• Fuentes consultadas por El Diario señalaron varias inconsistencias dentro del gobierno corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina que aprobaría, con la ausencia de su junta directiva, un préstamo de emergencia a Venezuela. El organismo prevé destinar 350 millones de dólares para financiar un proyecto de ley que busca mitigar la crisis eléctrica en varios estados del país

Lejos del tema de la corrupción que presuntamente involucra a ocho diputados de la Asamblea Nacional (AN) de valerse de sus cargos para limpiar reputaciones de empresarios vinculados con la distribución de las cajas CLAP existe otro asunto que pone en duda la unidad opositora dentro del Poder Legislativo: la aprobación o no de préstamos extras por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente conocida como el Banco de Desarrollo de América Latina.

Tanto es así que el pasado 3 de diciembre, durante la sesión ordinaria del Parlamento venezolano estaba previsto que se discutiera el “Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica Ante La Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico” propuesto por el Grupo de Boston, instancia que reúne a parlamentarios y ex parlamentarios del chavismo y de distintas fracciones opositoras.

Sin embargo, el punto no apareció en la agenda pese a que había varios interesados en que se discutiera, principalmente de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

Es una lástima que ese proyecto, elaborado a dos manos entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no vaya a ser aprobado”. Óscar Ronderos, diputado de Acción Democrática por el estado Nueva Esparta.

Un día antes, el legislador adeco había dado una entrevista televisiva en la que hablaba de las supuestas bondades de dicho proyecto para paliar la crisis eléctrica que vive país. El parlamentario asomó la posibilidad de que tanto Voluntad Popular (VP) como Primero Justicia (PJ) se opondrían a la aprobación del proyecto.

“Ellos van a pedir que se difiera el tema porque piensan que (aprobar) eso es un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro”, dijo Ronderos con cierta resignación antes de dar inicio a la sesión ordinaria de ese martes. También hizo énfasis en que no se podía esperar a un cambio político en el país para que hubiese una mejora de los servicios energéticos.

El Proyecto de Ley Tiene como enfoque atender la emergencia en materia eléctrica en los estados Zulia, Nueva Esparta, Táchira y Mérida, por considerar que son los más afectados.

Una vez dentro del hemiciclo de sesiones, el referido punto de discusión fue removido de la agenda parlamentaria. Un grupo de ciudadanos con carteles exigió a gritos que se discutiera el proyecto.

El cuerpo legislativo hizo caso omiso a sus peticiones y las personas terminaron retirándose sin mayor incidencia en la prensa. El Diario pudo constatar que representaban a varias organizaciones de la sociedad civil conglomeradas en una coalición de la AN denominada Diálogo Social.

Otro de los interesados en la aprobación del “Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica Ante La Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico” es Enrique Márquez, diputado y líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), quien aseguró que su partido estaba haciendo “lobby político” para ratificar su aprobación.

Por ahora no hemos llegado a un consenso, pero sabemos que la bancada del chavismo, hasta el día de hoy, está dispuesta a aceptarlo”. Enrique Márquez, diputado y líder de Un Nuevo Tiempo (UNT)

Junto a Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la AN y Elías Matta, quien preside la Comisión de Energía y Petróleo (ambos pertenecientes a UNT), Márquez es uno de los principales promotores del proyecto respaldado por la CAF.

Del lado del chavismo los discursos e intereses no eran muy distintos. Francisco Torrealba, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV expresó su molestia por el diferimiento del punto que trataba sobre el mismo proyecto de ley.

“Hoy se intentó distraer a la opinión pública con asuntos sin importancia que rodean a la derecha que descontrola el Parlamento”, dijo el legislador chavista en relación con las investigaciones que realiza la AN sobre actos de corrupción que involucran a diputados opositores y contratistas del régimen de Nicolás Maduro sobre los productos del CLAP.

Para el diputado chavista “se difirió el tema más trascendental: conseguir recursos para ser manejados a través de las Naciones Unidas y frenar el sufrimiento de los venezolanos que padecen la deficiencias del sistema eléctrico nacional”.

Torrealba comentó que es un tema que se viene tratando desde hace aproximadamente seis meses, pero que ha sido diferido por el Legislativo. Mencionó que Voluntad Popular mantiene una “postura irracional” de no aprobar la iniciativa, a diferencia de UNT y AD que sí están de acuerdo.

Sobre Primero Justicia el parlamentario psuvista aseguró que “algunos miembros están de acuerdo con que se avance”. El Diario le solicitó los nombres de estos parlamentarios integrantes de la tolda amarilla, pero Torrealba prefirió reservárselos — según dijo — “para no perjudicarlos”.

