• El internacionalista Carlos Luna explicó para El Diario que los parlamentarios que le dieron la espalda a Guaidó y a la Constitución, probablemente sean blanco de nuevas sanciones 

El ataque realizado por el régimen de Nicolás Maduro, este domingo 5 de enero, durante la instalación de la primera sesión del año de la Asamblea Nacional en la que estaba previsto se eligiese la nueva directiva del Parlamento venezolano ha generado un profundo rechazo en países de todo el mundo.

Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Portugal y Costa Rica son solo algunos de los gobiernos que han expresado su total rechazo a los eventos ocurridos en el Parlamento que condujeron a la “elección” del diputado Luis Parra como nuevo presidente del Poder Legislativo Nacional.

La votación, que no contó con el quórum requerido de acuerdo con la Constitución, fue calificada por el gobierno de Estados Unidos como un ataque de Maduro luego de no haber obtenido el apoyo necesario para frenar la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento.

El gobierno de EE UU señala, también, que previo al 5 de enero el régimen había venido ejecutando una campaña antidemocrática de sobornos e intimidación para intentar recuperar el control de la Asamblea Nacional.

“Sin contar con la presencia de los diputados necesarios para el quórum que exige la Constitución, llevaron a cabo una farsa de “votación” y anunciaron el resultado. No puede haber una votación lícita sin una mayoría de diputados presentes, conforme lo exige la Constitución”, aseguró el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo mediante un comunicado.

Según el internacionalista y profesor universitario Carlos Luna, estos señalamientos del gobierno norteamericano hacen prever que tanto Luis Parra como el resto de parlamentarios que decidieron dar la espalda a Juan Guaidó y aliarse al régimen de Nicolás Maduro, serán objeto de sanciones en el corto plazo.

“El sub secretario para el hemisferio occidental Michael Kozak ha dicho que la política de Estados Unidos es que todo aquel que se venda y traicione la democracia y la institucionalidad en Venezuela será sancionado”, comentó Luna en exclusiva para El Diario.

Grupo de Lima Es un bloque regional que está integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela

El Grupo de Lima emitió un comunicado en el que sus miembros, a excepción de Argentina y México, expresaron su más profundo rechazo al “uso de la fuerza y las prácticas intimidatorias” de las cuales aseguran fueron víctimas los parlamentarios con el objetivo de coartar su derecho a expresarse.

“La votación de hoy por la mayoría parlamentaria en favor de la reelección de Juan Guaidó, ciñéndose a la Constitución y la ley, representa un rechazo a las acciones temerarias del régimen de Nicolás Maduro que buscaron impedir su designación”, indicó el Grupo de Lima.

Celebraron, además, la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional por considerarla necesaria para conducir los esfuerzos que permitan restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela.

Si bien el comunicado del Grupo de Lima no contó con las firmas de Argentina y México, ambos gobiernos también hicieron público su rechazo a los hechos violentos acaecidos en la sede del Poder Legislativo venezolano.

“El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias”, publicó en Twitter la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Mientras que el gobierno argentino en voz de Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, fue enfático en afirmar que el uso de la fuerza por parte del régimen para evitar la instalación del Parlamento solo podría tener un resultado, el aislamiento internacional.

“Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto”, indicó Solá. Quien concluyó que la AN debe elegir su presidente con total legitimidad.

A juicio de Luna, los mecanismos empleados tanto por México como Argentina son una demostración de su intención de permanecer neutrales ante el conflicto registrado en el país, sin que ello signifique no expresar su repudio ante lo ocurrido el día domingo en la sede del Parlamento.

El pronunciamiento del canciller argentino es desde el punto de vista diplomático, mucho más fuerte que firmar el pronunciamiento del Grupo de Lima porque no solamente está comprometiendo a su país, sino que además se está comprometiendo a sí mismo”, explica.

El golpe al parlamento, tal y como fue definido por expertos consultados por El Diario, también fue denunciado por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien asegura que “considera nulo y carente de todo valor jurídico” el intento de usurpación perpetrado por Parra en colaboración con el régimen de Maduro.

“La Secretaría General de la OEA reitera su condena al intento fraudulento, con utilización de la violencia y la intimidación, por el cual en la presente jornada se ha pretendido despojar a Juan Guaidó de su calidad de presidente encargado de Venezuela y de presidente de la Asamblea Nacional del país”, sostiene Almagro en un comunicado publicado por la Secretaría General de la OEA.

El secretario general de la OEA añade que tal y como lo establecen las normas constitucionales continuará reconociendo a Juan Guaidó como la autoridad legítima en su rol de presidente encargado de la República.

Países vecinos de Venezuela como Brasil y Colombia también han expresado su repudio al intento del régimen de violar los preceptos constitucionales designando una junta directiva del Parlamento sin que mediaran los requisitos mínimos para su elección.

“Brasil no reconocerá ningún resultado de esta violencia y afrenta a la democracia”, expresó el canciller brasileño Ernesto Araújo.

Desde el gobierno colombiano expresaron, mediante su cancillería, el desconocimiento a la directiva encabezada por Parra al considerar que su elección fue “fraudulenta, sin transparencia y garantías.  

En el caso de Costa Rica, tanto la presidencia como la Cancillería, hicieron pública su postura en contra de la violación de la Constitución y los hechos de violencia registrados en la sede del poder legislativo.

