• El economista José Gonzáles, el consultor gerencial Benjamín Tripier y la abogada Milagros Betancourt analizaron para El Diario el contexto económico en el que se encontraba Venezuela antes y después de las medidas del gobierno estadounidense. Coincidieron en que las mismas repercuten negativamente, pero no son las causantes del deterioro nacional

Estados Unidos ha optado por una política de sanciones para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Desde el año 2014, debido a las violaciones de derechos humanos en el país, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento de Estado, ha sancionado a más de 100 personas relacionadas con el chavismo. Además, diversas órdenes han confiscado activos venezolanos en el extranjero y han limitado el accionar de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Bajo ese pretexto, la línea discursiva de Maduro apunta hacia señalar estas medidas como las responsables de la crisis económica venezolana. Sin embargo, expertos explican para El Diario que, si bien estas repercuten, llegaron en un momento de depresión económica causada, principalmente, por el desfalco de Pdvsa y en una suma de malas decisiones en materia económica.

El caos se gestó durante años

Para el economista José Gonzáles, las sanciones no son la causa de la crisis, pero sí empeoran la misma. Para entenderlo, dice, es necesario ver el panorama económico mundial y venezolano desde 1998 hasta la actualidad. Propone, pues, ver el antes y el después de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.

José Gonzáles. Foto: Cortesía

Explica Gonzáles que para 1998, producto de la crisis asiática que ocasionó un efecto dominó de devaluaciones monetarias en esos países y que luego se extendió por todo el mundo, el precio del barril de petróleo cayó por debajo de los 10 dólares por unidad. En medio de ese desastre generalizado, sin embargo, la producción venezolana superaba los 3.000.000 de barriles de petróleo diarios. Rafael Caldera, entonces presidente venezolano, entregó un país estabilizado, al menos económicamente, a Hugo Chávez.

El economista no quita méritos al llamado “líder de la revolución bolivariana”. Asegura que su principal aporte consistió en la revitalización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuando ya sus países miembros se preparaban para la salida del mercado. Asimismo, luego del paro petrolero de 2002 y el default argentino ese mismo año, logró durante su gestión que el precio del barril llegara incluso a 130 dólares, con una producción cercana a los 3.000.000 bdp diarios, como en la llamada cuarta república.

Todo era bonanza para el régimen de Chávez, y eso le permitió iniciar una política de gasto público masiva. “El socialismo del siglo XXI se mueve sobre los rieles del capitalismo. La revolución de Chávez es una revolución del consumo, pero está basada en el subsidio petrolero”, opina Gonzáles. 

Gasto excesivo

El gobierno aumentó el portafolio de gastos de Pdvsa con las misiones, lo cual trastorna el gasto de la estatal petrolera. Para refinanciar el gasto, menciona el economista, emitían deuda. Ni con la crisis hipotecaria de 2008, el gobierno chavista dejó de emitir deuda y aumentar gastos. La tormenta perfecta recién empezaba.

A partir de ese momento, explica Gonzáles, empieza a haber un deterioro en las condiciones de producción. El gobierno, en su fundamentalismo ideológico, lleva a cabo expropiaciones, y una permanente violación del estado de derecho del sector privado, de vías restrictivas en la actividad económica y de la exportación.

El Estado sigue gastando y como ya no emite deuda bolívar-dólar para financiarse en bolívares y pagarlo a futuro en dólares; como el ingreso es menos dólares y la presión por la deuda que se había emitido empieza a crecer, el Estado empieza a gastar más de los dólares para pagar lo que debía; menos para importar, menos para hacer mantenimiento y el sector petrolero empieza a implosionar. En el camino lo que hace el Estado es imprimir bolívares para pagar el déficit fiscal que llega a 26% del Producto Interno Bruto (PIB) y caemos en hiperinflación”, explica el economista.

Desde el punto de vista de los ingresos, esto se traduce en más de 100.000.000.000 de dólares en 2014, a 48.000.0000.000 de dólares en 2016. Y, según cálculos de la firma Ecoanalítica, para 2017 se ubicaron en apenas 28.000.000.000 de dólares. La tragedia ya era, entonces, una realidad.