Discrepancias sobre la aprobación o no del proyecto

Fuentes cercanas a PJ consultadas por este medio negaron que integrantes de su partido político estén de acuerdo con la aprobación de tal proyecto. Señalaron, en cambio, que Voluntad Popular así como fracciones minoritarias de la AN, que incluye a Copei, Delsa Solórzano, Carlos Berrizbeitia y la fracción 16 de Julio también se opondrían.

En contraste, para el diputado de AD Óscar Ronderos en la sesión ordinaria de este 10 de diciembre se trataría el asunto. “Yo creo que se va a aprobar este martes”, dijo días antes de la publicación de este reportaje. Sin embargo, el orden del día del Parlamento no contempla la discusión del “Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica Ante La Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico”.

Fuentes cercanas al Grupo de Boston aseguraron a El Diario que en ningún momento el referido proyecto sería discutido en la Asamblea Nacional y añadieron, sin mayores detalles, que “el problema es que VP, PJ y (Juan) Guaidó ‘estarían dando legitimidad al régimen’”. Representantes de dichos partidos políticos consultados por este medio confirmaron su negativa a la propuesta.

Mientras tanto, una fuente anónima de AD mencionó que “no vamos a dividir a la oposición por eso”, en referencia a la aprobación o no de la asistencia financiera por parte de la CAF.

Fuentes extraoficiales de la Asamblea Nacional mencionaron que ese proyecto de ley no se realizará, en cambio, comentaron que se tratará el punto sobre “la creación de una Comisión Mixta (Energía, Administración y Servicios), para abordar la emergencia eléctrica y recibir todas las observaciones que existan”. También tienen previsto anunciar la emergencia eléctrica.

¿Cómo inició el proyecto de ley y quién formó parte de su elaboración?

Son más dudas que certezas las que giran en torno al “Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica Ante La Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico” propuesto en la Asamblea Nacional.

Desde el punto de vista técnico, hasta los aspectos financieros y políticos no parece tener un consenso entre los grupos de oposición ni de los organismos internacionales involucrados para el financiamiento y administración de los recursos.

Según pudo conocer El Diario en conversación con las distintas agrupaciones políticas, la iniciativa para generar un proyecto que buscase una solución a la crisis eléctrica que afecta al país nace en la coalición Diálogo Social del Parlamento durante el pasado mes de marzo en compañía de otras agrupaciones de la sociedad. La propuesta luego fue elevada al Grupo de Boston y una vez aprobada la iniciativa, ese bloque inició la elaboración técnica del proyecto.

De acuerdo con el diputado de Acción Democrática, Óscar Ronderos, y fuentes cercanas a PJ, la junta técnica encargada de evaluar las necesidades del sistema eléctrico nacional estaba integrada por funcionarios de Corpoelec, representantes del Colegio de Ingenieros y el reconocido ingeniero eléctrico Winston Cabas, quien se negó a emitir declaraciones a El Diario sobre el tema hasta tanto la AN no haya debatido su aprobación en sesión “ya que eso está sujeto a mejoras o correcciones”, dijo.

Una vez presentada la evaluación técnica de los expertos, el mayor escollo dentro del Grupo de Boston para poner en marcha el plan era el financiamiento para su ejecución. Es allí donde surge una vieja conocida: la CAF.

Durante una reunión el pasado mes de abril con Luis Carranza Ugarte (presidente de la CAF) una comitiva del Grupo de Boston solicitó el respaldo económico a ese organismo bajo una serie de condiciones: que tuviera la aprobación de la Asamblea Nacional y que los fondos fueran manejados por un organismo independiente.

A esa misma reunión asistieron el diputado de PJ, Rafael Guzmán; el ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina; los integrantes del PSUV Francisco Torrealba, Jesús Farías y Saúl Ortega; y el diputado Ronderos según explicó este último a El Diario.

En una carta enviada el 7 pasado de noviembre a Juan Guaidó, en su condición de presidente del Parlamento, y demás legisladores, el Grupo de Boston solicitó la aprobación del financiamiento por 350 millones de dólares por parte de la CAF, banco que un mes antes (el 9 de octubre) le había indicado a Reuters que no pensaban emitir un nuevo préstamo a Venezuela.

¿Qué dicen los expertos?

Datos sobre el proyecto

350.000.000

de dólares es el costo del proyecto con credenciales del PNUD

1.071

megavatios se incorporan al Sistema Eléctrico Nacional

231.500.000

de dólares están destinados al estado Zulia

También está contemplada la rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que alimentan a los hospitales de alta demanda eléctrica.

Con la rehabilitación de las plantas de emergencia de los hospitales esperan beneficiar 70% de los hospitales del país (200 de 315 hospitales), según pudo corroborar El Diario en el informe presentado ante el PNUD.

Para el ingeniero eléctrico Henry Tovar — quien pertenece al Equipo Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Afines para solucionar la crisis de los servicios públicos designado por Voluntad Popular — “la instalación de generadores de respaldo en hospitales debe ir acompañada de reacondicionamiento de los sistemas de terapias intensivas, aires acondicionados y quirófanos”. “De lo contrario”, asegura, “estarán de adorno para encender luces y otras cosas”.

