• El defensor del pueblo afín al régimen de Nicolás Maduro, Alfredo Díaz, y el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, mantuvieron un encuentro con la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda

La Corte Penal Internacional (CPI) determinó este jueves 5 de noviembre que existen bases razonables para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes que forman parte de la jurisdicción de su tribunal. 

El anuncio se dio a conocer luego de que un día antes, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Díaz, mantuvieran un encuentro con la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda.

Durante la reunión se discutieron temas relacionados con los exámenes preliminares que lleva a cabo la CPI, cuyos expedientes se denominan Venezuela I -iniciado en febrero de 2018-, y Venezuela II -que empezó en febrero del año en curso-.

Luego de la publicación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país y que responsabilizó a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro de dichos delitos, las repercusiones internacionales avanzaron.

Pronunciamiento histórico

“Esto es un pronunciamiento histórico”, dice Gonzalo Himiob, coordinador del Foro Penal venezolano en exclusiva para El Diario. “Hasta ahora, la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional no se había pronunciado. Es importante destacar que lo que dijo es que va a seguir el procedimiento. No está señalando que se va a abrir formalmente una investigación, pero sí dice que, de lo que se ha revisado hasta ahora, se puede concluir que en Venezuela se han cometido crímenes que son competencia de la Corte”.

El abogado defensor de los derechos humanos indicó que ahora la Fiscalía debe revisar si hay posibilidades de que se haga justicia en territorio venezolano. “También debe determinar si están dadas las condiciones de admisibilidad y procedibilidad, ese es el paso que sigue ahora”.

Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, explicó que ahora los casos de Venezuela ante la CPI avanzaron a la fase III, en la que se revisa si los responsables han sido juzgados por las instancias de la ley venezolana.

“No nos olvidemos de que aquellos crímenes que están siendo investigados por la Corte son los asesinatos, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desaparición forzada temporal y torturas que el régimen de Nicolás Maduro ha efectuado en Venezuela”, expresó Suju en un video publicado en Twitter.

Himiob aclaró que no hay plazos establecidos para que se concluya la fase III. “Lo que corresponde ahora no es ver si se han cometido o no crímenes, eso ya está claro. Sino ver las cuestiones procesales, si hay posibilidades de justicia en el país, si hay interés en la justicia, es decir, si ciertamente las víctimas están interesadas en que sea la CPI la que maneje sus casos. Esos son los aspectos sobre los que se va a trabajar ahora”.

Examen preliminar

Un examen preliminar es el paso inicial en el que la Fiscalía ante la CPI, sin haber abierto un proceso contra personas en específico, delimita cuál va a ser su objeto de análisis y se dedica a captar información para decidir si se va a abrir un caso ante la Corte. “La información la recaba la Fiscalía por su propia cuenta o por evidencia que le remiten las organizaciones no gubernamentales”, explica Himiob.

Sin embargo, el coordinador de Foro Penal aseveró que la justicia de la CPI es complementaria y concurrente. “Tiene que probarse que no hay posibilidad alguna de que haya justicia en el país que se revisa”.

En el caso venezolano, se están haciendo dos exámenes preliminares sobre dos momentos diferentes.

El examen denominado Venezuela I refiere a los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde abril de 2017, año de intensas protestas ciudadanas en contra del régimen de Nicolás Maduro. De este período, 165 resultaron asesinadas por la represión gubernamental.

En febrero del año en curso, el régimen de Nicolás Maduro solicitó a la CPI que abriera un examen preliminar para denunciar las “medidas coercitivas que ejerce Estados Unidos de manera unilateral en contra de Venezuela”, haciendo referencia a las sanciones económicas impuestas desde la Casa Blanca. Dicho expediente es el que corresponde al nombre de Venezuela II.

“Se está analizando un volumen importante de información que va a dar lugar a que se individualice a los posibles responsables y se les abra investigaciones formales, con derecho a la defensa, por la comisión de crímenes particulares”, sentencia Himiob.

Cronología del caso de Venezuela ante la CPI

Febrero de 2018: A partir del año 2018, la fiscal general Fatou Bensouda -quien observaba el caso venezolano desde 2016-, decidió abrir un examen preliminar para establecer si se habían cometido crímenes en contra de los manifestantes durante las protestas antigubernamentales.

“Se ha dicho que los cuerpos de seguridad del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar y desmantelar protestas, y que arrestaron y detuvieron a miles de personas que se identificaban como opositores. Muchos de ellos habrían sido presuntamente víctimas de maltrato y abuso. También se ha reportado que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia, lo que derivó en que hubo funcionarios policiales que resultaron heridos o muertos”, dijo Bensouda en febrero de 2018.

Septiembre 2018: Un grupo de países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- solicitaron a la Fiscalía que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad tomando en cuenta el informe de derechos humanos elaborado por la Organización de Estados Americanos.

Durante este mes, la presidencia de la CPI asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I.

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