• Representantes de distintas ONG consideran que la medida tomada por el organismo internacional fue complaciente con el régimen y quebranta los derechos de los más necesitados . Foto: EFE

La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este miércoles 20 de enero que suspenderá temporalmente el apoyo económico a los programas de respuesta humanitaria en Venezuela. 

Peter Grohmann, coordinador Humanitario de la ONU en Venezuela, emitió un comunicado en el que alega que falta claridad en el marco institucional financiero/bancario.

Esta reacción se produjo tras la detención de cinco trabajadores de la organización no gubernamental Azul Positivo. Una de las principales socias del organismo internacional en el plan de respuesta humanitaria. 

“En vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad del Programa de Transferencias Monetarias dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias”, dice el comunicado.

La ONU y caso Azul Positivo 

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó su preocupación ante de la decisión del organismo internacional. Dijo estar en desacuerdo con el comunicado de Grohmann. 

No es cierto que no haya una claridad normativa. Primero porque no se ha cometido ningún delito en estos casos. Los compañeros de Azul Positivo fueron imputados por tres delitos que no existen, uno es legitimación de capitales, lo que implica la limpieza de dinero habido de forma ilícita y si los fondos que se utilizan en estos programas vienen de la ONU o de organizaciones internacionales no hay ningún delito”, señaló Daniels en entrevista para El Diario.

El activista explicó que la sospecha sobre el uso de tarjetas prepagadas de forma fraudulenta también es injustificada. Esto debido a que tanto las personas que la utilizan, como el comercio que las reciben y los productos que se adquieren, están plenamente identificados.

“Insisto en que no es que el marco normativo no sea claro; hubo una manipulación de las normas de parte de la administración de Maduro en su afán de monopolizar la ayuda humanitaria”, destacó el abogado. 

Foto: archivo

Daniels considera que la respuesta de la ONU sobre esta situación estuvo mal enfocada; en lugar de defender a los trabajadores humanitarios señalados, da la imagen de que sí existe alguna irregularidad en el accionar de Azul Positivo. 

Añadió que el régimen de Nicolás Maduro conoce detalladamente el funcionamiento de los programas humanitarios en Venezuela. Esto debido a que la organización internacional le suministra esta información. 

“Que ahora Maduro diga que estas acciones son irregulares llama la atención; sobre todo en un país donde todos los días se hacen millones de transacciones en dólares y de las únicas que se tiene certeza que su origen es ilícito es de las que hacen las organizaciones humanitarias. Es toda una paradoja”, señaló.

Derechos vulnerados 

Daniels explicó que, desde el punto de vista jurídico, los más afectados por la decisión son los beneficiarios de los programas de asistencia humanitaria. 

Es una vulneración directa al derecho a la vida y al derecho a la salud. En ese sentido, se está poniendo en riesgo a familias enteras. Incluso algunas personas han dicho en redes sociales que antes de estos programas comían de la basura”, expresó el abogado.
Foto: EFE

El director de Acceso a la Justicia señaló que espera que la suspensión sea breve para evitar que se prolongue la violación de derechos humanos. Agregó que también se está impidiendo a las organizaciones el derecho a brindar asistencia humanitaria y a los beneficiarios el derecho de recibirla. 

El abogado aclaró que la legislación venezolana no tiene documentos que se refieran al manejo de los programas humanitarios y a los derechos que giran en torno a estos. Señaló que la normativa que debería hacerlo es la Ley de Estados de Excepción, en la que habla de estados de excepción vinculados a catástrofes naturales. Sin embargo, no se refiere al protocolo de la ayuda internacional.

“Sí hay un instrumento internacional que establece el derecho y el deber de todos los ciudadanos de recibir o brindar asistencia humanitaria. Es el código de conducta de las organizaciones humanitarias de la Cruz Roja. En ese sentido, el uso y la costumbre es reconocer estos derechos internacionales”, destacó.

Daniels sugirió que el régimen de Nicolás Maduro maneja un doble discurso al perseguir a organizaciones que trabajan de forma neutral y transparente; mientras que no se les exige ningún control a los coordinadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Hay un discurso de hipocresía de parte de la administración de Maduro, quienes quieren controlar la asistencia alimentaria pero no la brindan eficientemente a los más desposeídos. Entonces la conclusión de esto es que los beneficiarios del plan humanitario quedan desasistidos y no se saben quien va a ayudarlos ahora”, aseguró el vocero de Acceso a la Justicia.

Rechazo de las ONG humanitarias

Rigoberto Lobo, director de la organización para la Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum), lamentó la posición que adoptó la ONU ante la persecución del régimen a las organizaciones humanitarias. 

Además, el activista catalogó de preocupante que la ONU, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otras agencias, no hayan cumplido con los compromisos de proteger a los trabajadores humanitarios.

“Lamentamos que hayan llamado incidente tratándose de la detención de cinco colegas y han desviado el foco hacia la suspensión del programa”, expresó Lobo durante una entrevista para El Diario. 

El activista señaló que la decisión de la ONU es complaciente con el régimen de Maduro; coincide con Daniels en que afecta aún más a los trabajadores humanitarios de Azul Positivo, en lugar de respaldarlos. 

En la reunión que nos corresponde por área con OCHA solo mencionamos nuestra preocupación por nuestros colegas, a eso respondieron que estaban preparando una comunicación que nos harían llegar. En ese momento mencioné que prefería no hablar antes de leerla, pero que insistía en los compromisos adquiridos por las agencias de proteger y no hacer daño, cinco días después vimos que a algunas organizaciones le enviaron la comunicación que luego se hizo pública. Promedehum nunca la recibió”, comentó.

Lobo aclaró que los miembros de Promedehum han preferido mantener sus operaciones de forma independiente y sin el apoyo de OCHA. “El organismo nos ha expresado en ocasiones anteriores su agrado por lo que hacemos; pero al mismo tiempo su discurso hacia nosotros ha sido de alguna manera intentar condicionar nuestro trabajo, lo cual es muy grave”. 

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