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- Varias ONG que defienden los derechos de las mujeres denunciaron que algunas víctimas, que acusaron públicamente a su presunto agresor, fueron citadas por instituciones policiales bajo los cargos de delitos informáticos e injuria. En El Diario te explicamos esta brecha legal y sus implicaciones para las denunciantes
En una semana las redes sociales fueron el escenario de un movimiento que develó un problema de la sociedad. Las denuncias y testimonios de abuso sexual se hicieron virales, visibilizaron una realidad y abrieron el camino para que el movimiento Me Too se instalara en Venezuela.
Los primeros señalamientos contra Alejandro Sojo, vocalista de la banda Los Colores, de abuso sexual contra adolescentes dieron paso a una reacción en cadena de testimonios que acusaban a más artistas, periodistas, actores y comediantes. Algunos de los testimonios expusieron públicamente los nombres de los presuntos responsables de la agresión, un arma de doble filo según la legislación venezolana.
El domingo 2 de mayo varias ONG que defienden los derechos de las mujeres en Venezuela emitieron una alerta en conjunto. Denunciaron que algunas víctimas de abuso sexual, que señalaron públicamente a su agresor en redes sociales, fueron citadas a declarar ante organismos policiales por presuntos delitos informáticos e injuria. El comunicado afirma que se trata de una estrategia de “coerción y amedrentamiento”.
Organizaciones como Mulier Venezuela, Red Naranja, 100% Estrógeno, Resonalia, entre otras, se pronunciaron en contra de estas citaciones a las víctimas.
Ante esta nueva arremetida que busca amedrentar a las víctimas usando la justicia patriarcal para callar sus voces, les recordamos que estamos con ustedes y nos mantenemos alertas para apoyarnos entre todas. El estado no me cuida a mi me cuidan mis amigas. #YoTeCreo #MeToovzla pic.twitter.com/DTRPtwFojF
— MulierVenezuela🌺 (@MulierVenezuela) May 3, 2021
Venus Fadoul, abogada y miembro de la ONG 100% Estrógeno, destacó para El Diario la importancia de visibilizar la gravedad del abuso sexual. Sin embargo, señalar e identificar públicamente al agresor puede implicar un riesgo legal para las víctimas.
Comenta que en la mayoría de los casos de violencia sexual el agraviado no tiene pruebas de la agresión, por esta razón es muy díficil comprobar la denuncia. Además, explica que si la persona expone públicamente al presunto responsable se incurre en una falta jurídica que es difamación e injuria.
El Código Penal venezolano condena la difamación e injuria en el artículo 442. “El que, comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses”, reza la legislación.
El artículo precisa que la pena será mayor si el delito se realiza de manera pública a través de documentos, dibujos o a través de cualquier medio de publicidad.
La abogada comenta que acusar públicamente a una persona por algún delito de violencia sexual constituye una ilegalidad. Destaca que las personas recurren a las redes sociales debido a que las víctimas consideran que no hay institucionalidad y justicia en el país, además de la desconfianza de la población hacia las autoridades judiciales o policiales.
Pasos a seguir
La especialista explica que en caso de ser víctima de violencia sexual lo ideal es presentar en primer lugar una denuncia formal ante las autoridades competentes como el Ministerio Público u organismos policiales. Luego, la persona agraviada puede, si lo desea, contar en redes sociales su testimonio de abuso para visibilizar la situación. Es necesario que el nombre del agresor no sea expuesto, para evitar caer en un terreno de ilegalidad.
“Es importante visibilizar lo que está pasando porque el abuso sexual es normalizado en Venezuela, que se visibilice ha sido muy valioso. Lo mejor es que no diga el nombre a menos que la otra persona confiese o lo lleven a confesar como pasó con estos personajes recientes (músicos, periodistas) eso hace que tenga algo de legitimidad y que se limite su acción posterior”, explica.
Redes sociales como espacio de denuncia
Fadoul señala que las redes sociales se han convertido en un espacio legítimo de denuncia ante la falta de respuesta institucional. Sin embargo, no es un espacio legal para acusar a alguien.
Mayela Carrillo, terapeuta y directora de la ONG No Permitas Malos Tratos, explica para El Diario que las redes sociales son espacios válidos de expresión, pero precisa que los órganos receptores de denuncias son los entes oficiales para denunciar violencia sexual.