Destrucción de Pdvsa

Benjamín Tripier, consultor gerencial durante más de 20 años, explica también que, además de todos los factores de la política económica de Chávez, un elemento clave que se produjo antes de las sanciones y que condujo a la crisis actual es el estado de Pdvsa. Lo que años atrás fue un modelo de gestión en el ámbito mundial, con el paso de los años fue desapareciendo.

“Las refinerías ya tenían un daño estructural que se iba a profundizar por problemas de mantenimiento, que nunca se arreglaron. Y si hoy hubiéramos tenido gasolina sin sanciones, te aseguro que ya no la tendríamos porque todo te dice que va a pasar tal cosa, si no tienes agua y electricidad”, explica.

Benjamín Tripier | Foto: Contrapunto

Asegura que para 2017, antes de las sanciones, Venezuela contaba únicamente con los 1.200.000 bdp de la faja petrolífera del Orinoco. En el resto del país, la producción de los crudos más livianos, que se encuentran principalmente en Anzoátegui o en el sur del Lago de Maracaibo, estaba básicamente paralizada.

Pero, además, la producción en la faja petrolífera resultaba más costosa debido a sus características pesadas. “Es como una pasta”, grafica Tripier. Por lo tanto, el gobierno chavista debió comprar crudo a Argelia y Rusia, para poderlo diluir y así producir. Este proceso, que ya venía en picada, se detuvo por completo luego de las sanciones americanas.

Restricciones en medio de la crisis

En medio de la depresión económica venezolana producto del excesivo gasto público, del endeudamiento y de las condiciones de Pdvsa que explican Gonzáles y Tripier, en agosto de 2017 el gobierno de Trump impone las primeras medidas financieras contra el régimen venezolano. La causa estriba en que el gobierno incurrió “en graves violaciones a los derechos humanos, acciones antidemocráticas y es responsable de una profunda crisis humanitaria”.

Se prohibió taxativamente que personas estadounidenses, o relacionadas con EE UU, puedan negociar o reestructurar bonos de Pdvsa y Venezuela. Era el inicio de las restricciones que posteriormente dificultará reestructurar la deuda venezolana. En este sentido, en mayo de 2018 se prohíbe que estadounidenses, o personas dentro del territorio de EE UU, puedan comprar o negociar cualquier deuda o colateral (prenda o garantía) cuya propiedad del gobierno venezolano o Pdvsa exceda el 50%.

En noviembre de 2018 el presidente Trump emite la O.E. 13850. En ella se bloquea cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro, o cualquier activo -determinado por el Departamento del Tesoro (DT)- que el gobierno venezolano ejerza con empresas estadounidenses.

Todo esto, opina Gonzáles, tuvo más bien un efecto restrictivo para los intereses del régimen venezolano.

Las sanciones, que antes eran militares o diplomáticas, se empiezan a convertir en sanciones monetarias, cuando empiezan a descubrir que el dólar es más poderoso que los portaaviones. Se usa la OFAC como un instrumento de sanción y de contención, lo cual funciona, pero va a dejar de funcionar como debería. Amarran al gobierno para reestructurar la deuda en 2017, entonces le cierran esa capacidad para pagar y piden a los acreedores negociar en términos efectivos con el gobierno”, explica el economista.

Para 2018, la producción había disminuido a 1.137.000 bpd. Es decir, una reducción de más del 50% de lo que recibió el chavismo en 1998.

Y en este momento, explica Tripier, está parada la producción de petróleo en Venezuela. “Hasta hoy no hay un solo taladro operando en Venezuela. Del 1.200.000 bdp, pasaste a 1.000.000 bdp, después 800.000 bdp, y en este momento debemos estar por los 360.000 bdp. Lo que se está tratando de vender en el mercado secundario, un sector de mucha plata, es lo que tenía antes. Pero en este momento está en cero. La producción petrolera cae por sí misma, y no la puedo vender por las sanciones”, asevera.

Las últimas dos refinerías que operaron en Venezuela fueron la de Amuay y Cardón, pertenecientes al Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en el estado Falcón. La firma S&P Global Platts reseñó que “la de Amuay, de 645.000 barriles diarios, se cerró por completo, con sus cinco destiladores fuera de servicio”.

