• La medida propuesta por el gobierno de Iván Duque busca subir los impuestos para cubrir la deuda pública y ha generado una ola de manifestaciones. En algunos casos, las tensiones han escalado a saqueos y ataques contra edificios estatales- Foto: Efe

Diferentes ciudades de Colombia como Bogotá, Cali y Medellín fueron escenario de una serie de masivas protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Aunque las marchas transcurrieron de manera pacífica en un principio, luego derivaron en una serie de hechos violentos de los que se reporta hasta el momento dos personas fallecidas.

Las manifestaciones comenzaron el miércoles 28 de abril de 2021, convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones indígenas. La razón fue una intención del Ejecutivo de aprobar una serie de medidas bautizadas como Ley de Solidaridad Sostenible, que busca cubrir el agujero fiscal dejado por la pandemia por covid-19 a través de una reforma tributaria y un aumento de los impuestos.

El rechazo de la población recrudeció las tensiones con el gobierno, en un panorama similar al de la ola de protestas que vivió el país entre los años 2019 y 2020. Al igual que aquella ocasión, se produjeron actos de vandalismo como el incendio de estaciones de autobús, ataques contra comercios y enfrentamientos con la policía que han dejado 26 detenidos y 44 funcionarios heridos.

A pesar de la presión ciudadana y peticiones de la oposición para abortar el proyecto de ley, Duque señaló que continuará con su discusión en el Congreso. Aclaró que el borrador aún no es definitivo, por lo que está abierto a recibir modificaciones de los diferentes partidos que integran el Parlamento, así como sugerencias de gremios y empresarios.

Las protestas siguieron el 29 de abril igualmente con disturbios y choques con las autoridades, pero de menor intensidad. Los manifestantes llaman a reanudar el paro nacional que vivió el país en 2019, y que representaron uno de los momentos más críticos del actual gobierno colombiano.

Violencia en Cali

En Cali, un colectivo indígena de la etnia Misak derribó el miércoles una estatua de Sebastián de Belalcázar, considerado como el fundador de la ciudad. Es la segunda vez que una imagen del conquistador español es atacada por estos grupos, luego de que en septiembre de 2020 un busto suyo ubicado en la cima del morro de Tulcán, en la localidad de Popayán, fuera “juzgado” y destruido por el movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente.

Protestas en Colombia
Estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar derribada en Cali. Foto: Cortesía Semana

La acción hizo que funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía dispararan perdigones contra los indígenas, iniciando una serie de enfrentamientos con los manifestantes. Mientras la mayoría de los ciudadanos se desmovilizó, otros grupos aprovecharon de saquear comercios cercanos. También se reportó la quema de varias unidades de transporte público, así como paradas de autobús.

La situación llevó al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, a decretar toque de queda en la capital del Departamento del Valle del Cauca. La medida entró en vigencia desde las 3:00 pm (hora local) del 28 de abril hasta las 5:00 am del domingo 2 de mayo. 

De acuerdo con el medio colombiano El País, durante los hechos violentos del miércoles se produjo la muerte de una persona. El alcalde Ospina no ofreció detalles de la causa, que calificó como “hechos aún no esclarecidos y que están vinculados a las manifestaciones”. Ese mismo día, en la ciudad de Neiva, en el Departamento de Huila, un joven universitario de 21 años también murió al desplomarse durante una marcha en la Plaza Cívica. Testigos señalaron al diario El Tiempo que el cuerpo no tenía señales de agresión, y que pudo tratarse de un posible ataque epiléptico.

Tensión en la capital

Protesta
Disturbios en la plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Cortesía NTN24

Bogotá también fue lugar de enfrentamientos y disturbios. Desde temprano la alcaldesa Claudia López, había instado a los manifestantes a cancelar la actividad para prevenir contagios de covid-19. Ante la negativa de los convocantes, anunció la mañana del miércoles la suspensión del servicio de Transmilenio, la red de transporte superficial de la capital.

La marcha se dirigió en un principio al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, aunque en su camino sorteó varias barricadas colocadas por la policía. Al mediodía, los manifestantes se dirigieron hacia la plaza de Bolívar, donde están el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y la Alcaldía Mayor (Bogotá). Allí gritaron consignas contra la reforma fiscal del gobierno y el manejo de la pandemia por parte del gobierno central. «Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus», rezaba una pancarta.

Pasado el mediodía se reportaron choques entre el Esmad y grupos que intentaban derribar las barandas de seguridad que separaban la marcha de las instituciones. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y cerraron los accesos a la plaza, aún cuando todavía quedaban personas en el lugar. La agencia France24 señala que manifestantes pacíficos hicieron llamados a cesar la violencia, pero otros persistieron en su intento de atacar los edificios, patrimonio de la nación.

La lluvia y las lacrimógenas terminaron por finalizar la concentración, con un resultado final de 19 personas detenidas. 

Ataques contra medios de comunicación

En medio de los disturbios que sacudieron el miércoles a la capital colombiana, se registraron varios ataques contra las sedes de dos grandes medios de comunicación por parte de encapuchados presuntamente relacionados a las manifestaciones.

Uno de los edificios vandalizados fue el del canal de televisión Radio Cadena Nacional (RCN). Los agresores lanzaron piedras a la instalación e intentaron ingresar de manera violenta, aunque fueron repelidos por los guardias de seguridad y funcionarios de la Esmad. En ese edificio, además de otras empresas privadas, también opera el canal informativo internacional Nuestra Tele Noticias 24 (NTN24), propiedad de RCN.

