el poder.