Tapar salidas

Explica Gonzáles que, sin sanciones, probablemente las salidas a la crisis venezolana tendrían algún tipo de válvula de escape.

Dice que, aunque la banca venezolana no ha sido eliminada o afectada por las sanciones, las mismas funcionan como un cerco financiero. Se produce, entonces, lo que llaman el over complaince o cumplimiento normativo, para evitar las sanciones. Algo que, según el economista, es incluso más dañino que las sanciones per sé.

Over complaince

El Comité de Basilea lo define como “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”)”.

Otra consecuencia de las sanciones, según Gonzáles, es la imposibilidad de Venezuela para obtener un crédito internacional. En este punto coincide con los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, quienes publicaron un informe en mayo de 2019 en el que, a grandes rasgos, culpan a las sanciones estadounidenses de la crisis económica y humanitaria de Venezuela.

“Eso es cierto. Las sanciones han creado un cerco financiero. Sin las sanciones, Venezuela podría reestructurar su deuda, hacer algo que alivie el estrés financiero. Pero los males económicos no son producto de las sanciones”, afirma Gonzáles.

Para Tripier, el origen de la imposibilidad de la deuda obedece a que Venezuela perdió la confianza por no pagar a tiempo antes de las sanciones. “Nosotros venimos hace tiempo sin pagar y ya que no nos querían afuera, le damos una razón más y nos retienen la plata”, argumenta. Pero sostiene que la mala reputación con los acreedores internacionales trasciende al régimen de Maduro, y es de Venezuela.  

Yendo a las sanciones, la imposibilidad de pagar la deuda se produce, principalmente, luego de las medidas que involucran a Citgo.

Citgo
Citgo. Foto: Cortesía

El 28 de enero de 2019, la OFAC incluyó en su lista de sancionados a la estatal Pdvsa, lo que implicó que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasaran a estar bloqueadas. Toda persona estadounidense tiene prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana. Las transacciones con dos subsidiarias de Pdvsa en EE UU, como Citgo y Pdvsa Holdings relativas a la importación de petróleo y aditivos estuvieron permitidas hasta el 28 de abril de 2019. Los pagos realizados a estas empresas de Pdvsa en EE UU se congelaron en cuentas estadounidenses.

El impacto fue notorio. Antes de las sanciones, Estados Unidos era el principal comprador del crudo venezolano con un 41% del total de envíos.

Asimismo, en abril de ese año otros activos extranjeros venezolanos fueron confiscados por gobiernos estrechamente aliados a EE UU. Ello incluye, según Weisbrot y Sachs, 1.200.000 de dólares en oro que el Estado tiene en el Banco de Inglaterra y en la compañía de fertilizantes Monómeros, valorada en 269.000.000 de dólares

—¿Entonces, hay un panorama bajo el cual la economía venezolana pueda mejorar aun con las sanciones?

—No. Imposible. Porque no se puede reestructurar la deuda externa, que es lo primero que hay que hacer para salir del problema financiero. Y dos, no se puede incrementar la producción petrolera porque no se puede promover la inversión extranjera de compañías petroleras de dimensión, que son las únicas que pueden recuperar esa producción.

Tampoco se puede hacer el mantenimiento adecuado de las instituciones totalmente destruidas por el mal manejo y por la crisis financiera ocasionada por las malas políticas económicas, que ha ocasionado fuga de talentos. La trampa es doble: el accionar del gobierno más las sanciones. A medida que haya hiperinflación, no se resuelve nada. La hiperinflación requiere un ajuste estructural que este gobierno no está dispuesto a hacer. Y tampoco se puede hacer con las sanciones.

El manual de las sanciones

No obstante, para Benjamín Tripier, el margen de mejora de la economía venezolana, aun con las sanciones estadounidenses, dependen del régimen. En su opinión, las sanciones “son como un librito” que pone las reglas claras de lo que se puede o no hacer. En ese aspecto coincide con el carácter restrictivo que señala Gonzáles.

