La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que la audiencia del caso conocido como Operación Aurora fue nuevamente diferida el jueves 27 de agosto, luego de que el Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo no despachara.
La coalición informó a las 8:28 am a través de una publicación en X que para ese día estaba pautada la audiencia de la Operación Aurora. En el comunicado también destacó que “el retardo procesal y las violaciones al debido proceso han marcado este caso”.
Sin embargo, a las 12:05 pm la organización señaló mediante otra publicación una nueva suspensión que se suma a una serie de aplazamientos e irregularidades que, de acuerdo con su denuncia, se arrastran desde 2019.
Asimismo, exigió que se garantice el acceso a la justicia y reiteró su llamado a la libertad de las personas que considera presas por motivos políticos.
Operación Aurora
La denominada Operación Aurora está relacionada con el asalto ocurrido el 22 de diciembre de 2019 contra el Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en Luepa, estado Bolívar.
Los asaltantes presuntamente hurtaron un lote de armas de guerra pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras que un soldado del Ejército venezolano perdió la vida tras el enfrentamiento, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los ciudadanos imputados fueron Edgar Omar Valdez Ramírez, Axel Rafael Caldera Yepez, Miguel Ángel Reyes Mendoza, Ismael Alfredo Guerra Marín, Wilfredo José Heredia, Luis Alejandro Tovar Tamanaico y Fiaciencio Meya Fernández, quienes pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Asimismo, Lisandro Roberto González Delgado, Carlos Alfredo Fernández Bailon, Julio Leomar Delgado Sosa, Carlos Cesar García Duran, José Agustín Rondon Peers, Oscar Albaniz Pérez González, Amilca José Pérez Pérez, Frederick Louis Fernández Romero, Darwin Enrique Balaquera Ruiz, Frank José Fernández.
El TSJ imputó a uno de los detenidos por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, específicamente, por el “uso de adolescentes para delinquir”, previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). También declaró la medida preventiva privativa de libertad contra el adolescente detenido, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de coautor.
El caso continúa generando cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la prolongación de los procesos judiciales. La Coalición también denunció a mediados de este mes la situación de Moisés González, detenido desde enero de 2020 y vinculado al expediente de Operación Aurora. La organización pidió que se le permitiera despedirse de su hija, Hilary González, quien falleció recientemente a consecuencia de un ACV.
La nueva suspensión ocurre en un contexto marcado por excarcelaciones de personas consideradas presas políticas por organizaciones venezolanas. El Foro Penal informó en junio que 894 personas habían sido excarceladas desde enero de 2026, y desde el 14 de agosto han sido excarcelados 81 personas más, aunque el gobierno encargado anunció desde la última fecha que “131 presos políticos serían excarcelados”.
La Coalición reiteró su exigencia de que los procesos vinculados con la Operación Aurora avancen y que se respeten las garantías judiciales de los acusados.