Por su parte, en el norte de Bogotá también se registraron ataques contra la sede de la revista Semana. La fachada del grupo editorial fue vandalizada con graffitis amenazantes contra el medio impreso y el gobierno de Iván Duque. 

A través de un comunicado, la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, y los directores de NTN24 y Noticias RCN, Claudia Gurisatti y José Manuel Acevedo, rechazaron los ataque contra sus sedes. Consideraron que la acción puso en peligro las vidas de cientos de periodistas y trabajadores de las tres empresas, además de representar un grave atentado contra la libertad de prensa en el país.

“Valoramos y respetamos el derecho a la protesta pacífica para manifestar el inconformismo ciudadano pero expresamos con claridad que el vandalismo y la convocatoria al mismo son formas de violencia repudiables y no de construcción de país”, señala el texto.

¿En qué consiste la reforma tributaria?

Protestas en Colombia por la reforma
Foto: EFE

La Ley de Solidaridad Sostenible es un proyecto de ley creado por el gobierno de Duque y presentado el 5 de abril de 2021 ante el Congreso para su discusión. Se trata de un documento de 110 páginas que tiene como propósito ampliar la recaudación tributaria y cubrir la deuda pública causada por la pandemia de covid-19.

Duque ha manifestado que su intención es lograr una meta de 23 billones de pesos colombianos adicionales (cerca de 6,3 millardos de dólares) para las arcas públicas y evitar que el país pierda puntos en las calificaciones de riesgo internacional. La recaudación, en palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas».

Entre las medidas está la ampliación de la base de personas naturales que deberán declarar el Impuesto sobre la renta (ISRL) para 2022. Antes aquellas personas con  ingresos mensuales de  3,99 millones de pesos ($1.068,91), pero la medida plantea incluir en el cobro del ISRL a aquellas personas con un salario de 2,47 millones de pesos ($663).

También se contempla el cobro de un impuesto adicional de aquellas personas naturales con un patrimonio superior a los 1,35 millones de dólares, equivalentes al 1% de su ingreso anual. En el caso de los que superan los $4 millones de patrimonio, el impuesto adicional sería del 2%. En Colombia, los ingresos de un trabajador que cobra salario mínimo son de $2.808 anuales.

La medida más polémica concierne al pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), que en Colombia equivale al 19% del costo del producto. La ley busca incluir servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, el aseo urbano y el gas. También a productos que estaban exentos como computadoras, artículos electrónicos o servicios funerarios serán agregados.

El fantasma del paro nacional

Los detractores de la Ley de Solidaridad Sostenible consideran que apoyar la mayor parte de la recaudación en las personas naturales es contraproducente en el marco de la pandemia. Principalmente por el aumento del desempleo y la paralización de las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas. El director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle, Jaime Rendón, considera que la clase media será la principal afectada por las medidas.

Este proyecto de reforma no va a mejorar del todo al país, sino que podría conllevar a que la diferencia entre pobres y ricos sea cada vez mayor, eliminando a la clase media; por ejemplo, una persona que se gana cuatro salarios mínimos dejará de ahorrar dado que tendrá que declarar y pagar renta y adicional, deberá ampliar su presupuesto mensual para pagar IVA en ciertos productos de consumo diario como la gasolina, los huevos, la leche y algunos servicios públicos”, aseveró en un artículo publicado por el CEIR.
Manifestación en Bogotá durante el paro nacional de 2019. Foto: Cortesía El Páis

El rechazo general al proyecto de ley se ha sumado al malestar que los habitantes sentían por el gobierno desde noviembre de 2019, cuando inició la jornada de protestas denominada paro nacional. En aquella oportunidad, las movilizaciones estuvieron impulsadas por los principales partidos opositores y organizaciones sociales, en contra de las reformas laborales y de pensiones. También del incumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por parte de ambas partes.

El paro nacional de 2019 se caracterizó por la paralización total de las actividades en varias universidades, así como huelgas de sindicatos. En paralelo también hubo una serie de protestas violentas que arrojaron un total de 3 muertos, 250 heridos y más de 100 arrestos. 

El paro acabó abruptamente con la llegada al país de la pandemia de covid-19. Sin embargo, ahora es precisamente el virus uno de los detonantes de las manifestaciones. La percepción negativa de la población sobre el manejo de crisis sanitaria, el colapso hospitalario y la lentitud de las jornadas de vacunación se han convertido en una razón para protestar de casi igual peso a la reforma tributaria.

Ahora diferentes plataformas políticas han llamado a los hechos de los últimos días como una reanudación del paro nacional interrumpido. Todo ocurre un año antes de las elecciones presidenciales programadas para mayo de 2022, en las cuales al parecer el presidente Duque no aspira a la reelección. 

Algunos de los candidatos opositores han fijado su posición respecto a las protestas. El centrista Sergio Farjado propuso a los manifestantes utilizar métodos pacíficos como cacerolazos para alzar su voz sin riesgo de contagio por coronavirus. Por su parte, el izquierdista Gustavo Petro es uno de los principales instigadores de las marchas y crítico de las políticas económicas del actual gobierno. Otras aspirantes presidenciales de izquierda como Ángela María Robledo y Francia Márquez también fueron captadas en la concentración del miércoles en Bogotá.

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