Fuentes del Plan País, en materia de salud, consultadas por El Diario recomiendan atender primero los 66 hospitales de mayor demanda en Venezuela (de los 315 en total) para así cubrir el 85% de la población.

Fuentes ligadas a Voluntad Popular aseguraron a este medio que la propuesta presentada ante la AN es “inconveniente ya que no apunta a una solución definitiva de la crisis eléctrica sino a un paliativo temporal”. Aseguraron, en cambio, tener un plan para recuperar 4.000 MW –cuatro veces la cantidad planteada en el proyecto del PNUD– en seis meses, por un monto menor al que indica el proyecto de la CAF y “con una visión integral y de solución definitiva a la crisis eléctrica”. Sin embargo, no ofrecieron mayores detalles.

“La relación de megavatios a familias beneficiadas para todos los escenarios es inflada en, al menos, tres veces la cantidad de familias que realmente se beneficiarían con el proyecto”, expusieron desde la tolda naranja, aunque bajo condición de anonimato.

Por esa cantidad de dinero (350 millones de dólares) se pueden hacer muchísimas otras cosas para Venezuela. El proyecto, a mi juicio, carece de suficientes méritos técnicos como para decir que es una solución sabia”. José Aguilar, ingeniero

Aguilar mencionó que es precisamente en Zulia donde se presentan mayores incongruencias en el plan propuesto por el Grupo de Boston. En dicho estado se prevé, por ejemplo, la recuperación de la unidad 2 de Termozulia por un monto de 25 millones de dólares, lo que beneficiaría a 215 mil familias. Sin embargo, el ingeniero señala que su precio es de 15 millones menos.

Un informe elaborado por técnicos y expertos del Plan País al cual tuvo acceso este medio cuestiona, entre otras cosas, que la propuesta prevé instalar ocho unidades de arranque rápido, las cuales son a gas, cada una de 30 megavatios (MV) en las plantas Ramón Laguna y Rafael Urdaneta del Zulia, pero no se menciona la disponibilidad de gas para atender estas dos nuevas unidades.

Las irregularidades, aunque en menor medida, también se presentan en otros estados.

“Hablan allí también de la Planta Táchira para reparar 30 megavatios. La mayoría de los componentes de esa planta son unidades completamente maduras que ya están descontinuadas, pero son unidades confiables. No son las más eficientes y por ser una tecnología madura existen multiplicidad de opciones para recuperarlas. Lo que ellos (los técnicos del proyecto) estaban diciendo que era para la Planta Táchira, por dos unidades se pudieran reparar 100 megavatios, no 30 megavatios. Entonces allí lo que hay es un mal asesoramiento del tema de los precios, como un desconocimiento de los asesores”, comentó Aguilar.

Región Capital El proyecto plantea recuperar la planta India Urquía (Miranda) con un monto de 12 millones 300 mil dólares. El plan es reparar 210 MW con la activación de las unidades 1 y 6.

Fuentes ligadas a los proveedores de la empresa encargada del proyecto indican a El Diario que la planta de India Urquía ha sido objeto de robos, hurtos y desvalijamiento que han afectado sus operaciones. Señalan que Corpoelec contrató trabajos de recuperación, en desarrollo, en particular de los transformadores de potencia por lo que la PNUD podría hacerse cargo de dicho contrato.

“Las acciones descritas para el área de la capital y estado Miranda, si bien colaboran para la estabilidad del sistema, no ofrecen la garantía de contribuir en las acciones de restablecimiento en caso de pérdidas totales (blackout) o parciales”, acotó el ingeniero Henry Tovar.

Fotos suministradas de fuentes extraoficiales a El Diario sobre el Complejo Termoeléctrico Planta “India Urquía”

El plan también prevé destinar 5.000.000 de dólares al estado Nueva Esparta bajo la forma de conversión a gas de seis turbogeneradores de la Planta Luisa Cáceres de Arismendi, así como para el mantenimiento mayor a la unidad 2 de la Planta Juan Bautista Arismendi. En total esperan recuperar 126 megavatios en un tiempo de ejecución de 3 meses, lo que supuestamente beneficiaría a más de 180.000 familias en todo el estado.

Sin embargo — apunta Aguilar — no es necesario ni prioritario que se destine inversión para el estado Nueva Esparta debido a que allí las unidades sí se encuentran operativas. En cambio, el ingeniero propone que se invierta en la Planta Central India Urquía, con la finalidad de suministrar mayor megavatios a Caracas, y que la represa del Guri genere más energía al interior del país.

