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Si a lo largo de los años existe algo que la cúpula enquistada actualmente en el Palacio de Miraflores, en Caracas, ha sabido perfeccionar es su cinismo. Ya es crónico. Eufemismos, palabras almidonadas, voces histriónicas y burdos montajes sobre el acontecer político son parte de esa alquimia que les sirve para maquillar lo que ocurre en el país y así imponer su realidad falseada.
Un personaje que maneja, con suma habilidad, esa labor es Jorge Rodríguez, quien desde noviembre de 2017 está a cargo de las comunicaciones a nivel ministerial de Nicolás Maduro. Con serena calma y una sonrisa perenne, el conocido psiquiatra busca hacer creer a muchos que lo azul en realidad es rojo. Otra de sus tantas habilidades consiste en hacer caso omiso, con grandilocuencia, a la crisis venezolana.
El pasado 2 de diciembre Rodríguez hizo su intervención en la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Emergencia Climática (COP25) que se celebra en Madrid, España. Allí aseguró que nos enfrentamos a ‘’la extinción de la vida en el planeta Tierra’’ como consecuencia del ‘’modelo depredador capitalista’’.
Por descuido, quizá, el ministro no dijo que su gobierno se ha abocado a formar un sistema político-económico dependiente de la extracción de recursos minerales a expensas de lo que eso significa para el medio ambiente. Prueba de ello es la demarcación del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados (12% de la superficie del país), rica en oro, diamante, bauxita, coltán, hierro y otros minerales que el régimen, en conjunto con corporaciones nacionales y extranjeras, explota desde 2017. Todo esto sin contar la presencia de grupos irregulares que hacen de las minas un verdadero territorio sin ley soberana.
En esa zona, que ocupa buena parte del norte de Bolívar y en menor medida a los estados Amazonas y Delta Amacuro, se encuentran el Parque Nacional Canaima (considerado patrimonio mundial por la Unesco), la Reserva Forestal de Imataca, las reservas de la Paragua y El Caura, otras importantes zonas boscosas que fungen como sumideros de carbono que sirven para reducir la cantidad de dióxido de carbono (CO2) en el aire.
No comenta Rodríguez, durante su presentación en la COP25, que en Venezuela el AMO amenaza con contaminar los principales ríos del estado Bolívar, fulminar una buena parte de la biodiversidad allí presente, deforestar selvas tropicales y desplazar a comunidades autócnonas que colindan la zona.
Lo más irónico del caso es que el mismo Maduro alerta, a través de una carta enviada a la COP25, a cerca de los efectos del ‘’capitalismo’’ sobre los países del sur que son, en sus propias palabras, el ‘’reservorio natural del planeta’’, pero ni por asomo dice que tiene en Venezuela a 150 corporaciones, entre ellas a la gigante canadiense Gold Reserve, con licencia para explotar recursos naturales, esto sin haber realizado estudios de impacto ambiental como lo determina el artículo 129 de la Constitución venezolana.
El ministro de comunicación consume parte de su tiempo en una conferencia sobre ambiente donde asisten más de 196 países para cargar contra el presidente encargado Juan Guaidó, pero no menciona, ni de broma, que Venezuela no cuenta con datos oficiales actualizados sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, esto comprobado por integrantes de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Lo único que se puede citar de datos arrojados por el oficialismo, y eso sin tomarlo tan en serio, es la Segunda Comunicación de Venezuela sobre el Calentamiento Global que presentó en la ONU el régimen de Maduro en enero de 2018. Allí se habla de la situación en la que se encontraba el país para 2010, donde se estimaba en 60 millones de toneladas de emisiones de CO2 por la deforestación de 164.000 hectáreas en ese mismo año. El tema es que ese documento no cuenta con referencias documentales, de campo o investigaciones que confirmen tales datos.
Existe otro punto que someramente abordó Rodríguez en la conferencia y es el que hace referencia a la defensa de los ‘’pueblos ancestrales’’. Esto claramente incluye a las comunidades indígenas que hacen vida en Venezuela. Lo que el ministro no mencionó allí es que en el estado Bolívar y, en menor medida, en Amazonas, comunidades indígenas viven en constante zozobra ante la presencia de grupos irregulares que asesinan a diestra y siniestra por el control de zonas mineras.
Por citar uno de los tantos casos, el 22 de noviembre un grupo de presuntos integrantes de la banda de Reiniero Alberto Murgueyto Bastardo, alias ‘El Ciego’, que tiene presencia en La Paragua, ingresó a la población de Ikabarú, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y asesinó a ocho personas que se encontraban en un local de expendio de bebidas alcohólicas. El móvil que maneja la Fiscalía es que la organización criminal buscaba apoderarse de un espacio donde se practica la minería ilegal de oro.
Otro de los tantos elementos que no mencionó Rodríguez, a propósito de la protección de los pueblos ancestrales, es que el 92% de las comunidades indígenas del país se encuentran afectadas por la malaria, según datos del Observatorio de Derechos Indígenas de la asociación civil Kapé Kapé, esto ante la ausencia de políticas sanitarias que puedan prevenir o mitigar los efectos esa enfermedad.
La gota que derramó el vaso de cinismo del ministro, durante su participación en la COP25, fue cuando dijo que el gobierno de Maduro trabaja para que la economía venezolana deje de depender absolutamente de las exportaciones de petróleo y promueve energías limpias. Quizá la estrepitosa caída de las exportaciones de Pdvsa (495.000 barriles diarios en septiembre pasado contra 3,2 millones que producía en 1998) y la dependencia cada vez más de las importaciones de rubros son parte de esas energías limpias que no conocemos.
Si bien es cierto, los países desarrollados tienen un mayor nivel de responsabilidad en la búsqueda de medidas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como parte del Acuerdo de París firmado en 2015 y cuya aplicabilidad entra en vigencia para 2020, pero en el caso de Venezuela no estamos ni cerca de saber si el país está respetando estos acuerdos ante la ausencia de data confiable. La única esperanza es la labor que distintas ONG y ambientalistas realizan para mostrar, siquiera un fragmento, de lo que ocurre con nuestro medio ambiente.
