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- Tribunal Militar declaró “sin lugar” la apelación que hizo la defensa del sindicalista exigiendo su libertad. Los trabajadores y demás ciudadanos califican el hecho como una injusticia y continúan exigiendo su excarcelación
Este martes 11 de agosto un Tribunal Militar declaró “sin lugar” la apelación que presentó la defensa del sindicalista y civil Rubén González, quien se mantiene privado de libertad desde 2018. Sus abogados exigían su libertad.
Desde que lo apresaron, Rubén se encuentra en una celda de dos por tres metros, en el área de procesados militares de La Pica, en el estado Monagas, Creyente, profesa su fe hacia la Iglesia evangélica. Lo juzgó la justicia castrense, aunque no ha pertenecido nunca a los cuarteles ni ha vestido el uniforme verde oliva. Está enfermo. Presenta complicaciones de salud por la hipertensión.
Tiene 61 años de edad. Su cara es aspera, curtida. Se notan en sus facciones los años de lucha, de discusiones. Su mirada revela determinación y paciencia. Su nombre es Rubén González, y es un preso político del régimen de Nicolás Maduro.
Condenado a cinco años y nueve meses de prisión en 2018, González ya lleva dos años y medio privado de libertad. La Fiscalía Militar le imputó los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Su defensa aseguró que las acusaciones se desmontaron, pero la sentencia fue ratificada.
Lo capturaron en una alcabala en el estado Anzoátegui. Participó en una manifestación en Caracas en la que, junto con trabajadores de diversos gremios, exigió el respeto a las convenciones colectivas y las tablas salariales violentadas por el régimen de Nicolás Maduro. El mismo que se dice defensor de la clase obrera desde el inicio de su mandato en el año 2013.
González tuvo una audiencia de apelación ante la Corte Marcial el pasado 28 de julio, y la corte no dictó sentencia, así lo informó la organización no gubernamental Provea. Se trata de uno de los pocos procesos judiciales que se han llevado a cabo durante la pandemia.
Pedro Arturo Moreno, dirigente de la CTV, ha solicitado a los ciudadanos que firmen una petición de libertad para González. Estimaba recabar 1.000 firmas y ya lleva más de 2.700.
La CTV, a propósito del caso, lleva a cabo una labor de acompañamiento con la familia de González. “Con su hija hemos hecho campañas. Allí tiene mayor peso la Intergremial de Guayana, una organización que se formó con la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, una coalición que incluía a factores ciudadanos del país que estaban descontentos con el régimen de Maduro pero con independencia de la oposición nacional”, explica.
Dignidad en medio de la corrupción
González, hasta el momento de su detención, era dirigente sindical de Ferrominera Orinoco, una compañía estatal ubicada en el estado Bolívar dedicada a la extracción y comercialización del hierro y otros minerales venezolanos.
Al director de la empresa, Radwan Sabbagh, cercano al entonces gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, lo detuvieron los organismos de seguridad venezolanos en el año 2013. Lo acusaron, de acuerdo con un reporte de Transparencia Venezuela elaborado por la periodista Clavel Rangel, de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, entre otros delitos.
En el muelle de Ferrominera, según investigaciones gubernamentales, se traficaron 2.000 toneladas de aluminio y se hallaron dos cargamentos de cocaína.
A González no lo acusaron de haber incurrido en hechos ilícitos, pero sí pasó un tiempo en la cárcel debido a su labor sindical. En 2014 lo declararon inocente luego de un juicio de cinco años de duración, tras haber organizado una huelga. Por haber organizado la protesta pasó, sin embargo, un año tras las rejas.
El dirigente de la CTV considera, sin embargo, que parte de los funcionarios al cargo de las empresas básicas, muchos de ellos militares, pueden estar presionando para que no se efectúe la liberación de González.
“El juicio militar limitó cualquier resquicio de defensa que se pudiese haber hecho por Rubén, y eso, considero, se debe a una razón: hay una colusión en Guayana que involucra a lo peor de la Fuerza Armada, incluyendo GNB y el Ejército, en lo que tiene que ver con la extracción del oro y otros minerales. Denunciar el problema de Ferrominera, y asociarlo a las conductas de los oficiales que están en la custodia de las industrias básicas, puede explicar la tirria que se tiene con Rubén. El mismo hecho de que lo hayan pasado a tribunales militares tiene que ver con factores de la Fuerza Armada. Es un antagonismo individualizado, por eso no nos hacemos muchas esperanzas con la vía jurídica para que salga libre”, relata.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, de 576 empresas estatales en el país, 76 tienen a un militar como máxima autoridad. El cuerpo castrense se ha involucrado con mayor prominencia en las empresas relacionadas con la agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable, saneamiento, minería y metalurgia.
Aunque González mantuvo afinidad con el expresidente Hugo Chávez, a partir del año 2013 se deslindó del régimen de Nicolás Maduro. La separación, cuenta Moreno, se dio a partir de la oferta que hizo el oficialismo de desarrollar las empresas básicas venezolanas. Pero eso se fue desvaneciendo. “Los trenes gerenciales de las compañías solo estaban aprovechando para sacar remesas de aluminio, acero y otros minerales que incluso vendían en el mercado internacional. La separación de Rubén González del gobierno también es una muestra de la autocrítica”, acota.
Trabajadores presos por un “régimen obrerista”
El pasado 3 de julio, el hashtag #LiberenALosTrabajadoresPresos se posicionó como tendencia en la red social Twitter. Más de 6.500 tuits exigieron la liberación de los trabajadores detenidos por los organismos de seguridad en el contexto de lucha por sus reivindicaciones salariales y laborales. Entre ellos, Rubén González.
Preso de conciencia
Amnistía Internacional ha declarado que González es un preso de conciencia. La OIT, mediante la Comisión de Encuesta —mecanismo que solo ha sido establecido en 13 ocasiones durante los 100 años de existencia de la organización—, exigió la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista privado de libertad por el ejercicio de las actividades legítimas de su organización.
Los trabajadores venezolanos ven en el horizonte, de acuerdo con Pedro Arturo Moreno, un panorama oscuro y difícil, pero al mismo tiempo, infranqueable. Uno en el que no pueden esperar a que haya un cambio político en el país para lograr reivindicaciones salariales justas y para lograr la liberación de sus compañeros.