Fotos suministradas de fuentes extraoficiales a El Diario sobre el Complejo Termoeléctrico Planta “India Urquía”

El diputado Óscar Ronderos desestimó las palabras de Aguilar. “Hay algunos irresponsables que viven fuera del país y dicen que la planta de Nueva Esparta está funcionando y resulta que esa planta no es así, que esa está parada”, dijo el parlamentario en referencia al ingeniero que reside en Estados Unidos.

Fuentes del Ministerio de Energía Eléctrica, que solicitaron mantener su anonimato, confirmaron para El Diario que la planta Luisa Cáceres de Arismendi no está funcionando, pero la Juan Bautista de Arismendi, en Nueva Esparta, genera hasta 137 megavatios.

Fotos suministradas de fuentes extraoficiales a El Diario sobre el Complejo Termoeléctrico Planta “India Urquía”

“Aquí lo que vale la pena resaltar es que hay 231 millones de dólares (destinados por el proyecto) para el estado Zulia, después hay un poquito para la capital, y para los andes son 67 millones de dólares. Eso en los andes es demasiado dinero para su situación actual”, cuestionó Aguilar. Asimismo, aseveró que no son necesarios los 42 millones de dólares que plantea el proyecto en la Planta Don Luis Zambrano, sino que probablemente se requieran solo 4 millones de dólares.

“¿Por qué? Porque ya hay dos unidades funcionando (la número 2 y la 3). Solamente una está parada. Si yo estoy apretado de recursos y de dinero, en Venezuela (no recuerdo si es en el estado Anzoátegui o en Sucre), en un almacén existen dos turbinas idénticas a las que están en la Don Luis Zambrano que no han entrado en funcionamiento. Si hay un problema en esas turbinas, es más fácil sacar las turbinas que están almacenadas y colocar una allí y ya eso se puede hacer aproximadamente en 30 días, no en el plazo que ellos están indicando”, estimó el experto.

Exigen transparencia

Transparencia Venezuela, organización no gubernamental, también refirió sus dudas del proyecto a través de un informe publicado el pasado 9 de diciembre en el cual expresan su preocupación por el nuevo endeudamiento para el sector eléctrico.

“No podemos olvidar”, señala el organismo, “que, entre los años 2000 y 2014, el gobierno (de Maduro) firmó más de 40 proyectos eléctricos por un total de US$ 37.000 millones, con un sobreprecio estimado que superó los US$ 23.000 millones. Pese a la gran cantidad de dinero, no se logró superar la emergencia eléctrica, pues 17 de las obras no se concluyeron, entre ellas la represa de Tocoma, financiada en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

En el documento exponen como incógnitas: las garantías de pago que ofrece el Estado venezolano en medio de la recesión económica y el default; cuál será el alcance de las responsabilidades del PNUD en el proyecto; y cuántos meses tendrá Venezuela en el proceso licitatorio completo hasta la asignación del contrato.

Transparencia Venezuela presenta sus dudas sobre nuevo endeudamiento para el sector eléctrico

¿Financiamiento a Maduro o urgencia humanitaria?

El proyecto de financiamiento con la CAF abrió una brecha política aún más evidente entre los partidos de oposición que apoyan la propuesta y los que la rechazan, especialmente entre VP y UNT.

Desde la tolda naranja insisten en que votar favorablemente “supondría el reconocimiento explícito a la dictadura y sus instituciones”, mientras que desde el partido político liderado por Manuel Rosales plantean el proyecto como una “emergencia humanitaria” que afecta especialmente a los zulianos y que no puede someterse a disposiciones políticas.

Rosales ha sido uno de los principales promotores y defensores de la propuesta elaborada en el Grupo de Boston así como de otros proyectos financiados por la CAF. El pasado mes de julio el líder de UNT acudió a la sede del mencionado Banco de Desarrollo de América Latina para solicitar apoyo financiero a fin de solventar la crisis eléctrica del estado Zulia. Allí fue recibido por el presidente del organismo, Luis Carranza, y otros directivos de la CAF.

Manuel Rosales, dirigente de UNT, formó parte de los solicitantes de fondos a la CAF para atender la emergencia eléctrica

“Después de varios meses de intenso trabajo con especialistas dentro y fuera del país, con la participación de diputados y la participación de diferentes sectores, logramos construir la ley que se introdujo en la AN para aliviar la tragedia que vive el Zulia y que viven otros estados como consecuencia del racionamiento, de los apagones”, dijo Rosales en un video compartido en su cuenta de Twitter.

El Diario solicitó un entrevista al líder de UNT, pero prefirió no emitir comentarios para no dar un “tinte político” al proyecto, según dijo.

Juan Andrés Mejía, diputado de Voluntad Popular, afirmó para este medio que “es fundamental encontrar una salida a la crisis, pero entendemos que la salida de la crisis pasa por la salida de Maduro que es quien ha originado estos problemas. Nosotros estamos buscando alternativas que en el corto plazo pudieran a ayudar a paliar la crisis eléctrica en algunas regiones del país, pero bajo ningún concepto lo haríamos sin que se cumpla con los criterios mínimos de transparencia, de eficiencia, de sostenibilidad que pareciera que en este proyecto no están garantizado”.