“Básicamente te sancionaban si no cumplías con ciertas cosas, y si tratabas de esquivar las sanciones. A partir de que el país grande establece unas sanciones, se convierte en una recepción estructural, entonces necesitas una unidad que se ocupe de entender bien cómo funciona para poder convivir con ellas. Las sanciones son para ponerte restricciones, no para matarte. Son elementos que ya están como regla de juego que se cumplen y que no se cambian. Lo que hay es un escalamiento. Tenemos una relación dada, donde hay una regla del juego y el gobierno venezolano tiene que cumplirla porque es el país más pequeño, asimétricamente negativo”, comenta.

Tripier cree que sí hay cosas que se pueden hacer. La clave, dice, pasa por que el gobierno se repliegue en la economía y le permita al sector privado actuar.

Y es que, tal como explica, las sanciones de EE UU son contra el gobierno venezolano y quienes negocien con él. Por lo tanto, si se permitiera a privados realizar todo el proceso de rehabilitación, producción, importación o exportación del petróleo, estos no se verían afectados. De esta forma, el consultor sostiene que si el único vínculo de las empresas con el gobierno fuese el del pago de impuestos, estarían exentas de las sanciones y la economía venezolana podría tener un repunte favorable.

Cuando tú estudias el tema de la OFAC, te das cuenta de que el gobierno (venezolano) es el que no está habilitando la posibilidad de que esto funcione. Porque es más fácil políticamente sonar como la víctima. La ruta no pasa por el gobierno en la actividad económica. El gobierno tiene que aprender -y mucho más ahora que no vamos a tener ingresos petroleros creo que nunca más- a vivir de los impuestos y no de un ingreso propio, que ni siquiera es propio, sino que se apropia. Para vivir de los impuestos, tienes que tener un sector privado al que le puedas clavar impuestos, que tiene que ser robusto”, explica Tripier.

Esa apertura al sector privado, sin embargo, no se traduce necesariamente en la privatización de los servicios. Para ello, explica el consultor, sería necesario un acuerdo o previa autorización del Poder Legislativo. Pero, ante la imposibilidad de unas medidas de este carácter, la única posibilidad que parece avizorar es la de mayor crisis económica.

“No estamos al límite, todavía tenemos que seguir cayendo. Mañana va a haber un poquito menos de distribución, de todo. Si no, no sería cierto que desde 2014 a la fecha, hemos tenido una caída de 70% en el PIB. Las plantas privadas que tienen capacidad de producción de 100, la están teniendo de 20. En el momento que hubiera una estrategia de reactivación, te queda un 80 para crecer. Nosotros tenemos una garantía de poder crecer porque todavía tenemos una capacidad ociosa”, asegura el consultor.

El espejo iraní

Para analizar cómo puede funcionar económicamente un país sancionado, Gonzáles traza una comparación entre Venezuela e Irán. El pasado mes de mayo, el país islámico envió cinco petroleros a territorio venezolano, 1.300.000 barriles de gasolina, y entre 190.000 y 369.000 barriles en el mes de junio.

—¿Por qué Irán, que es un país que tiene muchos años sancionado, exporta petróleo y Venezuela ni siquiera produce?

—Porque la revolución islámica iraní no fue tan incompetente como la segunda fase de la revolución chavista con Maduro. Irán produce 3.000.000 diarios, pudieron llegar a 5.000.000, pero nunca los pudo lograr por las sanciones. Irán es una sociedad muy particular.

No obstante, contrario a Tripier, Gonzáles hace una diferenciación de la convivencia con las sanciones a Irán. Comenta que el país islámico está sancionado desde finales de la década de 1970, cuando los ayatolás tomaron el poder, y que la convivencia no se produjo sino hasta casi 40 años después, cuando asumió Barack Obama la presidencia de Estados Unidos.

“Irán siempre ha sido una sociedad muy moderna, muy diligente y que encontró salidas creativas a las sanciones que hoy son más difíciles de implementar. Expropiar todo a Venezuela es muy fácil, de ahí que las sanciones a Venezuela no sean iguales que las de Irán y que los mecanismos de compensación de Venezuela sean mucho más complejos. Además, la alineación y el aislamiento que genera el madurismo en Venezuela hace que las vías alternativas sean muy difíciles”, explica.

