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- Alejandro Plaz, Comisionado de la presidencia interina para el desarrollo económico, explicó para El Diario el funcionamiento de la Ley sancionada este 9 de julio por la Asamblea Nacional que contempla el manejo de 80.000.000 de dólares por parte del gobierno interino
Con el objetivo de “regular la ejecución y el control de gastos” de recursos congelados en cuentas en el extranjero, la Asamblea Nacional (AN) sancionó este 9 de julio la Ley para la recuperación de bienes del Estado en el extranjero, el cual incluye el Fondo para Liberación de Venezuela de 80.000.000 de dólares y cuya conformación había sido aprobado en febrero y abril de este año por el Parlamento con el objetivo de “lograr la transición”.
En abril, la AN aprobó el Reglamento de la Ley Especial Del Fondo Para La Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que tenía como objetivo regular estos recursos. Así como el funcionamiento de la Comisión de Administración del Gasto establecidos en el instrumento legal. El reglamento regula principios relativos a la elaboración, ejecución y control de presupuestos, contenidos en la Ley. Además, se creó un Consejo de Administración que sería el organismo que asumiría las funciones de la Oficina Nacional del Tesoro.
Se estableció, en principio, que los pagos aprobados por el Consejo de Administración se realizarían mediante los procedimientos establecidos en el convenio de asistencia técnica a ser celebrado con la Organización de Estados Americanos (OEA), autorizado por la Asamblea Nacional previa opinión favorable del contralor especial de la República, pero finalmente el organismo internacional no participará en el proceso.
El equipo de El Diario conversó en exclusiva con Alejandro Plaz, comisionado de la presidencia interina para el desarrollo económico, para analizar los mecanismos de ejecución de este fondo y a dónde iría destinado el dinero.
¿Qué aprobó la AN este miércoles?
Este 9 de julio autorizó que el gobierno interino contrate a las empresas seleccionadas para la ejecución y administración del Fondo de Liberación Nacional. No se conoció de inmediato cuántos de los 165 diputados del Parlamento votaron a favor de la ley.
¿Por qué empresas y no la OEA?
Aunque en principio la asistencia técnica para la vigilancia y administración del Fondo iba a ser de la OEA, finalmente se optó por la contratación de tres empresas: una en el área de administración, otra en tesorería y la última en auditoría. La razón, según Plaz, obedece más al organismo internacional que al gobierno interino:
“Inicialmente se les pidió para participar con ellos. Se comenzó toda una negociación con la OEA para ver si podían hacer el trabajo que ahora van a hacer las empresas. El acuerdo de hoy es con las empresas que están reemplazado a la OEA. Se trató de hacer con ellos y con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no se pudo lograr por problemas técnicos; problemas de capacidad más de ellos que de nosotros. Resultó que el presupuesto nuestro era casi tan grande como el presupuesto de la OEA. O sea, ellos no tenían las capacidades para poder manejarlo”, dijo.
¿Cómo fue la escogencia de las empresas?
El proceso de selección, en cumplimiento con la Ley, lo llevó adelante el Consejo de Administración del Fondo de Liberación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuraduría de la República, además de contar con la participación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).
Plaz informó que para elegir las empresas se invitó a las cinco compañías de contabilidad de auditoría más grandes del mundo, que son Price Waterhouse, Deloitte, BDO, Ernst u0026amp; Young y KPMG. De ellas, tres respondieron negativamente, argumentando que no podían participar porque ponían en riesgo sus operaciones en Venezuela, tal como sucedió con los directivos de Directv.
Otra de esas empresas, comenta Plaz, se negó a participar de forma directa, pero recomendó a dos “empresas hermanas (…) que hacen unos trabajos extraordinarios y que los usamos con frecuencia cuando ocurren cosas como estas en el caso de Venezuela”. De esas dos empresas recomendadas, una fungirá como administradora y otra de tesorería. Le auditora, en cambio, sí estará a cargo de una de las cinco grandes consultoras del mundo, según el comisionado. Aseguró que todas pidieron mantener el anonimato.
¿Cómo garantizarían la transparencia estas empresas?
De acuerdo con el comisionado, el sistema para garantizar la transparencia funciona de la siguiente manera: el Consejo de Administración –que fue designado por el presidente interino, conforme a lo establecido por la Ley– recibe las órdenes de pagos de los jefes de cada una de las unidades del gobierno interino; las analiza; verifica que todos los recursos cumplan con la ley venezolana y estadounidense, así como también que todos los recursos están completos y dentro del presupuesto aprobado por la AN; y una vez el Consejo lo apruebe, los pasa a la compañía administradora.
Posteriormente, la compañía administradora hace otra revisión, “que es casi una auditoría interna”, según Plaz. Revisa nuevamente todo el proceso y una vez que ya esté completa toda la revisión, lo envía a la compañía de tesorería, la cual se encargará de emitir el pago. Además, todo este proceso va a estar auditado por una de las cinco auditorías más grandes del mundo, la cual, a su vez, deberá pasar reportes directamente al gobierno interno y al Consejo de Administración.
¿Quiénes conforman el Consejo de Administración?
Por decisión del presidente interino, Juan Guaidó, tal como lo establece el reglamento, el 5 de marzo de este año se estableció que el grupo lo conformaría Alejandro Plaz, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Fernando Blasi y Eva Hurtado.
¿Participará Transparencia Internacional?
La intención del Consejo de Administración y del gobierno interno es que la ONG Transparencia Internacional participe en todo el proceso, dijo Plaz.