Más allá de las características técnicas de la propuesta hecha por el Grupo de Boston, otra de las dudas que señalan quienes se oponen al préstamo es a quién iría destinada la deuda de la CAF.

A pesar de que desde los sectores que impulsan la iniciativa sostienen que será administrado por el PNUD, la CAF confirmó a Reuters que el préstamo irá destinado al gobierno de Maduro. No obstante, la ONU aseguró a ese mismo medio que los fondos no se transferirán a las autoridades eléctricas estatales.

El diputado Ronderos explicó que las condiciones que estableció la CAF para aprobar el crédito son que gobierno de Maduro fuese el solicitante de dicho endeudamiento y que la Asamblea Nacional, como órgano legítimo, lo aprobara.

La CAF se pudiera haber podido conformar con una decisión de la asamblea nacional constituyente, pero saben que una decisión de la ANC sería ilegal, inconstitucional e ilegítima en virtud de lo cual solamente admite un endeudamiento que sea autorizado por la Asamblea Nacional”. Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional

Sin embargo, no sería la primera vez que la CAF aprobara un crédito a Venezuela sin que pase por el Poder Legislativo.

“Estamos gestionando el proyecto con Corpoelec porque, al fin y al cabo, cualquier intervención que se haga en el sistema eléctrico tiene que contar con el apoyo de Corpoelec. Ellos son los administradores actuales”, comentó el diputado Enrique Márquez durante la sesión del martes 3 de diciembre en el Parlamento. Sus declaraciones contradicen a las de Ronderos, quien aseveró que el régimen de Maduro cedió la posibilidad de Corpoelec administre y ejecute el proyecto, pues esa habría sido la condición de los partidos opositores para aceptar el crédito.

Costos que acarrea para el país la contratación del PNUD Será entre 3% y 6% por el manejo y la operación tercerizada, de acuerdo con Ronderos.

En este sentido, fuentes de VP consultadas por El Diario sostienen que el proyecto “no respeta los límites máximos de gasto y endeudamiento contemplado en el presupuesto nacional (artículo 311 Constitucional). Se vuela las normas de endeudamiento constitucionales y legales”.

“No limita el endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública”, señalan desde la tolda naranja.

Mejía, en ese sentido, señala que “no hay un proyecto formal de la CAF que haya sido consignado o propuesto y por lo tanto no hay una claridad más allá de unas ideas que se han planteado, por lo que no hay una claridad de cómo van a ser utilizados esos recursos. Si los recursos fueran utilizados, por ejemplo, para pagar deudas pendientes que existen con la CAF, como ya ha sucedido antes, nosotros consideramos que es absolutamente inconveniente”.

Sin embargo, sobran los precedentes.

Denuncias de los créditos de CAF a Venezuela en 2017

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Luego de 26 años de gestión, Luis Enrique García Rodríguez, de origen boliviano, dejó de presidir la Corporación Andina de Fomento en el año 2017. Al economista boliviano lo sucedió, en abril de 2017, Luis Carranza Ugarte, economista que se desempeñó como ministro de Economía de Perú en el período 2006–2009 durante el segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García, quien se quitó la vida luego de ser acusado de corrupción por estar presuntamente involucrado en ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht.

Maduro no tardó en expresar su apoyo al nuevo presidente ejecutivo de la CAF. “Puede contar el nuevo presidente con toda la cooperación”, indicó el líder del régimen chavista en una reunión con su gabinete de ministros.

A finales de 2017, la CAF aprobó un crédito al Estado venezolano, específicamente al Banco Central de Venezuela (BCV) por 400 millones de dólares. “Este financiamiento forma parte de la estrategia mediante la cual la institución financiera latinoamericana brinda apoyo a sus países miembros en la gestión macroeconómica, en este caso a través de una institución autónoma como el BCV, con el propósito de contribuir a la estabilidad económica regional”, indicó la nota de prensa emitida por la corporación.

El 14 de diciembre de ese mismo año el diputado Ángel Alvarado denunció ante la Asamblea Nacional la aprobación de dicho préstamo al señalar que el BCV no era una institución autónoma.

“90% de los gastos del Estado son financiados por el BCV, es decir, que este organismo es un apéndice del Ejecutivo y esto se lo advertimos a la Corporación Andina de Fomento. Además, quiero decirle a la CAF que Ramón Lobo (quien en ese momento era presidente del BCV) no fue designado por la Asamblea Nacional, sino por la asamblea nacional constituyente”, dijo Alvarado. Esto jurídicamente no le daba autorización al BCV para recibir el financiamiento.

