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- Legisladores y gobernadores demócratas buscan expandir la protección de los votantes para contrarrestar las pretensiones opositoras de limitar el acceso al sufragio. Foto: EFE
El gobierno federal de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, está usando su poder para expandir el derecho al voto mientras a nivel estatal, los congresistas republicanos proponen legislaciones que dificultarían cualquier elección. Hasta el momento el partido opositor ha propuesto unos 360 proyectos de ley que apuntan hacia la supresión de votos.
Todo esto ocurre previo a la redistribución de distritos, que será determinante para definir el panorama de las elecciones de 2022 (ciclo electoral de medio termino en el Congreso). La próxima década política estará marcada por los datos del Censo 2020, que delimitarán la proporción de votos de cada estado.
Los legisladores demócratas aprobaron en la Cámara de Representantes la Ley Para el Pueblo, una pieza histórica sobre el derecho al voto que, si se aprueba, sería el proyecto de ley de expansión electoral más grande desde la Ley del derecho al voto. El proyecto actualmente se encuentra en consideración en el Senado.
Entre las disposiciones de la legislación se encuentran el establecimiento del registro automático de votantes, que requiere comisiones independientes de redistribución de distritos para abordar el gerrymandering (manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio), la restricción de donaciones de dinero oscuro, la expansión del voto ausente, entre otras.
La aprobación de la legislación depende en gran medida de si los demócratas optarán por eliminar el obstruccionismo, que exige un umbral de 60 votos para que los proyectos de ley sean aprobados por la cámara.
Intimidación y supresión de votos
En Texas, los republicanos tienen un plan de reclutamiento para una “Brigada de Integridad Electoral” de 10.000 miembros, para inundar distritos negros y pardos del condado de Harris con observadores electorales partidistas, quienes, bajo la legislación propuesta, estarían facultados para filmar a votantes que sospechan de comportamiento fraudulento y envíe esos videos a la Secretaría de Estado.
En esta misma entidad, los legisladores republicanos están considerando un sistema de registro de dos niveles para evitar hacer cumplir las disposiciones de la legislación federal sobre el derecho al voto que protegería el acceso a la boleta. Un proyecto de ley, HB 4507, crea dos procesos de registro de votantes separados para los tejanos: uno para las elecciones federales y otro para las estatales.
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El primero cumpliría con todas las disposiciones de la Ley Para el Pueblo, como el registro automático de votantes, que protege y mejora los derechos de los votantes. Este último, afirman los republicanos, podría ignorar estos requisitos federales y, en cambio, seguir el Código Electoral de Texas, que establece muchos más requisitos de exclusión sobre quién puede registrarse para votar y cómo.
Cualquier votante de Texas que se registre para votar en las elecciones federales tendría que pasar por un proceso adicional por separado para registrarse en las elecciones estatales y locales, y cumplir con los requisitos mucho más estrictos e inaccesibles establecidos por el Código Electoral de Texas.
En Arizona, los republicanos del Senado están impulsando una auditoría electoral partidista innecesaria.
Los administradores electorales de todo el país confiaron en donaciones privadas de filántropos y organizaciones sin fines de lucro para proporcionar los suministros básicos necesarios para administrar los lugares de votación.
Fueron esas donaciones privadas las que marcaron la diferencia para muchos administradores electorales locales que luchan por proteger a los votantes. Pero el nuevo proyecto de ley republicano HB 2569 prohibiría estas donaciones, a pesar de que no hay evidencia de que se hayan utilizado de manera partidista.
“Los republicanos no valoran nuestro proceso electoral: se niegan a financiar suficientemente a los administradores electorales que lo hacen posible y prohíben las donaciones de organizaciones sin fines de lucro que esperan ayudar. Justifican esta decisión diciendo que las elecciones son responsabilidad del gobierno y que los grupos externos no deberían participar; sin embargo, aparentemente renuncian a esta creencia cuando se trata de sus propios intereses partidistas. Los republicanos de Arizona están aceptando donaciones privadas para ayudar a financiar su auditoría performativa y potencialmente inconstitucional del condado de Maricopa”, explica Democracy Docket, un blog dedicado a contabilizar las leyes que limitan el derecho a votar,.
La introducción de cámaras en los lugares de votación no se limita a Texas. En New Hampshire, las nuevas leyes de identificación de votantes aprobadas por la cámara estatal liderada por los republicanos requerirían que los votantes que se registren el día de las elecciones y no tengan una identificación con fotografía aceptada se tomen fotos en el lugar de votación.
El proyecto de ley HB 523 también eliminaría las exenciones religiosas anteriores para los requisitos de identificación de votantes. Otra legislación, HB 292, agregaría requisitos de identificación adicionales para los votantes que soliciten que se envíe una boleta de voto ausente a una dirección diferente a la que está en el archivo de su secretario del condado.
De acuerdo con Democracy Docket, “esta disposición se dirige claramente a los estudiantes universitarios con gran movilidad, que han sido un foco clave de la supresión de votantes republicanos en el estado de New Hampshire“. Esta entidad tiene una de las poblaciones de estudiantes más altas como porcentaje de su electorado total. Los dos proyectos de ley de supresión de votantes pasan ahora al senado estatal para su consideración.
