• Debido al complejo funcionamiento del sistema electoral estadounidense, los republicanos tienen la posibilidad de usar los parlamentos de cada estado para enviar al Congreso una lista de delegados diferente a la de los gobernadores demócratas, que previsiblemente seguirían el mandato popular a favor de Joe Biden. Foto principal: AP Photo/Andrew Harnik

Los congresos estatales y el Senado podrían darle a Donald Trump lo que le negaron los estadounidenses a través del voto y que, como hasta ahora, tampoco le da los tribunales: la reelección en la presidencia de Estados Unidos. La idea parece ir tomando forma entre las filas republicanas, impulsada principalmente por los hijos del presidente y, aunque legal, es un mecanismo que no se ha empleado desde el siglo XIX y que moralmente podría socavar la democracia del país.

La clave está en el complejo funcionamiento del sistema electoral estadounidense, en el que los votantes no eligen directamente al presidente sino a un representante del Colegio Electoral, compuesto por 538 personas (gana el que obtenga la ya popular cifra de 270 delegados). Es, en realidad, un proceso protocolario desde hace siglos. Generalmente el perdedor reconoce su derrota luego de que las proyecciones de los medios de comunicación. Pero con Trump en la Casa Blanca, nada es como antes. Como muestra de ello, el sinfín de recursos legales que su campaña ha impuesto en varios estados, muchos de los cuales ya han sido negados.

En lo que se llama safe harbor (puerto seguro) cada estado tiene plazo hasta el 8 de diciembre para resolver demandas, zanjar recuentos y entregar los resultados oficiales. Luego, el 14 de diciembre, los delegados se reúnen para formalizar su voto, los cuales son enviados a la Cámara de Representantes por parte de las autoridades estatales para ser confirmados el 6 de enero por ambas cámaras.

Es allí donde está la caída que busca Trump y los republicanos. En algunos estados el encargado de enviar los delegados para confirmar los votos son los gobernadores, y, en otros casos, son los congresos estatales. En estados claves en los que ganó Joe Biden, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, los gobernadores son demócratas pero las legislaturas son controladas por los republicanos. De esta forma, es posible que allí los gobernadores presenten una lista de delegados favorables al que obtuvo más votos populares (Biden) y los congresos estatales, otras que favorezca al actual presidente en funciones. A esto se le llama dueling electors (votos en duelo).

Ya la posibilidad la asomó Donald Jr., hijo del mandatario. El jueves 5 de noviembre, cuando la victoria de Biden se vislumbraba, retuiteó al comentarista conservador Mark Levin: “Recordatorio a las legislaturas estatales republicanas, ustedes tienen la opinión final sobre la elección de los electores”. Poco tiempo después, la senadora republicana Lindsey O. Graham señaló su potencial apoyo a esta posibilidad durante una entrevista en Fox News. “Todo debería estar sobre la mesa”, dijo.

Si algo así llegase a ocurrir, se podría entrar en un vacío legal y, en consecuencia, en un conflicto bicameral.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata (de acuerdo con las proyecciones, superarán los 218 escaños suficientes para la mayoría, pero con una reducción de al menos ocho parlamentarios con respecto a 2016), elegirían las listas enviadas por los gobernadores. El Senado (donde los republicanos hasta el momento tienen 50 escaños, a solo uno de la mayoría simple, a falta del desempate de los dos senadores por el estado de Georgia en el mes de enero), podría votar por la lista de los congresos estatales. No está claro cuál lista prevalecería ni cómo sería la elección.

El precedente más cercano fue el del año 2000, en la elección presidencial entre George W. Bush y Al Gore. La legislatura de Florida, controlada por los republicanos, consideró presentar a sus propios electores antes de que la Corte Suprema pusiera fin a la contienda. Pero en ese entonces el resultado era mucho más ajustado que ahora. La ventaja de Bush sobre Gore era de 537 votos en Florida. En cambio, Biden aventaja a Trump por 147.896 votos en Michigan, 45.063 en Pensilvania, y 20.539 en Wisconsin.

El primer y único caso sucedió entonces en las elecciones de 1876 entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden. Ese año, tres estados nombraron «electores en duelo», lo que llevó al Congreso a aprobar la Ley de Conteo Electoral (ECA) en 1887.

La ley estipula que, en caso de no haber acuerdo bicameral, los electores aprobados por el “ejecutivo” de cada estado deben prevalecer. No obstante, el conflicto se reduciría entonces a un tema de interpretación: para algunos, el “ejecutivo” lo representa el gobernador, mientras que, para otros, esa figura la representa el congreso estatal. La ley nunca ha sido probada ni interpretada por los tribunales.

De acuerdo con Reuters, Ned Foley, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, calificó la redacción de la ECA como “prácticamente impenetrable” en un documento de 2019 que explora la posibilidad de una disputa en el colegio electoral.

Otra posibilidad que señaló Foley en un artículo de opinión en The Washington Post, es que el vicepresidente Mike Pence afirme su prerrogativa, como presidente del Senado, de controlar el conteo de los votos electorales y determinar qué lista es válida. Esto, según el catedrático, sería “un argumento dudoso basado en una lectura forzada de la 12ª Enmienda, que prevé un papel esencialmente ceremonial para el vicepresidente en el conteo electoral”.

Presidencia interina o reelección

En el caso de que Pence decidiera controlar el conteo de los votos electorales, los demócratas podrían paralizar el proceso hasta que los republicanos accedan a reconocer la lista del gobernador. La Ley de Conteo Electoral establece explícitamente que no se puede pasar al siguiente estado en la fila hasta que se resuelva cualquier disputa.

Las partes podrían pedirle a la Corte Suprema que resuelva cualquier estancamiento del Congreso, pero sería una decisión inédita, porque no es seguro que la Corte decida cómo debe ser el conteo de los votos. Y en el supuesto de que así ocurra, es posible que se decanten por los republicanos: seis de los nueve jueces son conservadores, entre ellos, la recién nombrada Amy Coney Barrett.

En cualquier caso, el conflicto tendría que resolverse antes del 20 de enero, fecha límite que establece la Constitución para finalizar el mandato del actual presidente. Si después de esa fecha el Congreso aún no declara un ganador presidencial y vicepresidencial, la Ley de sucesión presidencial ordena que el presidente de la Cámara actúe como presidente interino. Es decir, la demócrata Nancy Pelosi quedaría como presidenta interina de Estados Unidos.

Foto: Doug Mills / AFP

Si la disputa no llega a buen término y ninguno de los dos candidatos a presidente llega a los 270 delegados para ser electo, entonces sería la Cámara de Representantes la que elija al presidente y el Senado, al vicepresidente. El Congreso, a pesar de tener mayoría demócrata, podría votar elegir a Donald Trump debido a que el Partido Republicano controla más delegaciones estatales. Y el Senado, posiblemente de mayoría republicana –así los demócratas ganen los dos senadores de Georgia, el Partido Republicano lleva la delantera con el senador de Alaska y en las votaciones 50-50 decide Pence-, reelija a Mike Pence.

Y es así como en una larga e improbable batalla legal –e inmoral- sin precedentes, Donald Trump obtendría lo que los votos le negaron: su segundo mandato en la Casa Blanca.

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