El parlamentario también indicó que se trataba de una artimaña del oficialismo de “contraer deuda para pagar más deuda”, es decir, que se trataría de un financiamiento que utilizaría el Estado para no entrar en cesación de pagos con la CAF.

Previo a la aprobación de dicho crédito, Alvarado — consultado el pasado 9 de diciembre del año 2019 — indicó a El Diario que se había reunido con Luis Carranza al momento en que este asumió como presidente ejecutivo de la CAF y que le había asegurado que “no financiaría a Maduro”.

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Prácticas poco transparentes en la CAF

Ricardo Sigwald, ex consultor jurídico de la CAF, recomendó en febrero de 2017 (fecha en la que se estaba discutiendo la operación de los 400 millones de dólares), que no se aprobara el crédito debido a la situación institucional poco favorable de Venezuela.

En ese momento, el ex presidente del banco, Luis Enrique García Rodríguez, tuvo en cuenta su criterio, pero todo cambió con la entrada de Luis Carranza al organismo.

Ese era un crédito para permitirle a Venezuela pagar su deuda con CAF y que no entrara en default. Era ‘correr la arruga’ y como dicen, lanzar la pelota para adelante. Yo opiné que no se debía aprobar el financiamiento. Eso me costó mi puesto y fui despedido en el mes de junio de 2017″. Ricardo Sigwald, ex consultor jurídico de la CAF.

Dichas prácticas fueron denunciadas por el ex consultor jurídico ante todo el directorio de la Corporación en el año 2018 mediante un correo electrónico que él mismo le proporcionó a El Diario.

En la misiva electrónica señaló también que fue despedido “por ejercer sus funciones en protección de los intereses, la reputación y el patrimonio de la institución”.

Correo electrónico enviado por el ex consultor jurídico a todo el directorio de la CAF en el año 2019

“Yo creo”, dice Sigwald, “que la CAF ha perdido parte del prestigio que tenía entre los multilaterales, y eso tiene que ver con prácticas como las que ocurren en Venezuela. Porque en definitiva, pagar deuda con deuda es como hacer trampa al solitario, no es más que tratar de hacer que los libros muestren un país distinto a la realidad”.

¿Por qué la CAF continúa dando préstamos a Venezuela?

El Banco de Desarrollo de América Latina ha sido cuestionado por el otorgamiento de préstamos a Venezuela, de acuerdo con Sigwald, y el organismo internacional justifica la acción “para que no perjudique la calificación de riesgo del banco y que la tasa de interés no sea más onerosa”.

Sigwald menciona que “no hablaría de ilegalidad, pero ciertamente es un problema de transparencia” por parte de la CAF.

El ex funcionario de ese organismo dijo que el financiamiento a Venezuela en 2017 se dio bajo la figura de PBL (Policy Based Loans), una forma de crédito de libre disponibilidad de parte del monto global para ser utilizado con fines distintos a los enunciados. Fuentes relacionadas a la CAF que prefirieron mantenerse en el anonimato aseguraron que este tipo de préstamos no están tipificados en el convenio del banco, pero que se hacen de todas formas. Sigwald lo detalla:

–Siendo así, cabe preguntar: ¿por qué la CAF continúa dando dinero a Venezuela?

–La razón que esgrimen es que Venezuela es un socio, esa es la razón que finalmente dan, y confían que van a poder tener lo que necesiten. Mientras no pase de un determinado porcentaje de la cartera crediticia –que no debe exceder de 35% del monto de la cartera consolidada de todas las operaciones financieras por la Corporación según el Manual de Políticas de Gestión–, la entidad toma medidas para evitar cualquier impago. Diría que es un acto de fe, no son créditos.

Silencio administrativo aprobatorio

Sin embargo, hay otro aspecto a considerar a la hora de hablar de este préstamo, y es que se necesitaría, de acuerdo con el reglamento de la CAF, que se adoptaran resoluciones por una mayoría no inferior a la mitad más uno de los funcionarios que asisten a los directorios para aprobar líneas de ese tipo.

Entra en escena, entonces, un mecanismo jurídico denominado “silencio administrativo aprobatorio” que, de acuerdo con Daniel Polito –ex asesor jurídico de la CAF y abogado especialista en Derecho Corporativo consultado por El Diario–, supone una “práctica legal poco ortodoxa”.

“Según esa doctrina, el miembro de directorio que no vota en el plazo establecido será considerado como un voto aprobatorio de la resolución presentada por el presidente de la CAF, y supone, en cierta manera, una lesión del buen gobierno corporativo”, asevera el abogado.

Dada la constante rotación de los funcionarios que atienden a los directorios de la CAF (lo cual –según Polito– dificulta el acceso a la información), establecer el silencio administrativo aprobatorio podría dificultar a los miembros de los directorios que tomen las decisiones que se atengan a sus intereses.

