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El Covid-19 ha cambiado el orden del orbe, y con ello necesitaremos abordar un sin número de temas y tópicos para poder entablar nuevas formas de relacionarnos, ello conlleva obligatoriamente a revisar el Derecho Constitucional de cada país; fundamentalmente el peligro de pasar por la costumbre de los estados de excepción, de la democracia al costumbrismo de lo totalitario y la temporalidad de los mismos juega un papel preponderante.
Los poderes constitucionales de los Estados de excepción, conmoción y emergencia nacional, están atribuidos generalmente al poder Ejecutivo, pero el riesgo de control constitucional siempre está latente cuando no existen democracias sólidas. El Covid-19 es sin duda una emergencia de tantas proporciones que los propios Estados están respondiendo día a día, sin un plan fijo y sin mirar las consecuencias jurídicas de dichos actos, todos están improvisando y para ello es necesario ciertos poderes excepcionales para enfrentar la emergencia.
Estamos frente a gobiernos que pueden establecer Estados de excepción, o incluso a la luz del derecho internacional suspender las garantías, pero ello significa concentrar los poderes cada vez más en el Ejecutivo y esto representa un riesgo grande para las sociedades y para la progresividad del derecho, asimismo constituye un riesgo por el costumbrismo que puede generar en la sociedad, donde el gobierno se acostumbra a mandar y el pueblo a ser mandado, de ello los venezolanos podemos dictar catedra.
En el caso venezolano, expresamente vemos con la pandemia del Covid-19 una concentración aun mayor del poder en el Ejecutivo Nacional —sin entrar en su legitimidad o no, dada la ruptura del orden constitucional—, tanto que desapareció totalmente el Estado descentralizado y mucho menos las formas de gobierno, actualmente se concentra en una total autocracia la toma de todas las decisiones. Esta relación gobierno-población, se ha convertido en algo perversa y más aun cuando se ha agotado y de una manera exorbitante los recursos constitucionales de los Estados de Excepción o Emergencia Nacional.
Sin duda alguna veremos cambios en la sociedad, en la necesidad de poder legislar en diferentes materias como la televigilancia a través de nuestros teléfonos, la telemedicina y las posibles repercusiones que pudiera traer en cuanto a la mala praxis o no, por los diagnósticos errados, la nueva forma de comunicaciones y la necesidad de poder robustecer las leyes de privacidad, pero sin duda alguna las sociedades robustecer la solicitud de la Observancia por parte de los Estados de los derechos humanos.
La pregunta es qué podemos hacer ante el poder exorbitante. La respuesta es ser observadores, vigilantes y buscar fortalecer el significado de la ciudadanía, la Observancia de los Derechos Humanos y buscar ejercer presión para que los Estados partes de la Declaración Universal de DD HH puedan fortalecer los mecanismos de protección de las individualidades. Amanecerá y veremos cuál será el nuevo orden mundial.
La necesidad de que las organizaciones como la ONU y la OEA, puedan adaptar su andamiaje frente a los nuevos retos impuestos por este nuevo orden mundial, van a ser necesarios, entramos sin duda alguna en una nueva era, la necesidad de adaptación y de que el Derecho nuevamente pueda tener un salto progresista como lo tuvo en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, son demandados y necesarios por los ciudadanos del mundo. Saldremos del confinamiento, nos tendremos que readaptar a un mundo que esta afuera, dejaremos nuevamente nuestras casas y veremos que pasará.
