En Venezuela el ejercicio de alzar la voz para reclamar la libertad de aquellos que han sido injustamente encarcelados, secuestrados sin mediación de sustento jurídico alguno, se ha tornado en un reto formidable. Son tantos los atropellos, injusticias, abusos, padeceres que sufren los venezolanos que la denuncia por la abusiva e injusta privación de libertad pasa a convertirse en parte del paisaje.

Nos ha llegado a parecer fútil alzar la voz contra el olvido de quienes han sido arteramente arrebatados de los brazos de sus familias para servir ya sea de rehenes, de ejemplos para el terror o con el fin de ser truncadas sus cualidades de conductores del camino a la libertad. Estos últimos tuvieron casi siempre a su lado la certeza del jardín de los olivos, la conciencia de que el precio por desafiar el totalitarismo puede ser la cárcel, el exilio o la muerte.

Pero es peor aún, tanto la tragedia para el agraviado como la felonía para el carcelero, cuando las víctimas de la persecución son personas cuyo único pecado es creer que se puede vivir la ilusión de una vida normal en un país con las condiciones de Venezuela. Es el acto de heroísmo cotidiano que practican sin estridencia miles de ciudadanos que aún tratan de sostener un negocio, de ocupar una posición profesional, un oficio productivo; Ingenieros, médicos, zapateros, comerciantes, cocineros, choferes.

La realidad espantosa es que cualquiera, por más distancia que guarde de la protesta y la disidencia cada día se desplaza por el filo de una realidad en la que el estado de derecho es una quimera y la certeza de volver a casa cada fin de jornada es un lujo inapreciable.

Esta vez le ha tocado a tres estandartes de la más absoluta inocencia respecto a absurdas imputaciones que se les han hecho. Tres hombres de familia y de la más alta probidad profesional, ética y humana. Tres padres de familia cuyo único delito es el de no haber hecho maletas y migrado con sus costillas y proles a cuestas a buscar un refugio y un futuro que sin duda sus altas calificaciones les hubieran garantizado.

Hector Rivero, Carlos Villamizar y Rodolfo Carrano. Tres nombres que saltaron del virtual anonimato de un círculo gremial a las primeras páginas del Washington Post y el diario ABC involuntariamente envueltos como daño colateral en un nuevo capítulo de la saga persecutoria del régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión en sus más fundamentales formas.

Las huestes febriles de la dictadura absortas en su festín de perversidad han urdido una disparatada tramoya buscando justificar el secuestro de estos chivos expiatorios con fines inciertos de afirmar pero fáciles de suponer: extorsión, propaganda, distracción.

La censura y el miedo a ser sometido y castigado en Venezuela ha llegado a tal punto que aquellos que son los estamentos naturales de adscripción de las víctimas; las empresas del sector, los gremios profesionales y empresariales, han tenido que limitarse a emitir tímidos votos por la prevalencia del estado de derecho y el debido proceso cuando la forma escandalosa bajo la que estos ejecutivos han sido arrojados a los calabozos no soporta el más mínimo escrutinio de naturaleza jurídica

La empresa DirectTV, subsidiaria del gigante americano de telecomunicaciones y medios AT&T, decidió apagar su señal a los receptores venezolanos de su servicio para resolver su problema de no poder simultáneamente atender un dictamen de el gobierno de Estados Unidos sobre tener relaciones comerciales con prófugos de la justicia, como es el caso de el dueño del canal Globovisión. En lugar de poner a resguardo a sus ejecutivos y mantener sus servicios operativos desde un origen foráneo, optó por dejarlos a sus suerte y desentenderse de una situación por demás incómoda en una lista de prioridades donde este episodio ha demostrado tener para ellos una posición muy poco destacada.

Mientras tanto, el país donde los presos de conciencia superan el medio millar hay que hacer un gran esfuerzo para no sucumbir a la desesperanza que lleva al silencio. Cada nombre de aquellos que por valientes o por azar son injustos prisioneros debe ser mil veces y a pulmón lleno voceado a pesar de que no parezca tener caso.

Que no callen las voces para exigir la libertad de Villamizar, Carrano y Rivero.

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