Mediante este argumento, señala el ex funcionario de la CAF, se han aprobado “procedimientos de emergencia” sin contar con la unanimidad requerida dentro del directorio, lo cual ha derivado en la aprobación de diversos créditos a Venezuela.

Además de Venezuela, lo países que conforman el directorio del organismo financiero son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, España y Portugal.

Reglamento CAF vigente hasta el año 2015:

“De esa manera se aprobó el financiamiento a Venezuela de 2017. Había mensajes claros de que el préstamo no gustaba, con votos en contra de países importantes, pero luego pasaba que países que iban en contra de Venezuela en el Grupo de Lima, en la CAF hacían silencio, y se aprobaban las cosas. Es una práctica que va más allá, que se debió corregir. Pero el doctor Carranza tuvo la oportunidad de hacerlo y, en vez de corregir, lo siguió utilizando. A pesar de que se le planteó que esta no era la forma. Después lo escribieron, y lo incorporaron al reglamento”, explica Ricardo Sigwald.

El Diario tuvo acceso al último Reglamento de la CAF, aprobado en el año 2018, en el que el silencio administrativo aprobatorio fue incorporado oficialmente como normativa de la Corporación en el artículo 60. En el reglamento anterior, que fue establecido en el año 2015, no se contemplaba este argumento jurídico.

Artículo 60 del reglamento de la CAF aprobado en el año 2018

El Diario solicitó al referido Banco de Desarrollo de América Latina vía correo electrónico, una entrevista con Luis Carranza y solo se obtuvo un mensaje de acuse de recibido.

El préstamo en 2018 de la CAF al BCV

A finales del año 2018, la anteriormente llamada Corporación Andina de Fomento aprobó una nueva línea de liquidez de 500 millones de dólares al Banco Central de Venezuela “con el objetivo de mitigar riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico”, según expresó el mismo organismo internacional.

Nuevamente el parlamentario Ángel Alvarado denunció el financiamiento de la CAF ante la Asamblea Nacional en diciembre de 2018.

“La CAF está financiando una dictadura, está financiando las violaciones de derechos humanos. Saben que ese dinero será usado para seguir sometiendo a nuestro pueblo. Se puede argumentar que la CAF otorga estos préstamos para no bajar su calificación crediticia. Pero le prestaron a Venezuela, que está en default, y no quieren que caiga en ese estado. Sin embargo, eso es un ‘esquema ponzi’ (operación fraudulenta) para correr la arruga, y tarde o temprano van a bajar tu calificación”, explicó el parlamentario.

El legislador envió una carta privada al Comité de Ética de la CAF el 9 de enero de este año y aseguró que dichos pagos comprometían moralmente al directorio de ese organismo. No recibió respuesta.

Y el mismo procedimiento de urgencia y de silencio administrativo aprobatorio usado en el año 2017 fue utilizado en esa ocasión, así lo indicó una fuente que trabajó en la Corporación consultada por El Diario y que solicitó no ser identificada.

“Estos créditos no fueron aprobados por el directorio presencial. A mi juicio, ahí hay una falta grave. El directorio virtual debe decretar el procedimiento de urgencia por unanimidad. ¿Y qué emergencia es ayudar a Venezuela a superar sus problemas de liquidez? El mismo directorio debería solicitar la información de quiénes votaron por ese préstamo, pero fue utilizado el argumento del silencio administrativo aprobatorio”, señaló la fuente. Esta información fue posteriormente ratificada por el ex asesor jurídico de la CAF, Ricardo Sigwald.

Mayra Andrade, ex auditora general de la CAF, fue consultada por El Diario sobre esta votación y respondió que no podía revelar información interna por contratos de confidencialidad. Sin embargo, acotó que esa entidad debe mejorar la transparencia de sus procesos.

“Hay muchos países miembros en los cuales las resoluciones de directorios son públicas. ¿Por qué la CAF no hace lo mismo? Mejorando la gobernanza y los procesos podría ayudar a los países miembros cumpliendo la misión para la cual está creada, que es contribuir con el desarrollo de los países”, dijo Andrade.

De acuerdo con información reseñada por el diario La Nación de Argentina, Félix Martín Soto, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda Argentina, solicitó información, reclamó por nota formal la composición de votos positivos y negativos que precedieron a la aprobación del crédito de 500 millones de dólares. Hasta el momento de la publicación de la nota de prensa, el gobierno argentino desconocía quiénes habían votado a favor del préstamo.

Un socio en default

La deuda internacional venezolana es, según cifras de la firma Ecoanalítica y la Asamblea Nacional difundidas en mayo de este año, de 130.633 millones de dólares.

Para la referida fecha, Venezuela había entrado en cesación de pagos en varios de sus compromisos financieros internacionales. El Parlamento indicó que, a mayo de 2019, el Estado había incumplido 5.541 millones de dólares en intereses y 2.052 millones de dólares en capital. La estatal Pdvsa estaba en la misma situación.

