• El equipo de El Diario conversó con la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, sobre la intervención ilegal del régimen de Nicolás Maduro en la nómina de pagos de las universidades públicas

La autonomía universitaria es la espina dorsal de una democracia y cualquier atentado a ello es un peligro, más allá del recinto estudiantil, para la libertad de los ciudadanos. El comunicado del consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizado el 8 de marzo de 2021 estableció que el 6 de ese mismo mes el director de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Omar Oberto Aparicio, a través de un mensaje de Telegram, comunicó que los pagos realizados a la primera quincena del mes de marzo se harían efectivos a través de la Plataforma Patria, la billetera móvil del Estado afiliada únicamente al carnet de la patria. 

“Es por ello que se requiere que procesen las nóminas de sus instituciones de manera tradicional, pero deben generar los archivos TXT según la configuración de la plataforma y ser remitidos el día lunes 8 de marzo, a fin de garantizar el procesamiento de los mismos”, decía el mensaje de Aparicio. 

Foto: Tal Cual


La postura de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) fue de rechazo absoluto y decidió no entregar las nóminas de la comunidad de trabajadores universitarios al Sistema Patria. Para Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, en exclusiva para El Diario la potestad administrativa de las universidades públicas representa la capacidad de tomar decisiones, definir las políticas de las institución y, sobre todo, elegir a los responsables de las funciones del gobierno universitario.

Es por ello que al pretender obligar a las universidades a entregar sus nóminas se usurpa sus funciones claramente establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley de Universidades vigente, violentando nuestra autonomía administrativa”, agregó la rectora de la UCV.

El artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece dos medidas primordiales para el sostenimiento de la potestad universitaria. 

  • El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes y egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación. 
  • Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

El requerimiento realizado por las universidades públicas al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), César Gabriel Trómpiz Cecconi, desde el 2020 es la cancelación del 50% del presupuesto adeudado en todo estos meses.

“Hemos dirigido comunicaciones para solicitar aumentos de salario que no solo dignifiquen al trabajador universitario, sino que sean realmente compensatorios con sus méritos e importancia en la construcción del país. Nosotros los rectores, vicerrectores, decanos y directores hemos cumplido con los compromisos que adquirimos con nuestras comunidades y la educación, es obligación del Estado cumplir con el suyo”, comenta García Arocha. 

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), por su parte, rechazó la utilización del Sistema Patria para el pago de la nómina. Manifestó que esta decisión es un paso definitorio para “el cierre de la universidad pública venezolana”. 

La ruptura de la relación laboral en las universidades por la pulverización del salario se agrava con la imposición del pago por el Sistema Patria. Primero, el Ejecutivo nacional se llevó las prestaciones, luego, los aportes a la seguridad social con el pretexto del sistema único (Sismeu), quebrado e inútil desde un principio. Ahora, el Ejecutivo lesiona gravemente la autonomía universitaria y compromete los aportes a las cajas de ahorro, los gremios y los IPP”, destaca el comunicado de la Fapuv.

En este caso el gremio de profesores es puntual al establecer la ilegalidad de las maniobras para secuestrar, de una vez por todas, el presupuesto autónomo de las universidades públicas y su potestad administrativa.

“Es por eso que instamos a las autoridades universitarias para que, en ejercicio de las facultades que les da la Constitución nacional y dado el carácter de nulidad de la comunicación de la OPSU, organismo que carece de atribuciones legales para tomar decisiones que son competencia exclusiva de las universidades, se abstengan de remitir las nóminas de su personal para su cancelación por el Sistema Patria”, puntualiza el gremio. 

Medidas de la universidad pública ante las intervenciones del régimen 

Cecilia García Arocha tiene 13 años al frente de la rectoría de la UCV. Comentó que los intentos para violar la autonomía universitaria han sido numerosos en los últimos años.

Han incluido incursiones violentas de grupos armados que responden a una línea política, hasta medidas judiciales que nos han amenazado nuestra libertad y han impedido nuestro libre ejercicio democrático, todas denunciadas ante las instancias correspondientes y defendidas y rechazadas por nuestras comunidades”, agrega.
Rectora de la Universidad Central de Venezuela
Foto: Fabiana Rondón

En este último intento de apropiación del presupuesto universitario la unión de las distintas casas de estudio en la Averu ha sido primordial para luchar ante la adversidad. Garcia Arocha explica que, además del rechazo categórico de las instituciones, el organismo está preparado para utilizar los recursos necesarios y legales ante las instancias que correspondan para proteger a la comunidad universitaria.

Los cuatro puntos acordados en el consejo de la Universidad Central de Venezuela, realizado el 8 de marzo mediante las plataformas digitales, son:

  • Ratificar la Comunicación de fecha 07-03-2021, emitida por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), mediante el cual manifiestan su firme rechazo por cuanto la misma se trata de una intervención a la autonomía financiera de las Universidades Nacionales Autónomas y Experimentales. 
  • Rechazar de manera contundente y categórica la medida adoptada por el ciudadano Ing. Omar Oberto Aparicio, Director (E) de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria para el pago de los salarios del personal de las universidades a través de la Plataforma Patria o un sistema de pago distinto al que le corresponde a la Universidad Central de Venezuela. 
  • Abstenerse del envío de la data solicitada del personal de la Universidad Central de Venezuela para el pago de los salarios a través de la Plataforma Patria, ya que tal pretensión constituye una violación a la autonomía universitaria financiera, consagrada en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
  • Instruir a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Universidad. Con el fin de realizar las acciones legales a que haya lugar ante las instancias competentes.

Para García Arocha la institucionalidad universitaria es el referente principal de un Estado de Derecho mancomunado. De esta manera, representa el motor para el progreso social, humanístico, científico, cultural y económico del país. Cada uno de los atentados a la autonomía de estos recintos académicos es, para la rectora de la UCV, un golpe al corazón de la idiosincrasia venezolana. 

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