El gobierno costarricense afirma que se produjo una “maniobra inaudita y burda” perpetrada por el régimen durante la instalación de la AN representa un grave golpe no solo al Parlamento, sino a la institucionalidad en Venezuela.

“El gobierno de Costa Rica sigue con atención los acontecimientos y se mantiene en permanente consulta con gobiernos amigos para redoblar los esfuerzos en respuesta a este oprobioso ataque a la democracia en Venezuela”, indicó el gobierno de Costa Rica en un comunicado.

El canciller de Chile, Teodoro Ribera Neumann,  consideró que el ataque a la AN fue una medida desesperada de la “dictadura de Nicolás Maduro” para boicotear al que considera es el último reducto democrático en Venezuela.

Mensajes similares a los expresados por los países antes mencionados también fueron replicados por las cuentas oficiales de los ministerios de relaciones exteriores de  Paraguay, Guatemala, Panamá, El Salvador y Canadá.

Las cancillerías y ministerios de Relaciones exteriores no fueron los únicos en pronunciarse, pues los mandatarios de Ecuador, Bolivia y Uruguay hicieron lo propio mediante sus cuentas de Twitter.

Indicaron que el nuevo ataque a los parlamentarios opositores demuestra el autoritarismo del régimen de Maduro que pretende centralizar el poder sin importarle violentar la voluntad popular de los venezolanos. Expresaron también su solidaridad con Venezuela y su pronto retorno a la senda democrática y constitucional.

“Los hechos acontecidos en Venezuela impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituye un nuevo golpe a la institucionalidad democrática, demostrando una vez más las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder, violentando la voluntad popular”, publicó el presidente de Uruguay Luis Lacalle Poe.

El pronunciamiento de Poe, en Uruguay, y Chávez, en Bolivia, representa un giro en la política exterior de ambos países, pues sus predecesores ─Tabaré Vásquez y Evo Morales─ mantenían una actitud complaciente con el régimen de Maduro.

Más reacciones

Foto: Cortesía

Portugal  expresó su rechazo en contra de los diputados que junto a Parra decidieron realizar unas elecciones de la junta directiva de la AN sin que se cumplieran con las normativas establecidas por la ley.

Consideran que cualquier elección de una nueva junta directiva de la AN celebrada fuera de la ley es inadmisible y no solamente constituye una violación a la legitimidad del Parlamento, sino que también representa la vulneración de la voluntad popular.

“Condenamos enérgicamente las acciones de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad contra el presidente legítimo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y contra los diputados de la oposición, que impidieron la elección libre y democrática de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional”, informó el ministerio de Asuntos Exteriores portugués.

La comunidad Europea también alzó su voz para condenar la violencia registrada en la sede del Palacio Legislativo. Josep Borrell, alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, expresó que lo ocurrido en la AN representó una “grave irregularidad” en contra del normal funcionamiento del Parlamento.

A su juicio dichas irregularidades no pueden ser compatibles con la elección de la directiva de un órgano como tan importante para la democracia como lo es el Poder Legislativo. Por esta razón, según informó, la Unión Europea continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada.

“No es aceptable que la Asamblea Nacional, como órgano legítimo democrático de Venezuela, no haya podido cumplir con el mandato que ha recibido del pueblo venezolano”, expresó Borrell mediante un comunicado.

Aliados incondicionales del régimen

Pocos han sido los respaldos que ha recibido el régimen de Nicolás Maduro avalando lo ocurrido el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional. Uno de ellos es el del gobierno de Vladímir Putin que, a través de un comunicado de su Cancillería, calificó como un proceso legítimo y democrático la elección del diputado Luis Parra como nuevo presidente del Parlamento.

“Consideramos la elección de una nueva dirección del Parlamento como el resultado de un proceso democrático legítimo, que propicia el retorno de la lucha política venezolana a la constitucionalidad”, indicó el gobierno ruso.

Esta posición es algo predecible, según el internacionalista Carlos Luna, pues los intereses de Rusia son de carácter económico e ideológico. Ellos pretenden continuar realizando negocios con el régimen de Nicolás Maduro pese a lo deteriorada que pueda estar su imagen ante la comunidad internacional, además de mantener un gobierno afin en la región.

“La postura de ellos (Rusia) tiene que ver con su interés de seguir teniendo inversiones y negocios con el régimen, para ello necesitan que se mantenga una cierta estabilidad en el país”, indicó el experto.

Sostiene que a diferencia de Rusia el gobierno de China ─otrora aliado incondicional del chavismo y uno de los principales acreedores de Venezuela─ ha asumido una posición pragmática en la que su único objetivo es la protección de sus intereses.

“Ellos (China) no tienen apego a ningún pensamiento ideológico, todo son negocios. Lo que buscan es seguridad jurídica para garantizar sus inversiones y hechos como el de ayer lo que hacen es generar condiciones más inestables que ponen en riesgo su inversión”, afirma Luna, al tiempo que explica que ese es el motivo del silencio por parte de Pekín.

La lista de países aliados del régimen cada día se achica más, pues naciones que una vez acudieron en su apoyo sin reparo alguno hoy dudan en pronunciarse a su favor ante la firme posición de la comunidad internacional sobre la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela.

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