Dichas características son tomadas en cuenta por las calificadoras de riesgo a la hora de evaluar a la Corporación Andina de Fomento, que tiene como uno de sus socios principales a Venezuela. El gobierno nacional es también uno de los mayores receptores de créditos de la CAF.

La calificadora de riesgo Standard & Poors difundió un comunicado de prensa, en junio del año 2018, en el que alertó de una perspectiva negativa de la CAF por la probabilidad de que Venezuela cayera en cesación de pagos. En 2019, se reafirmó el referido pronóstico.

“Consideramos que las demoras recurrentes en los pagos de Venezuela, en combinación con la situación política y económica compleja y en deterioro del país, exacerbada por las recientes sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aumentan la probabilidad de impago futuro a CAF. Si bien no se han registrado moras superiores a 180 días, el soberano ya presenta préstamos en estado de no acumulación con el Banco Interamericano de Desarrollo y con toda su deuda comercial”, indicó el informe de S&P publicado en febrero de este año.

La perspectiva negativa por parte de S&P se ha mantenido hasta el pasado mes de noviembre.

Sobre estas apreciaciones, el abogado y asesor financiero Daniel Polito considera que no hay justificación para que la CAF continúe haciendo préstamos a Venezuela.

“Venezuela no tiene la capacidad real para asumir más deuda. Es un default que no ha sido declarado formalmente, pero para cualquier economista o financiero queda claro que no se le puede seguir prestando dinero al país. Si ni siquiera China o Rusia le quieren seguir prestando dinero a Venezuela, ¿por qué la CAF si debe dar préstamos?”, señala.

El abogado aclara, sin embargo, que no hay una normativa que indique que la CAF no debe hacer más préstamos al país.

¿Sabían los promotores del proyecto de ley de las irregularidades de la CAF?

Polito hizo un informe recopilatorio de todas las “irregularidades” de la CAF referidas en esta investigación realizada por El Diario y lo compartió con la diputada Nora Bracho en febrero de este año, antes de que se empezara a discutir el “Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica Ante La Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico” con el Grupo de Boston.

La parlamentaria Bracho presuntamente resolvió hacer una convocatoria de la Comisión Permanente de Administración y Servicios para discutir sobre la CAF.

Pese a que se hizo el anuncio de la reunión por la prensa, a último momento se canceló el encuentro, así lo informó la legisladora Dianela Parra, quién también iba a acudir a la cita y que aclaró que la reunión no se dio por falta de quórum. “Nunca más me volvieron a contactar para ese tema”, dijo Parra a El Diario.

Bracho le aseguró a este medio que “nunca” convocó a tal reunión. “El secretario, que ya no está, por cierto, convocó a esa reunión sin mi autorización”. Con respecto a las denuncias de irregularidades del organismo, dijo que “la CAF nos informó, aclarando lo manifestado en el oficio. En la reunión nos aclararon que ellos no le estaban prestando a la nación”. “Las denuncias deben ser serias”, acotó.

Lauren Caballero, entonces secretario de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, aseguró que se trató de una propuesta de orden del día que finalmente no se produjo. Coincide con la parlamentaria Bracho en que el documento presentado a la referida comisión contenía “inconsistencias”, y por ende, ninguno de los representantes de la delegación de Administración y Servicios fueron contactados nuevamente para debatir sobre este tema.

Posteriormente, el pasado 12 de marzo, el abogado Polito consignó el mismo documento al entonces presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy Superlano. Un día después, el diputado denunció públicamente las irregularidades en una decena de proyectos que fueron financiados por la CAF desde al año 2010 hasta 2018. Superlano llamó a comparecer, entre otras personas, a Carranza.

A juicio de Polito, la AN no tiene potestad para llamar a capítulo a funcionarios de la CAF, que gozan de prerrogativas diplomáticas, por lo que Carranza no tenía obligación de acudir al Parlamento venezolano. Se desconoce cómo prosiguió la investigación. Superlano prefirió no emitir opinión al respecto cuando fue consultado por El Diario. “Al menos mientras se desarrollan las investigaciones”, dijo el diputado.

Correr la arruga

Así las cosas, el proyecto de ley para el préstamo destinado a obtener financiamiento para la atención de la emergencia eléctrica ha sido postergado. No ha sido posible saber en qué momento exacto Venezuela podría entrar en cesación de pagos ante la CAF, ni de qué magnitud es la cifra que debe pagar para evitar entrar en default.

Entretanto, es la población venezolana la que aún espera alguna solución viable para aliviar la severa crisis de los servicios públicos. En lo que han coincidido diversos grupos opositores es en la necesidad de establecer criterios de transparencia, que permitan que los recursos sean correctamente dirigidos a la gente que lo necesita.

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