Una alternativa posible para Venezuela, al igual que ya está haciendo Irán, es evitar abiertamente la comercialización en dólares. Bajo otra moneda, las sanciones no tendrían efecto. Pero allí Gonzáles considera que el problema sería entonces que la Unión Europea lo permita, considerando los recientes informes de la ONU o de la Misión Internacional, que documentaron los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Maduro.

El sector agro y la renta petrolera

Otra de las líneas discursivas del régimen de Nicolás Maduro con respecto a las sanciones es que son las causantes de la escasez de alimentos en el país. Sin embargo, cuando se revisan las órdenes del gobierno estadounidense, estas no incluyen restricciones en este sector, ni siquiera a particulares que administren o estén relacionados con el mismo. Y, al ser un rubro dependiente casi en su totalidad de la renta petrolera, su situación es un reflejo de la destrucción de Pdvsa.

Saúl López, integrante de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, asegura que el detrimento del sector agro venezolano data de 2010 hasta la actualidad. Una muestra de ello, dice, es que el Estado tiene una opacidad en las cifras desde el año 2007. Se trataba de un proceso de transición de una economía que se contrajo entre 2013 y 2014 en un promedio anual de 20%.

Evidentemente, la caída de los precios de petróleo y la afectación de Pdvsa por la mala gestión y por la disminución drástica de la producción de petróleo, hace que el agro no tenga capacidad de poder financiar e incrementar niveles productivos, sobre todo de esa gran mayoría de productores agropecuarios. Estamos hablando que hay 434.000 productores agropecuarios en Venezuela de acuerdo con la última proyección. Por lo menos el 75% dependía de estos subsidios vía fertilizantes, semillas, entre otros”, explica.

En términos generales, la renta petrolera durante los años de Chávez daba para subsidiar el 60% del sector agro, vía Pequiven, además de la exoneración del pago de servicios como el agua o la electricidad. También durante esos años se produjo la aprobación de créditos que, según López, muchos se declaraban a pérdida y no cumplían con sus compromisos. Luego, con la devaluación del bolívar, las importaciones eran incluso más rentables que las producciones.  

En este sentido, considera que uno de los principales errores fue prohibir o amenazar las iniciativas privadas y dejar todo en manos del Estado. Con un gasto público que aumentaba y con una inyección de dinero cada vez menor, el estallido era inevitable. Sin embargo, sostiene que las sanciones aceleraron la caída.

Las sanciones en el campo

Con la confiscación de los activos de Monómeros en el año 2019, estos pasan a manos del gobierno interino de Juan Guaidó. Para ese momento, la empresa de fertilizantes representaba para el mercado venezolano 40% de la oferta.

“Fue un shock”, dice López sobre la confiscación de Monómeros, “algo muy drástico y muchos de los productores no se prepararon y por eso de 2018 a 2019 la caída de la producción es de 50%. Sin embargo, los productores venezolanos, mediante los asociados y otros privados, ya previeron y lograron importar ellos mismos los fertilizantes. Se lo entregaron al gobierno interino y ni siquiera gestionó un saco de nutrimón a Venezuela. Eso fue un error, desde nuestra perspectiva”, explica el ingeniero agrónomo.

Saúl López. Foto: Cortesía.

Una de las principales barreras que menciona López es el hecho de la importación, a pesar de que las mismas no estén incluidas en las sanciones. Dice el ingeniero que luego de las decisiones de la OFAC, hay un “código” entre quienes pertenecen a comercios agrícolas internacionales de que prefieren hacer negocios con otros países que no sean Venezuela, así sea privado. De esta manera, muchos evitan hacer transacciones con el país, para así evitar revisiones extremas o parámetros muy exigentes.

Sin embargo, y a pesar de que la importación de comida y de alimentos en 2018 sólo haya sido de 2.600.000 de dólares y en 2012 era ocho veces más, López estima que la afectación de las sanciones en las importaciones fue del 20% en las negociaciones de comercio agrícola internacional.

“El tema del combustible ha afectado muchísimo. Si bien es cierto es producto de una muy mala gestión en Pdvsa, igualmente el hecho de que no puedan pasar unos buques, afecta a los productores venezolanos. Nosotros tenemos contabilizado, con una metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que han incrementado este año las pérdidas de las fincas en las vías hasta un 40%, sobre todo de hortalizas y algunos rubros frutales. Eso ha afectado, y económicamente afecta a la población al final”, explica.

