Ni con extintores ni con baldados de arena lograban los policías apagar el incendio de su pequeña estación. Diez de ellos estaban dentro. Habían cerrado la puerta para evitar más ataques. Pronto tuvieron que salir porque se iban a quemar. Lo hicieron con las manos en alto en son de paz, pero los siguieron atacando.
Las imágenes del incendio de un Comando de Atención Inmediata (CAI) en Usme, una localidad de Bogotá, han dado la vuelta a Colombia como una prueba de que el llamado «vandalismo» se tomó las manifestaciones del Paro Nacional de los últimos días.
Se cumple una semana de protestas, que se iniciaron en rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque pero que luego pasaron a tener entre sus principales demandas el cese delos abusos policiales.
Según la ONG Temblores ha habido 1.500 ataques contra la población civil.
Detrás de los enfrentamientos -en base a decenas de entrevistas con policías, manifestantes y expertos- parece haber, entre otras cosas, una profunda desconfianza del otro en ambas partes y una visión antagónica de lo que ocurre en Colombia.
Un choque de percepciones que se puede ejemplificar en la figura de los CAI, unas pequeñas estaciones de policía que están por todos los barrios del país por las que muchos colombianos, por una u otra razón, como detenidos o como víctimas, han pasado alguna vez en su vida.
Para los manifestantes, los CAI son centros en los que se trafican armas y drogas, y se abusa de la población civil. Son un símbolo concreto de los numerosos abusos policiales que ocurren cada año.
Para los agentes, en cambio, los CAI son espacios de conexión y cercanía, donde se atienden las demandas más mundanas de cada comunidad. Un símbolo de su vocación de servicio y protección.
El símbolo de los CAI
Durante la noche del 4 de mayo, 15 CAI fueron incendiados en Bogotá. Una jornada parecida a las del 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando un tercio de los 156 CAI que hay en la ciudad fueron destruidos en medio de protestas contra los abusos policiales. 13 civiles murieron en aquellas dos jornadas que antecedieron a la actual ola de protestas.
Los CAI fueron creados a finales de los años 80, cuando las principales ciudades de Colombia estaban entre las más peligrosas del mundo.
Su objetivo era introducir seguridad en el corazón de cada barrio y, según el decreto que los originó, «fraternizar y unir la policía con la comunidad».
Pero, a la vista de muchos de los miembros de esas comunidades, ocurrió lo contrario: desde ese entonces, se han denunciado numerosos de casos de violencia sexual, tráfico de drogas y venta de armas que supuestamente ocurren dentro de los CAI.
«Los CAI, más que seguridad, son una amenaza para la sociedad», dijo un líder del Paro que pidió no ser identificado. «A muchos de nosotros ahí nos han detenido arbitrariamente, golpeado ilegalmente y luego liberado sin ninguna resolución sino bajo mecanismos de extorsión».
«Te confiscan un arma blanca (un cuchillo), por ejemplo, o un porro (un cigarrillo de marihuana) y luego te cobran dinero para devolvértelo», indica.
Carlos Galvis, un teniente coronel que se retiró hace un año del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), explica: «Claro que se han presentado novedades en los CAI. Y muchos (policías) terminaron sancionados y en la cárcel. Y yo no le puedo asegurar que eso no vaya volver a pasar, porque somos humanos».
«Pero tomar eso como pretexto -continúa- para quemar todos los CAI es insostenible, porque al día siguiente de una de estas destrucciones sale la gente de bien a reconstruirlos».
Los seis agentes que hablaron con BBC Mundo para este reportaje destacaron los videos, también virales durante estos días, en los que las comunidades le hacen homenajes a la policía para agradecer su labor en contra del llamado vandalismo.
«La policía es querida por las personas buenas y odiada por los delincuentes», dijo el coronel retirado de la policía Jaime Moreno, quien durante estos días ha hecho rondas por los diferentes CAI «abrazando, agradeciendo y dando apoyo a nuestros oficiales».
Galvis explicó que los «errores» de sus compañeros que cometen abusos policiales son producidos por el agotamiento: «Tienen turnos de 24 horas, a veces deben dormir en el piso y no hay suficiente comida. Ser policía no es fácil y es ahí cuando incurren en malas prácticas».
La pandemia catalizó la desconfianza
Aunque los expertos no niegan que los agentes trabajan demasiado, hay quienes encuentran otra explicación para el choque cada vez más violento entre jóvenes manifestantes y policías.
La desconfianza entre policías y manifestantes es habitual, pero ese sentimiento se ha profundizado durante la pandemia debido a las labores de control sanitarias que deben ejercer los agentes.
Temblores, la ONG que monitorea violencia policial, ha tenido acceso a información oficial de multas policiales en los últimos años en Bogotá y encontró que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 500% por «agresión a la autoridad».
«Estas son sanciones que se imponen por una oposición a un procedimiento policial y tienen un margen de arbitrariedad enorme», explica Alejandro Lanz, director de Temblores.
Los análisis estadísticos de la ONG han encontrado una relación directa entre los lugares donde se ponen estas multas y el ataque posterior de los jóvenes a los CAI.
«La policía abusa de su autoridad a través de las multas y la gente responde con esa rabia que vimos el 9 de septiembre y ahora volvemos a ver el 4 de mayo», concluye Lanz.
Visiones distintas
Los policías, sin embargo, lo ven distinto: todos los agentes consultados coincidieron en que los ataques a los CAI, así como a diferentes espacios de infraestructura pública, como las estaciones de transporte masivo, no son espontáneos, sino que están «orquestados por grupos especializados».
Aunque no presentaron pruebas de nexos con guerrillas, coincidieron con esta frase del oficial Galvis: «Si no hay vínculo (de los vándalos) con grupos armados organizados, por qué van a apoyar una destrucción de un bien público. Esa coordinación solo la hacen con alguien que hace parte de un grupo ilegal, organizado y entrenado».
En el fondo, además de desconfianza, la relación entre policías y manifestantes parece estar mediada por una percepción distinta de la Colombia actual.
Una de las demandas principales de las protestas es que se implemente mejor el acuerdo de paz que el Estado firmó con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Eso significaría una reforma de la policía para que pase de combatir un enemigo subversivo a, simplemente, proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, en todas las entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad, BBC Mundo encontró la misma opinión: «El enemigo cambió de nombre, pero sigue siendo el mismo» y «no podemos cambiar de estrategia porque el conflicto nunca acabó».
Se refieren a que la violencia y el narcotráfico en Colombia siguen existiendo a pesar del proceso de paz y que muchos de los grupos delincuenciales se fragmentaron o cambiaron de nombre pero siguen operando, incluso a través de las protestas.
Los manifestantes piden un país en post conflicto y los policías niegan que el conflicto haya terminado.
Los CAI, el espacio que se inventó para acercar a la ciudadanía y a la policía, es el símbolo que materializa esa discordia.
