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- La sentencia de la Sala Constitucional crea las condiciones para que pueda llevarse a cabo el proceso de compra venta de los activos de la cableoperadora
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al régimen de Nicolás Maduro, hizo pública la sentencia del 2 de octubre en la que ordena que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Galaxy Entertainment de Venezuela, S.C.A. y Galaxy Entertainment de Venezuela SAT III R C.A.
El motivo de la decisión, según explican en la sentencia, fue una solicitud realizada por la empresa Scale Holdings LLC para adquirir las acciones de dichas compañías.
“Esta Sala Constitucional resuelve levantar las medidas cautelares relacionadas y tendentes a viabilizar la transacción mercantil relacionada con la compra venta total de las acciones por parte del operador de telecomunicaciones Sociedad Mercantil DIRECTV LATIN AMERICA, LLC a la Sociedad Mercantil SCALE USA HOLDING LLC”, se lee en la sentencia.
El documento detalla que la transacción solo será posible previo análisis y visto bueno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Además, se le ordenó a este organismo la supervisión y seguimiento de la operación mercantil.
“Se ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por ley, la supervisión y seguimiento de la operación mercantil enunciada y comunicar de inmediato a esta Sala Constitucional, a los fines de los pronunciamientos correspondientes”, continúa el texto.
La Sala Constitucional informó además que la junta ad hoc de Directv, que había sido designada previamente, cesará en sus funciones debido a la compra venta de la compañía.
Composición de la junta ad-hoc de Directv
PresidentennJorge Elieser Márquez MonsalvennVicepresidentennJosé Adelino Ornelas FerreirannMiembrosnnMiguel Ángel Ramones GalavisnnMardy Nilse Medina GalviznnAlexander José Ramírez Rojas
La notificación a los integrantes de la junta deberá ser realizada por el director general de Conatel, quien a su vez forma parte de la misma.
Estas decisiones, según explican en la sentencia, ocurren luego de que el ente regulador recibiera el día 22 de septiembre una “solicitud de aprobación de venta” de las acciones que integran el capital social de ambas empresas.
En dicha petición se anexaba una copia, en inglés, del contrato de compra venta entre Scale Holdings LLC y DIRECTV Latin America LLC.
Implicaciones de la sentencia
Arnaldo Espinoza, periodista experto en telecomunicaciones, indicó que el fallo del TSJ representa que una vez que se realicen los trámites pertinentes, todos los activos de DirecTV Venezuela pasarán a ser propiedad de Scale Capital.
“En la práctica, es la luz verde para sacar al mercado su servicio comercial”, indicó Espinoza a través de su cuenta de Twitter.
Esto implicaría el poder tomar posesión de uno de los bienes más importantes de la compañía tal y como lo es el SAT, ubicado en Los Caobos, en el municipio Libertador de Caracas. Además, permitiría que la compañía sea capaz de registrar una marca comercial con la que operar en Venezuela.
Todo ello ocurriría casi un mes antes de la fecha fijada por Scale Capital para que finalice el disfrute del servicio de forma gratuita.
La sentencia del TSJ ocurre luego de que el máximo órgano del sistema judicial venezolano emitiera múltiples medidas cautelares en contra de Directv. El motivo de ello fue la decisión del conglomerado AT&T, propietario de la cableoperadora, de cesar todas sus operaciones en el país.
Entre ellas destacan la orden para que fueran tomadas las oficinas de DirecTV en el país, así como la prohibición de salida del país de su directiva.
Esto significó que funcionarios de Conatel, acompañados de funcionarios de seguridad del régimen, se apoderaran de la torre Directv Venezuela, las oficinas comerciales ubicadas en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, así como el centro de transmisiones SAT de Caracas.
Otra de las medidas asumidas por el TSJ fue la de ilegalizar la importación y comercialización de cualquier tipo de equipo tecnológico que tuviese algún tipo de relación con Galaxy Entertainment de Venezuela, S.C.A. (Directv Venezuela).
La violación de esta sentencia tenía una pena que podía oscilar entre seis y 15 meses de prisión.
Sanción
El fallo judicial de la Sala Constitucional también se refiere al proceso sancionatorio llevado a cabo por Conatel luego de la suspensión del servicio de televisión por suscripción sin que mediara una notificación previa.nnEn este sentido el ente regulador decidió sancionar a Galaxy Entertainment de Venezuela con una multa por la cantidad de 42.500 Unidades Tributarias (UT) equivalentes a 63.750.000 de bolívares.nnDebido a la devaluación de la moneda frente al dólar, el monto de la multa representa 144.64 según la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela.n
Voto Salvado
La sentencia del TSJ contó con el aval de los magistrados Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y René Alberto Degraves Almarza.
Sin embargo, no contó con el apoyo de todos, pues la juez Carmen Zuleta Merchán decidió salvar su voto. Entre las razones esgrimidas por la magistrada destacan el hecho de que el contrato de compra venta de los activos haya sido realizado en un idioma distinto al español.
“De conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano no se puede dar validez a un contrato redactado en idioma distinto al castellano; en tal sentido, la mayoría sentenciadora previamente a cualquier pronunciamiento debió designar intérprete público para la traducción del referido contrato de compra-venta, ello en atención a lo estipulado en el artículo 13 del Código Civil venezolano”, argumenta Zuleta.
La magistrada califica como un “contrasentido” el hecho de que se levanten todas las medidas cautelares en contra de DirecTV Venezuela sin que previamente se verificase el cumplimiento de la sanción impuesta por Conatel.
Asegura que este accionar por parte del resto de los jueces que conforman la Sala Constitucional del TSJ representa “un grave precedente judicial”.
Zuelata afirma que la forma correcta de proceder debió ser el levantamiento parcial de las medidas cautelares a fin de que DirecTV pudiese hacer frente a sus compromisos hasta que se produjese la venta de la compañía.
“Bastaba solo un levantamiento parcial, para permitir a DirecTV cumplir con las labores operativas del servicio, tales como mantenimiento, laborales, mercantiles, administrativas y fiscales hasta que se perfeccione la compra-venta”, concluye la sentencia.
