- Estados Unidos impuso sanciones a Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por presuntamente participar en negocios ilícitos de Nicolás Maduro Guerra (hijo)
Este 23 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso sanciones a Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por estar presuntamente vinculados con el régimen de Nicolás Maduro.
La OFAC indica que las sanciones se deben a que los hermanos Morón brindan apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra y “a las actividades corruptas de integrantes del régimen ilegítimo de su padre, Nicolás Maduro Moros».
Señalan que los Morón son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela y supervisan el mecanismo financiero de un plan de oro ilícito que presuntamente involucra al hijo de Maduro.
El Departamento del Tesoro explicó que el hijo de Maduro contrató a Santiago y Ricardo Morón Hernández para hacer negocios a su nombre y ambos han usado diferentes compañías para sus transacciones. Agregó que Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y regularmente lo acompaña, mientras que Ricardo se encarga de sus actividades operativas.
“Estados Unidos está comprometido a atacar a las personas que facilitan y permiten este régimen corrupto mientras continúan ignorando el bienestar del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
Previamente, la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y el exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera han vinculado a Santiago José Morón Hernández como testaferro de Nicolás Maduro Guerra (hijo).
Los Morón y sus obras inconclusas
La familia Morón es originaria de Maracaibo, estado Zulia. Santiago Morón es abogado y su hermano Ricardo es ingeniero civil. También se desempeña como corredor de bolsa. Ambos son hijos de Ricardo Pastor Morón Crespo.
Ricardo padre y sus hijos son fundadores directivos de la empresa constructora Cresmo C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en marzo de 1987.
Desde 2007, la constructora Cresmo ha figurado con proyectos ejecutados por el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur); Metro de Maracaibo, con la construcción de las urbanizaciones Villa Metro Guayabal, Villa Paraíso, Villa Urdaneta y la rehabilitación del Corredor de Sabaneta del Metro; y Ducolsa.
Sin embargo, la empresa ha sido denunciada por incumplir los contratos. En 2011, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya señaló que la empresa Cresmo construiría 12 edificios como parte del proyecto residencial Villa Metro Guayabal, de los cuales solo se entregaron 10 edificios sin concluir e incumpliendo las especificaciones del contrato.
Posteriormente, pese a los antecedentes en incumplimiento de contratos, a la empresa se le asignó la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (Crppjez).
El presupuesto acordado para la obra fue de 20.700.000 de dólares. La construcción del centro penitenciario inició en 2013 y debió estar lista ese mismo año, sin embargo,la obra no se entregó en la fecha pautada. Luego se realizó un segundo pago a Cresmo por 12.400.000 de dólares.
En 2015, Ricardo Morón Hernández anunció que para noviembre de ese año se culminaría la construcción, pero la obra fue abandonada en agosto de 2015. 70% de los avances quedaron en ruinas. Se culpó a los habitantes cercanos al retén, ubicado en el municipio San Francisco del estado Zulia. Alegaron que se robaron las piezas sanitarias y las vigas de acero.
Además de las obras sin concluir, la constructora tiene registro de incumplimientos de pagos con sus trabajadores. El portal web El Pitazo señala que en la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aparece que la empresa ha enfrentado por lo menos siete demandas por irregularidades en el pago de prestaciones sociales.
Sanciones de EE UU
Para aumentar la presión y agilizar la salida del poder de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas dirigidas a las personas o empresas acusadas de corrupción y de estar vinculadas con actos ilícitos, al igual que a funcionarios de alto rango del régimen venezolano y al sector petrolero.
Desde enero de 2019 hasta la actualidad, Estados Unidos ha sancionado al menos a 52 individuos, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.
Hasta la fecha existen 210 funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de EE UU.
