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- Este mecanismo extraordinario se aplicó en el país desde 2016 con un total de 31 prórrogas a pesar de que la Constitución permite solo una. Expertos afirman que se trató de una estrategia política
El 23 de abril de 2021 venció la última prórroga de estado de excepción por emergencia económica en Venezuela ordenada por el régimen de Nicolás Maduro. El Ejecutivo nacional no ha anunciado una nueva extensión y todo apunta a que, luego de cinco años y 31 decretos inconstitucionales, finalizó esta medida extraordinaria.
La última orden fue emitida por el régimen el 23 de febrero de 2021 y venció el 23 de abril de este año. Corresponde a la prórroga número 31 que se aplica en Venezuela a pesar de que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permite un decreto con una duración máxima de 90 días, de acuerdo al tipo de estado de excepción.
Tipos de estados de excepción
El artículo 338 de la Constitución establece 4 tipos de estados de excepción: nnEstado de alarma: Se aplica debido a la ocurrencia de “catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas”.nnEstado de emergencia económica: Puede decretarse cuando “se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación” nnEstado de conmoción interior y conmoción exterior: Ambos pueden decretarse en caso de conflicto interno o externo “que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
A pesar de las limitaciones que establece la Carta Magna, el régimen excedió el número de prórrogas previstas. El estado de excepción otorga poderes especiales al Ejecutivo nacional para afrontar situaciones extraordinarias en el país y que no pueden ser atendidas por los mecanismos ordinarios. Además, según el artículo 337 de la Constitución, el decreto permite la restricción temporal de derechos y garantías consagradas en la ley. Sin embargo, no contempla la restricción o suspensión de derechos fundamentales o intangibles como el derecho a la vida o a la comunicación.
En mayo de 2016 Nicolás Maduro ordenó la extensión del primer decreto de estado de excepción y emergencia económica en el país. Esto, a su juicio, tendría como objetivo derrocar el supuesto golpe de Estado, la llamada “guerra económica”. Pretendía también estabilizar socialmente al país y enfrentar presuntas amenazas nacionales e internacionales. Este segundo anuncio se dio a pesar de las denuncias por su inconstitucionalidad. El estado de excepción debe ser aprobado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional. El Parlamento, de mayoría opositora para ese entonces, no estuvo de acuerdo con la aplicación de este decreto.
Para Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, este decreto obedeció a motivos políticos y no de carácter social o económico. Asegura para El Diario que el objetivo del estado de excepción por emergencia económica en el país era servir de “contrapeso” a la Asamblea Nacional, que en las elecciones de 2015 obtuvo mayoría opositora al régimen. Con la aplicación, el Ejecutivo tendría las facultades necesarias para tomar decisiones sin depender del Poder Legislativo y aprobar normas o leyes de carácter extraordinario.
Daniels explica que la Constitución establece que solo se permite prorrogar una vez el estado de excepción. Sin embargo, debido a la falta de institucionalidad en el país y al hecho que el Tribunal Supremo de Justicia usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, electa en 2015, por presunto desacato, el régimen se permitió renovar el decreto diseñado para aplicarse durante una coyuntura particular.
Decisiones y decretos unilaterales
Desde el año 2016, Maduro asumió las facultades extraordinarias que le otorgaba el estado de excepción y que anuló las funciones de la Asamblea Nacional.
El presupuesto de la nación, sus modificaciones y leyes de endeudamiento no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución establece que el Parlamento debe aplicar controles, aprobar el presupuesto, proyectos de ley concernientes al régimen tributario, créditos públicos y créditos adicionales.
Transparencia Venezuela publicó un informe en el año 2019 señala que el Ejecutivo aprobó 34 créditos adicionales en el marco de sus funciones otorgadas por el estado de excepción. El total de los créditos ascendió a Bs. 38.021.518.083.662,50.
Este monto es 2.485% superior al gasto reflejado en la Ley de Presupuesto Nacional aprobada por el régimen para ese año, el cual estaba estimado en Bs. 1.529.780.457.117. Ninguno de los créditos fueron aprobados por la Asamblea Nacional.
El régimen impuso también zonas económicas especiales donde se imponía el uso del petro, el criptoactivo promovido por el oficialismo. En 2018 flexibilizó los mecanismos de contratación de bienes y servicios que los entes estatales consideran necesarios. Ese año anunció una reconversión monetaria que suprimió cinco ceros al bolívar. Esto resultó contraproducente debido a que en 2019 el país registró una hiperinflación de 9.585,5%.
Ali Daniels destaca que otra decisión económica que tomó Maduro fue la dolarización de facto que inició con la derogación en 2018 de la Ley de Ilícitos Cambiarios que otorgaba la exclusividad de las divisas al Estado. A partir de este decreto se permitió la comercialización en moneda extranjera entre particulares.
Precisa que esta dolarización no implicó un alivio económico debido a que no favoreció a los sectores vulnerables. Señala que los adultos mayores cobran una pensión que no llega al dólar mientras que el salario mínimo de los trabajadores del sector público es equivalente a 2,3 dólares.
“Fue simplemente una estrategia de anulación de los demás poderes públicos y no una medida extraordinaria para tomar acciones económicas que redundan en beneficios de la población”, comenta.
En las ocasiones anteriores, el régimen anunció los decretos de prórrogas del estado de excepción justo cuando se vencía el plazo anunciado previamente.
A pesar de que no existe una comunicación oficial sobre la suspensión del estado de excepción por parte del régimen, ha transcurrido casi un mes sin anuncios sobre nuevas prórrogas.
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