“Está la solicitud, pero ellos todavía no me han respondido. Nosotros queremos y le hemos solicitado a ellos que reciban el reporte, que tengan la oportunidad de interactuar con estos auditores y hagan todas las preguntas que quieran, vean todo lo que quieran, y que después ellos sean los voceros de los resultados de ese reporte. Si transparencia dice que no, buscaríamos otra opción, pero lo que no queremos es que le paguemos a un auditor, que cuesta bastante dinero, que haga una auditoría para nosotros estar seguros y poder decirle al mundo que todo se hizo decentemente, y nosotros tengamos que quedarnos callados y no enseñarle eso a nadie”, explicó el Comisionado.
De no lograr el apoyo de la ONG, dijo, buscarán otra que divulgue esa información.
¿Y dónde queda la OFAC?
Todo este proceso debe pasar Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al tratarse de una ejecución de fondos congelados en el exterior, era necesario el aval de la institución encargada de esta materia en el país.
Entre las preguntas de la OFAC, comenta el comisionado, está cómo se va a usar el dinero, cuál va a ser el flujo, a dónde va a ir el dinero, quiénes van a ser los beneficiarios, por qué ellos, entre otras.
Informó que ya el organismo adscrito al Departamento del Tesoro estadounidense aprobó una primera licencia para realizar los pagos a la Cruz Roja y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por el trabajo que realizan en Venezuela en la lucha contra el covid-19. Agregó que esperan que la próxima licencia de la OFAC se emita esta o la semana del 13 de julio, que es para atender otros aspectos como el pago a médicos, gastos de la AN y del gobierno interino, y que ya habría recibido el visto bueno del organismo estadounidense.
“Una vez que nos den la licencia, quiere decir que pasamos ese examen, y que la OFAC permite que el dinero que está congelado por el gobierno de Estados Unidos, se descongele en los montos que ellos digan”, dijo.
¿Por qué ese monto y cómo se paga?
Los 80.000.000 de dólares que necesita dicho fondo especial para su ejecución provendrán de una cuenta privada del BCV en Estados Unidos, cuyo monto asciende a 342.000.000 de dólares, donde estaban depositadas ciertas transacciones relacionadas con oro venezolano.
El “acuerdo de voluntades” entre la presidencia interina y el BCV establece que el préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes al “cese de la usurpación”, en los términos del Estatuto que rige la Transición Democrática.
¿En qué gastarán los 80.000.000 dólares?
En la sesión presupuestaria el reglamento se refiere a la distribución del recurso de 80.000.000 de dólares, los cuales fueron distribuidos para diferentes causas.
– 45% para gastos sociales: 7.000.000 de dólares que van para la Cruz Roja y 10.000.000 de dólares para la OPS. Además, 18.800.000 de dólares van destinados para el programa Héroes de la Salud, aunque en principio el presupuesto para el programa era de 15.900.000 dólares. El aumento obedeció al incremento de médicos, enfermeros y personal de salud que se inscribieron en la iniciativa: esperaban 45.000 personas, pero en el registro se llegó a 63.000 personas, dijo Plaz.
Otros 5.000.000 de dólares estarán disponibles para atención de “casos de riesgo vitales” que, explica el comisionado, “son personas que van a morir si no reciben este apoyo y se les daría para salvarle. Son gente que tiene problema de trasplante, de quimioterapia, y se hace estudio social para ver si tiene para pagar; al igual que estudio médico. Ese dinero iría para las clínicas que los está tratando”.
– 6% para “seguridad y defensa de la democracia”: “El presidente decidirá cómo lo piensa distribuir. Tengo entendido que tiene que ver con seguridad personal, miembros de personal del gobierno interino que siguen en Venezuela, diputados, y todo lo que tiene que ver con inteligencia”, refirió Plaz.
– 11% fortalecimiento de relaciones internacionales: “Ese es el mantenimiento de 39 embajadas que tenemos alrededor del mundo. Esas embajadas han estado operando sin ningún tipo de remuneración. Entonces esos gastos serán para cubrir los tipos de logística, transporte, oficinas, comunicaciones, que hasta ahora lo han hecho a puro pulso personal”.
La elaboración del presupuesto para las embajadas, aclaró el comisionado, estuvo a cargo del canciller del gobierno interino Julio Borges. El presupuesto incluye “dónde va cada dólar que se va a invertir”, cuánto va para la embajada; para los trabajadores; para comunicaciones de las mismas; para pago de oficinas y de transporte. Según Plaz, este monto es una “microfracción” comparado con el presupuesto de otros gobiernos de la región.
– 17% para la “defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes”: 14.000.000 de dólares irán destinados para la atención del programa legislativo. Ello incluye el pago del salario de diputados y asistentes, quienes no cobran desde junio del año 2016, por lo que el sueldo será con retroactivos. Según Plaza, el salario será de menos de 1.000 dólares mensuales. “De los diputados peores pagados en el mundo”, comentó Plaz.
– 11% de costos de implementación del presupuesto especial: “Eso se redujo considerablemente. Eso era lo que nos iba a cobrar la OEA cuando estábamos trabajando con ellos, cobraban 13% del monto que iban a administrar, eso representaba 9.200.000 dólares. Con el cambio a estas compañías que nos están apoyando en el área de administración, tesorería y auditoría, eso se redujo a cerca de 3.000.000 de dólares. Ahí hubo un ahorro de 6.000.000 de dólares, que nos ayudó a incrementar el programa de héroes de la salud”, explicó el Comisionado.
El otro 10% se distribuirá “para el fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura” y 3% para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría Especial y el poder judicial nacional.
