Email
- Los Guevara han pasado 16 años en cárceles de Venezuela y alejados de sus familias. Su condena de 27 años por el caso del fiscal Danilo Anderson sigue intacta a pesar de que los testigos principales de su juicio alegaron que fueron comprados por el entonces gobierno de Hugo Chávez para mentir y testificar en su contra
La abogada y esposa del preso político venezolano Rolando Guevara, Jackeline Sandoval, dejó de escribirle cartas desde hace algunos años. Dice que el Estado se introdujo hasta en los pedazos de papel que tampoco disfrutaban de la libertad de llegar a su destinatario. El miedo de que los papelitos pudieran ser interceptados la hizo desistir de la idea. Prefirió esperar las visitas familiares cada domingo, cuando religiosamente se encontraba esperando frente a las puertas de la cárcel de El Helicoide, en Caracas. Pero esto no sucedió más desde marzo de este año, cuando cancelaron las visitas por la llegada de la pandemia de covid-19. Sin embargo, el 26 de noviembre su teléfono sonó. La estaban llamando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) porque habían decidido que ya era tiempo para que los presos políticos volvieran a ver a sus familiares.
Ese día Sandoval y sus hijos esperaron bajo el sol durante más de cuatro horas. Había incertidumbre. No sabían si iban a poder entrar luego de nueve meses. Cuando lo hicieron encontraron a un hombre de piel tostada. Desde que comenzó la pandemia a los presos políticos se les permitió salir a tomar el sol tres veces por semana. Rolando abrazó a su esposa y a uno de sus hijos con todas sus fuerzas. Trataron de resumir nueve meses en una conversación de al menos cinco horas. Se despidieron. Antes de irse, le recordó la frase que espera que en algún momento se cumpla: “Llámame cuando sepas que te van a liberar”. A 16 años de su detención, su esposa sigue esperando esa llamada.
A Sandoval le dijeron que era una “bomba de tiempo” dentro de la Fiscalía. Ella era fiscal del Ministerio Público (MP), pero días después su figura fue vulnerada. La llamaron, obligada a renunciar a su cargo, quedó a la deriva.
“Nosotros fuimos los primeros de la lista de injusticias”
El fiscal venezolano Danilo Anderson murió por la explosión de su carro en Los Chaguaramos, Caracas, a los 38 años de edad. De acuerdo con las investigaciones, colocaron un explosivo debajo del asiento del conductor en la camioneta de Anderson y lo activaron a través de una llamada telefónica el 18 de noviembre de 2004.
La camioneta se incendió y luego se estrelló contra un edificio en la zona residencial. El fiscal tenía más de 400 averiguaciones bajo su tutela, incluyendo la del 11 de abril de 2002. Autodefinido como izquierdista, era enaltecido como uno de los fiscales más brillantes del país.
En las filas de las ciencias policiales
Rolando Guevara era comisario. Su hermano Otoniel fue primer comandante de la Policía de Aragua y secretario general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Juan, el primo, también perteneció al antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), pero se retiró siendo inspector.
“Recuerdo que el fiscal general de la República para ese momento, Isaías Rodríguez, dijo que iba a llenar un autobús con los culpables del asesinato de Anderson. El hecho lo calificaron primero como terrorismo, luego como sicariato y por último como terrorismo de nuevo”, agrega Sandoval.
El 23 de noviembre del año 2004 el teléfono de su esposo se apagó y las llamadas caían en la contestadora. Esto sucedió luego de que el 20 de noviembre, dos días después del atentado contra el fiscal Anderson, Juan Guevara también fuera secuestrado. Tanto Rolando Guevara y Otoniel Guevara están condenados a 27 años y nueve meses de prisión desde el 20 de diciembre del 2005, mientras que Juan Bautista debe cumplir una sentencia de 30 años tras las rejas.
El gobierno necesitaba culpables
“Juan fue secuestrado por 10 días y apareció en un hotel con graves signos de deshidratación, incluso parecía que lo hubiesen drogado. Llegó al tribunal con un estado de inconsciencia en el que no era capaz de reconocer a nadie. Otoniel fue secuestrado frente al Magnum City Club, que era su lugar de trabajo, ubicado en Caracas y mi esposo en El Cafetal, bajando de la casa de su mamá”, detalló la abogada.
De acuerdo con Sandoval, a los Guevara los secuestró un gobierno que necesitaba culpables. Agregó que desde el 20 hasta el 23 de noviembre pasaron sus días amordazados, maniatados y torturados. “Les metieron electricidad para torturarlos, y cuando denunciamos dijeron que eran picadas de zancudos”, dijo.
Y es que los Guevara los presentaron rápidamente ante un tribunal de flagrancia. Sandoval agrega que se violó el debido proceso y el juicio se llevó a cabo sin una verdadera investigación, tomando como fuente a testigos falsos.
Un año después del juicio, Giovanni Vásquez de Armas, presunto testigo de los hechos, dijo en una entrevista para Globovisión que todo el proceso en contra de los Guevara había sido un montaje del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez. También afirmó que había recibido 3.000.000 de dólares por aprenderse un libreto que contribuiría con la sentencia de los exfuncionarios policiales.
En el año 2010, otro de los presuntos testigos del caso, Alexis Peñuela Márquez, afirmó en una entrevista con la periodista María Angélica Correa que su testimonio en el juicio de los hermanos Guevara fue falso.
Por otra parte, el exfiscal del caso, Hernando Contreras, desde Estados Unidos y en calidad de exiliado, reconoció también que todo había sido un montaje del gobierno venezolano para culpar a una persona por la muerte de Anderson. Sin embargo, el exfiscal general, Isaías Rodríguez, negó la veracidad de las declaraciones de Contreras. Actualmente, el caso se encuentra en la Sala de Apelación 3, luego de un requerimiento que realizó la abogada donde señaló que se les negaba en el año 2019 las medidas alternativas. A pesar de esto, añade Sandoval, el caso tiene un año en este procedimiento y las autoridades correspondientes todavía no se han pronunciado.
Jackeline Sandoval dice que ninguno de sus hijos quiere estudiar Derecho ni seguir sus pasos. Alegan que se les hace imposible cuando su infancia fue robada y trasladada a una cárcel en la que permanece su padre, quien no ha regresado a su casa desde hace 16 años. Su familia ya no espera que haya justicia, sino que se cumpla la ley. Ella, como abogada y defensora de los DD HH, continúa yendo a tribunales y sigue defendiendo a inocentes, como su esposo. Por eso no pierde la esperanza de que en el siguiente año pueda recibir la llamada que tanto espera desde El Helicoide.