El estado de Ohio es uno de los tres estados que hasta ahora no había considerado aprobar legislaciones de supresión de votantes, pero recientemente el liderazgo republicano informó sus primeros proyectos de ley de supresión de votantes, que incluirá prohibir los buzones electoral excepto en emergencias, además de apuntar a otras reformas de votación que centraron el debate en los comicios del año pasado.
También los republicanos de Ohio están considerando eliminar la votación anticipada el día anterior al día de las elecciones y adelantar la fecha límite para las solicitudes de boleta ausente.
Los demócratas de la entidad han sido proactivos en la lucha contra estas restricciones; el año pasado, demandaron al Secretario de Estado para permitir que los condados establecieran múltiples buzones, y los legisladores demócratas propusieron un proyecto de ley para establecer al menos un buzón permanente por condado. Pero la legislación no tiene patrocinadores republicanos y el liderazgo republicano no la ha incluido en el programa del comité.
Por su parte, la legislatura controlada por los republicanos en Arkansas aprobó un nuevo proyecto de ley que prohíbe la distribución de agua o bocadillos a los votantes en fila en sus lugares de votación.
Demócratas amplían las disposiciones para votar
Los gobernadores y legisladores demócratas de todo el país buscan por su parte ampliar el acceso a la boleta electoral. Desde Virginia hasta Washington, los funcionarios electos intentan proteger y fortalecer los derechos de sus electores.
La Cámara de Representantes aprobó la ley HR 51 por segunda vez, una legislación histórica que convertiría a Washington, D.C. (capital de la nación) en el estado número 51 y daría a más de 700.000 estadounidenses representación en el Congreso y los derechos de voto que se les ha negado durante décadas.
Mientras que en Kentucky, el gobernador Andy Beshear convirtió en permanentes muchas de las disposiciones estatales sobre la votación pandémica al firmar la ley bipartidista HB 574. Las reformas incluyen tres nuevos días de votación anticipada, un portal en línea para solicitar boletas de voto en ausencia y nuevos centros de votación donde los residentes de cualquier precinto puede emitir su voto.
En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy promulgó la ley de votación anticipada permanente por primera vez, convirtiéndose en el estado número 25 que permite a los votantes votar en persona antes del día de las elecciones.
El gobernador Jay Inslee, en Washington firmó un proyecto de ley que restaurará los derechos del voto para las personas en libertad condicional de la entidad, inmediatamente después de su liberación; cuando la ley entre en vigencia en 2022, más de 20.000 residentes recuperarán su derecho al voto.
37 empresas del estado de Michigan, incluidas General Motors y Ford, han firmado una carta en la que expresan su apoyo al acceso a las urnas, luego de que los republicanos de la entidad introdujeran 39 leyes de supresión de votantes en un día de marzo, y ahora enfrentan la resistencia de los empleadores más grandes del estado.
En Montana, ha habido un segundo intento de los republicanos de prohibir la recolección de boletas comunitarias, medida que no ha logrado una votación en el Senado. Los republicanos ahora han pospuesto el proyecto de ley por tiempo indefinido después de que un fallo judicial en 2020 anulara una legislación similar.
Acciones importante en los tribunales estatales
En una victoria para los votantes, la Suprema Corte de Wisconsin dictaminó que la Comisión Electoral estatal no tiene el poder de purgar a casi 70.000 votantes sospechosos de mover direcciones de las listas de votantes.
La demanda, que se presentó por primera vez en 2019 en nombre de los demandantes conservadores, buscaba un mandamiento judicial del tribunal que ordenaba a la Comisión eliminar de las listas a los votantes a quienes se les envió un correo de confirmación de dirección pero no habían respondido.
El Tribunal dictaminó que en el sistema descentralizado único de Wisconsin, la responsabilidad de eliminar a los votantes no elegibles de las listas recae en los 1.850 secretarios electorales municipales que administran el sistema electoral local en el estado, no en la Comisión. Esta decisión mantiene a 69.000 votantes que potencialmente se han movido en la lista hasta que los secretarios electorales locales los revisen y eliminen ellos mismos.
El demócrata Joseph Biden ganó Wisconsin por menos de 21.000 votos en 2020.
En Oregón, la Suprema Corte otorgó una extensión del plazo de casi cuatro meses a la legislatura estatal antes de que deban acordar un nuevo mapa de redistribución. La oficina del Secretario de Estado había argumentado que cualquier retraso en la decisión sobre el nuevo mapa causaría trastornos en la administración de las elecciones del próximo año.
La legislatura de Oregón tiene la primera oportunidad de rediseñar los distritos del estado cada diez años. Si no logran ponerse de acuerdo en un mapa antes de la fecha límite del 1° de julio, entonces el Secretario de Estado se hace cargo del proceso. La Corte dictaminó que mantener esta distribución del control sobre el proceso de redistribución de distritos era más importante que cumplir con la fecha.
La legislación de Carolina del Norte, aprobada por republicanos a pesar del veto de un gobernador, ha enfrentado múltiples desafíos legales, y el año pasado, en un caso federal que desafió la legislación, un juez de distrito ordenó pausar temporalmente el requisito de que los votantes proporcionan una identificación con foto para votar.
Los estados donde los republicanos logran aprobar leyes de supresión de los votantes están sujetos a demandas por parte de defensores del derecho al voto, votantes y organizaciones que busca darle voz a cada votante. A medida que comience la redistribución de distritos, la contienda política se verá con más frecuencia en las cortes estatales.
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