Hay futuro en manos de privados

Al no tener sanciones, sino extremas revisiones de sus negocios, el sector privado representa hoy una salida a la crisis agronómica venezolana. De hecho, López es optimista de cara al futuro.

“Para nosotros, 2020 fue el fondo. De ahí va a haber un incremento en los niveles de productividad. Con todo y pandemia, me pareció muy bueno que las asociaciones de productores, sobre todo de Portuguesa, fueron quienes sembraron el 70% de los cereales este año que se produjo en toda Venezuela o que está por cosecharse. Ellos lograron no depender del Estado, importar fertilizantes, agroquímicos, y sembraron aproximadamente, en cuanto al maíz, 114.000 hectáreas, 70.000 de ellas en Portuguesa”, dice López.

Para que el repunte se extienda hasta 2021 y sea continuo, sin embargo, dependerá de factores económicos que solo puede crear el gobierno, de acuerdo con el ingeniero agrónomo. De esta forma, entiende que lo primero que se debe hacer es garantizar la seguridad personal y jurídica. Esto quiere decir que el Estado debe poner freno a las invasiones, expropiaciones y amenazas que conllevan a la desconfianza del sector privado.

Señala que actualmente hay 9.000.000 de hectáreas improductivas, en manos del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Es aprovechar y abrir un mercado de la tierra; que si quieren que haya inversionistas extranjeros, que sea de cualquier país, le vendan tierras; que ellos monten sus agronegocios, produzcan acá, generen empleo; o que los venezolanos puedan tener acceso a la tierra”, argumenta. Añade que también se debe buscar la aprobación de créditos.

Pero esta situación perjudica a los pequeños y medianos productores, que conforman 350.000 personas. La supervivencia de ellos dependerá, según López, de asociaciones con otros empresarios.

Hay privados que no se adaptan a esta realidad. Comenta el integrante de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos que han visto cómo grandes empresas, que nacen de manera inesperada, compran al INTI miles de hectáreas. López no descarta que se pudiera tratar de personas aliadas al régimen chavista, debido a que el organismo no tiene la potestad legal de vender tierras. Las sanciones, de momento, los eximen.

Eficacia de las sanciones

La abogada y exembajadora Milagros Betancourt, lo tiene claro: las sanciones no han logrado su propósito de cambio político en Venezuela. Dice que las mismas están concebidas para que surtan efecto en el corto plazo y, cuando ya no funcionan, siguen su camino paralelamente con la actividad del gobierno. De allí el poco éxito de las sanciones americanas en ese sentido.

Milagros Betancourt. Foto: WDA Consulting

“Las sanciones por sí mismas, debilitan la actividad del gobierno, merma su capacidad de maniobra, eso es clarísimo. Pero no ha conseguido el efecto político. Cada vez se va cerrando el círculo, pero eso tiene que venir acompañado de una actividad en lo interno que enganche y logren el cambio. Ahora, eso se traslada a la población”, dice Betancourt.

Al respecto, el economista Gonzáles sostiene que históricamente las sanciones no han ocasionado cambios de gobierno por sí mismas.

“Solo hay cambio si hay una acción militar, y eso tampoco garantiza un cambio, porque de Vietnam se fueron (las tropas americanas) 12 años después por los techos de la embajada; el país se volvió más comunista que nunca. Y en Panamá, fue muy singular, es un país de 4 millones de habitantes. Siempre ha funcionado mejor la diplomacia que las invasiones. Ninguna invasión ha funcionado, porque toda invasión lleva a la ocupación. Invadir es fácil, ocupar es imposible, y menos Venezuela que es un país tan extenso, tan variado”, señala Gonzáles.

Por eso mismo, Betancourt considera que son mucho más efectivos los informes como el de la alta comisionada Michelle Bachellet, o el de la Misión Internacional Independiente de la ONU, a falta de que se apruebe ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo multilateral.

Concluye la abogada que indudablemente las sanciones afectan a la población, pero que las mismas no tienen –y nunca han tenido- un efecto en el corto plazo para el cambio de regímenes.

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