• El alcalde del municipio Sucre, Adrián Duque, marcó las viviendas de las personas presuntamente contagiadas de coronavirus. Expertos consultados por El Diario aseguran que se trata de un hecho que viola la Constitución y el derecho a la intimidad del paciente

Otro acto de discriminación por parte del régimen de Nicolás Maduro se viralizó en redes sociales. Con vehemencia el alcalde del municipio Sucre, estado Yaracuy, Adrián Duque, mostraba a la cámara el cartel que, con un símbolo de prohibido, marcaba la vivienda de las personas que estaban contagiadas con covid-19. 

La periodista Karen Torres, del medio de comunicación digital El Pitazo, publicó el video, este miércoles 7 de abril, y señaló que Duque amenazó con una multa a quienes quiten el cartel de sus fachadas. Si son reincidentes, se les despojará de beneficios sociales como las cajas CLAP, el programa del régimen que otorga alimentos (principalmente carbohidratos) a las comunidades. 

“Alerta, a cuidarnos, por nuestra salud. La conciencia es la mejor vacuna para todos”, aseveró el alcalde mientras señalaba el cartel puesto en una de las viviendas del municipio. 

Lo que ocurre en Yaracuy va en contra de las leyes

Este hecho fue cuestionado por organizaciones que defienden los derechos humanos y la justicia. Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea, lo calificó como un acto inconstitucional debido que se trata de un hecho de discriminación y de estigmatización. 

Foto cortesía

Alvarado señaló, en entrevista para El Diario, que el artículo 21 de la Constitución de Venezuela prohíbe cualquier forma de discriminación en el país, como la que está ocurriendo en Yaracuy. 

No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”, reza el artículo.

El activista destaca que existen diferencias entre tomar medidas preventivas adecuadas para prevenir el contagio y estigmatizar a una persona o a una familia por el hecho de que esté padeciendo una condición de salud.

La ONG Acceso a la Justicia se pronunció con respecto a la medida del alcalde Adrián Duque. La organización citó el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud que hace referencia a la dignidad e intimidad de los pacientes. 

“Los pacientes tienen derecho al respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso», dice el artículo. 

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó para El Diario que este marcaje de casas en Yaracuy constituye una estigmatización y una revictimización de los pacientes con covid-19. 

“Ya bastante tienen estas personas con saber que tienen una enfermedad que es potencialmente mortal para que ahora además se les estigmatice y se les viole su derecho a la intimidad”, comentó. 

Ante esta violación a el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público inició una investigación penal contra el alcalde Adrián Duque. Saaab aseguró que el funcionario actuó «al margen de la política del Estado venezolano». El fiscal aseguró que las marcas en las casas fueron realizadas de manera macabra.

Derecho a la alimentación 

Alvarado destacó una segunda violación a los derechos de los ciudadanos: el hecho de que el alcalde del municipio Sucre amenace a la población con quitarles el beneficio de las cajas CLAP si retiran los carteles de las fachadas. 

A su juicio, esto confirma que el régimen de Nicolás Maduro utiliza los beneficios sociales como una herramienta de control social. 

Nadie puede ser castigado privándole su derecho a la alimentación, nadie puede ser castigado privandole derechos que son propios y que le son inherentes como persona. Este chantaje y esta manera de amenazar es la continuidad de toda una política autoritaria”, afirma Alvarado.

Alí Daniels señala que a esta estigmatización se le suma la amenaza de los funcionarios de quitarle a la población servicios o beneficios, lo que se traduce en una violación al derecho al acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Coincide en que esta amenaza refleja la manera en que los beneficios sociales son utilizados como “armas de control social para que la población sea amedrentada”.

Foto: Cortesía

“Lo que son obligaciones del Estado se convierten en potestades que se dan o se quitan de acuerdo a un criterio arbitrario, como en este caso de este alcalde de Yaracuy”, afirma. 

El abogado comenta que esta situación expone a las personas al escarnio público en su comunidad; pueden sufrir de alguna agresión por parte de simpatizantes políticos.  

Estigmatización ante el covid-19

Estas formas de discriminación contra personas contagiadas de covid-19 inició en los discursos oficiales que ofrecía Nicolás Maduro, meses después de que llegó el virus al país. Los venezolanos que estaban en el exterior se vieron afectados por el confinamiento en países latinoamericanos, lo que los obligó a retornar a Venezuela. Diferentes funcionarios del oficialismo emitieron calificativos despectivos contra los venezolanos que cruzaban la frontera terrestre. Los chavistas aseguraban que el aumento de casos de covid-19 en el país durante junio se debía al ingreso de los retornados. 

Foto: Human Right Watch

Las primeras muestras de asedio contra los retornados venezolanos las profirió fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab. Además de la ministra del chavismo para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Mientras que Saab los calificó como un “karma”, Varela los llamó “fascistas”, “golpistas camuflados” y “frustrados de las guarimbas”. 

Todas las alocuciones de los dirigentes chavistas han estado plagadas de insultos e improperios hacia los migrantes. A quienes también calificaron de “armas biológicas” y “bioterroristas” enviados supuestamente por gobiernos de Colombia y Estados Unidos para esparcir el virus en el país.

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