La especialista comenta que cuando una víctima revive el trauma de una agresión utiliza las herramientas que tenga a la mano y en muchos casos las redes sociales son uno de estos recursos. Sin embargo, destaca que la labor que están desempeñando varias organizaciones que defienden los derechos humanos es brindarle la información y capacitación necesaria a las víctimas para que interpongan la denuncia ante las autoridades. Es por eso que precisa la importancia de garantizar atención para que la víctima se sienta protegida antes de enfrentarse al sistema judicial, debido a que el bienestar psicológico juega un papel fundamental en el proceso.
“A veces en atención a la víctima vemos que se habla de la denuncia como el único acto que existe. No. Primero debemos poner a la víctima en un estado de seguridad y después vamos con todo lo demás. Con esto no estoy diciendo que no se denuncie. ¡Claro que hay que denunciar! Pero el énfasis no puede estar solamente en la sanción hacia el victimario, sino también en el estado y salud mental de la persona que sufrió el daño y que está sufriendo por eso”, comenta.
A juicio de la especialista, la salud mental de la víctima juega un papel importante que debe ser tomado en cuenta durante todo el proceso debido a que la agresión que sufrió siempre va a estar presente. Con el apoyo psicológico y acompañamiento adecuado puede haber lugar para la recuperación del trauma.
El tema de la violencia sexual está lleno de matices debido a una legislación poco precisa sobre el tema. Sin embargo, existen organizaciones que brindan acompañamiento legal y psicológico para las víctimas de abuso sexual.
Organizaciones de apoyo
Mulier Venezuela, asesoría psicológica y asistencia legal. Contacto: 0414 -625-41-25nAvesa, primeros auxilios psicológicos. Contacto: 0424-165-97-42nCepaz, asesoría psicolegal. Contacto: 0412-307-12-73n100% Estrógeno, asesoría jurídica. Contacto: 0412-075-61-41
Las denuncias en redes sociales no se detienen y han abierto paso a una discusión necesaria sobre la normalización del abuso sexual.Asimismo, ha visibilizado la necesidad de una sociedad menos patriarcal, más sensible con los derechos de las mujeres, y también de una revisión de las leyes venezolanas en torno a estos delitos.
1 comentario
Llama la atención que, rigiendo en Venezuela el principio constitucional (Atr. 49.1 CRBV), según el cual “se presume siempre la inocencia mientras no se pruebe lo contrario” (*), no obstante en estos casos de denuncias de violencia sexual, las redes respondan de inmediato sentenciando, a priori, como culpable al presunto agresor, al punto tal que lo someten al desprecio, odio y escarnio de sus amistades, conocidos, relacionados y familiares, sin habérsele comprobado al agresor su responsabilidad en el hecho, o las circunstancias en que ocurrió, bastándole simplemente el relato de la presunta víctima, que como en todo asunto puede ser o no real.
También me resulta altamente preocupante que las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la mujer, y que por su especialización en esa materia conocen -o deben conocer- los presupuestos legales sobre los cuales descansa nuestra jurisdicción penal, también den por sentado, in limine titis, la responsabilidad del denunciado, sin conocer su versión, ni haber mediado un juicio que, habiéndolo oído y evaluadas las pruebas presentadas, lo declare culpable desvirtuándose así el beneficio de esa presunción de inocencia.
Me vienen a la memoria los casos de figuras políticas prominentes de otros países que al postularse a altísimos cargos, de inmediato surgen acusaciones en su contra de agresiones sexuales ocurridas hace muchos años atrás, contra mujeres que en ese entonces eran mayores de edad, pero que se mantuvieron indiferentes al asunto hasta que el político anuncia sus aspiraciones.
Estimo que a nadie se le puede reputar culpable sin fórmula de juicio, y mucho menos someterlo a tal odio o desprecio públicos, que le cause tal dolor o vergüenza al imputado, que lo lleve a tomar la decisión de quitarse la vida.
“….desde que la presunción de inocencia halló reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico venezolano, se tuvo conciencia del evidente cambio de paradigma acaecido y del avance que ello significaba para el logro de un proceso penal garantista y justo…” (Tesis de grado: La Presunción de Inocencia en el Proceso Penal Venezolano. Kenny SotilloSumoza. UCAB 2007)
(*) Este Principio de Inocencia que ampara a todo procesado significa, concretamente, que el ciudadano aprehendido por la presunta comisión de un delito goza de una situación de inocencia que debe ser desvirtuada por el Estado ofendido por el hecho.