En los últimos años, las migraciones han sido uno de los temas más relevantes y desafiantes a nivel global. Los movimientos masivos de personas en busca de mejores oportunidades, protección o simplemente para escapar de conflictos y desastres naturales, han generado una serie de desafíos complejos que requieren respuestas efectivas y coordinadas. En este contexto, la participación activa de la sociedad civil se ha vuelto fundamental para abordar estos problemas de manera integral y garantizar la protección y el respeto de los derechos de los migrantes y refugiados.
Uno de los ejemplos más destacados de la participación de la sociedad civil en el ámbito migratorio es el Proceso de Quito, una iniciativa regional que busca abordar la situación de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina. Este proceso, liderado por varios países de la región y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, ha permitido establecer un marco de cooperación y diálogo para responder a los desafíos humanitarios y de integración de esta población vulnerable. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en este proceso, aportando conocimientos, experiencia y perspectivas diversas que enriquecen las discusiones y contribuyendo a la formulación de políticas más inclusivas y efectivas.
Otro mecanismo importante en el ámbito de las migraciones es el Diálogo de la Sociedad Civil en el marco del Pacto Mundial para las Migraciones. El Pacto Mundial, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, es un hito histórico que busca abordar los desafíos y las oportunidades que plantea la migración a nivel mundial. El diálogo con la sociedad civil es esencial para garantizar una implementación efectiva del pacto, ya que las organizaciones de la sociedad civil son actores clave en la protección de los derechos de los migrantes, la promoción de la inclusión y la defensa de la no discriminación. Su participación activa en este proceso contribuye a una gobernanza migratoria más inclusiva y transparente.
Asimismo, las cumbres regionales que abordaron las crisis de migrantes y refugiados en las Américas también han reconocido la importancia de la sociedad civil como aliada estratégica en la búsqueda de soluciones. Estas cumbres, como la Cumbre sobre Migración de las Américas y la Cumbre de Refugiados y Migrantes de Centroamérica, brindaron un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan compartir experiencias, buenas prácticas y propuestas con los gobiernos y otros actores relevantes. La sociedad civil, al tener un conocimiento cercano de las realidades y necesidades de los migrantes y refugiados, puede aportar perspectivas fundamentales que ayuden a fortalecer las respuestas regionales y nacionales. La participación de la sociedad civil en estos espacios de discusión sobre migraciones es esencial por varias razones. En primer lugar, la sociedad civil tiene un contacto directo con las comunidades migrantes y refugiadas, lo que le permite tener una comprensión más profunda de sus necesidades y desafíos. Además, es fundamental abordar las crisis de migrantes y refugiados desde una perspectiva positiva que reconozca y valore el importante papel que desempeñan en el desarrollo de las sociedades, tanto en los países de origen como en los de destino. Esta perspectiva busca superar los estereotipos negativos y las percepciones erróneas que suelen rodear a los migrantes, y en su lugar, destacar los beneficios y contribuciones que pueden aportar a nivel económico, social y cultural.
En primer lugar, los migrantes a menudo son una fuerza laboral clave en los países receptores, cubriendo puestos de trabajo que son difíciles de llenar localmente, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, la atención médica y los servicios domésticos. Su contribución al mercado laboral ayuda a impulsar el crecimiento económico y a mantener la competencia. Asimismo, la sociedad civil juega un papel fundamental en estos espacios, pues entiende, comprende y padece en sus propios zapatos la migración, por lo cual también ello se traduce en garantía para que a la hora de dialogar se observe la ampliación del concepto de refugio de la Declaración de Cartagena, ya que es de vital importancia para garantizar la protección de las personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen debido a situaciones de violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otros eventos que amenazan seriamente su vida, libertad o integridad. Cabe recordar que la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en 1984 por los países de América Latina y el Caribe, amplió el concepto de refugiado establecido en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Esta declaración reconoce que las personas pueden ser consideradas refugiadas no solo por motivos de persecución individual, sino también debido a la existencia de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público.
La extensión del concepto de refugio de la Declaración de Cartagena es especialmente relevante en el contexto de las Américas, una región que ha experimentado diversos conflictos armados, violencia generalizada, desplazamientos forzados y violaciones masivas de derechos humanos a lo largo de su historia, tal es el caso que hoy día según la Plataforma de Respuesta y Monitoreo Conjunto de IOM y Acnur R4V, existen solo en las Américas 6,2 millones de venezolanos que han huido del país. Esta ampliación permite reconocer la necesidad de protección de las personas afectadas por estas situaciones y garantizar el acceso a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, la educación y la salud.
Adaptar la extensión del concepto de refugio de la Declaración de Cartagena implica que los países de la región deben reconocer y proteger a las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento por desplazamiento debido a la violencia generalizada y otras circunstancias mencionadas en la declaración. Esto implica proporcionar acceso a procedimientos justos y eficientes para determinar el estatus de refugiado, así como garantizar la no devolución (non-refoulement) de las personas a situaciones en las que corren el riesgo de sufrir persecución, tortura u otros tratos inhumanos y por ello todos los espacios de incidencia en los cuales las OSC o sociedad civil organizada pueda estar presente es sinónimo de pluralidad, búsqueda de soluciones con sinónimo de integración. Además, la extensión del concepto de refugio de la Declaración de Cartagena también implica la necesidad de promover la solidaridad y la cooperación regional para abordar las causas fundamentales de los desplazamientos forzados y encontrar soluciones duraderas. Esto incluye trabajar en la prevención de conflictos, promover el respeto a los derechos humanos, fomentar la inclusión y la integración de los refugiados en las sociedades receptoras y brindar asistencia humanitaria y protección a aquellos que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura y voluntaria, por todo ello debemos estar muy pendiente de estos espacios de incidencia, de estos mecanismos que mancomunadamente buscan solución.
