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- La abogada Fatou Bensouda, fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), fue sustituida por el abogado británico Karim Khan este 15 de junio. La primera, a finales de 2020, informó que comunicaría un veredicto para investigar las acusaciones de lesa humanidad en Venezuela.
Fatou Bensouda, fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), comunicó a última hora de este 15 de junio, que su sucesor, el británico Karim Khan, tendrá como uno de sus objetivos informar si el caso de Venezuela pasará a una investigación formal o se desestimará en la corte.
El examen preliminar de la Fiscalía del CPI a Venezuela se abrió en febrero de 2018 para estudiar las denuncias de abuso por parte de la fuerza pública en las protestas antigubernamentales de 2017.
La organización no gubernamental Provea realizó un trabajo informativo en 2020 para explicar las características del examen preliminar y el caso venezolano. Entonces, el concepto de este proceso es: “En la fase de Examen Preliminar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reúne información del presunto delito previsto en el Estatuto de Roma, y determina si tiene competencia. Esta competencia deberá ser material (un crimen contemplado en el Estatuto); territorial (un crimen cometido en el territorio de un Estado parte); personal (un crimen cometido por un nacional de un Estado parte); y temporal (un crimen cometido después de la entrada en vigor del Estatuto para el país territorial o nacional del presunto autor)”.
La información recopilada y presentada frente a la Fiscalía del CPI es un “fundamento razonable” para determinar los casos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por los menos, desde 2017. Los involucrados son autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro. Los cargos expuestos en la denuncia es encarcelamiento ilegal en el cual, de acuerdo a los testimonios y pruebas, han ocurrido torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual.
Las instituciones de la fuerza pública investigadas por la responsabilidad material de estos actos son la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La Fiscalía tomó en cuenta para las investigaciones las pruebas presentadas en la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, a través de la cual se han podido identificar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, los directores de organismos policiales y altos funcionarios de las fuerzas armadas responsables de los delitos de lesa humanidad. Por otra parte, la Fiscalía de la CPI ha tomado en cuenta la respuesta del régimen de Nicolás Maduro ante las denuncias para equilibrar el caso.
De acuerdo con Provea la Misión entrevistó a 274 víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Además, recopiló y analizó más de 223 casos confidenciales.
Las conclusiones del informe presentado en 2020 para dar cuenta del avance del examen preliminar dieron son claras y concisas: la Corte Penal Internacional tiene los fundamentos para avanzar a una investigación formal en los casos de lesa humanidad en Venezuela y la organización espera dar respuesta en el primer semestre de 2021.
Para Mariano de Alba, abogado especializado en derecho internacional, las probabilidades de que el caso venezolano pase a una investigación formal son altas bajo la Fiscalía de Khan. “En este momento el inicio de la fase de la investigación depende en gran medida que se termine de verificar que el sistema de justicia venezolana no tiene la intención o no puede adelantar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de los crímenes que la Fiscalía ha identificado. Pero algunas diligencias del Ministerio Público venezolano en los últimos meses han abierto una discusión sobre ese punto”, agrega en exclusiva para El Diario.
Las implicaciones de una investigación formal
En este caso, se cerraría la fase preliminar y comenzaría una nueva etapa en la cual se tomarán en cuenta los testimonios de las víctimas y testigos, la obtención de pruebas del delito y, además, la defensa de los involucrados. Si la CPI concluye que hay altas probabilidades de que se haya cometido el delito puede emitir una orden de detención sobre los posibles culpables. La CPI no cuenta con un organismo policial propio y necesitaría de la cooperación de los Estados para realizar la detención de los sospechosos.
“Si la CPI concluye en su investigación que existen pruebas suficientes para acreditar que se ha cometido un delito, fija la realización de un juicio público en su sede en La Haya, Países Bajos. Los jueces reciben todas las pruebas, así como las declaraciones de las víctimas y testigos durante el juicio. Luego deliberan y llegan a una decisión. Es necesario que los jueces alcancen una decisión por mayoría para declarar a una persona culpable de un delito”, establece el informe realizado por Provea.
Si el individuo es declarado culpable por sus crímenes ante la CPI deberá cumplir su tiempo de prisión en uno de los Estados partes del organismo. Además, puede exigirse una reparación de daños para las víctimas a través de una disculpa pública, devolución de bienes o realización de pagos.
Para De Alba en este proceso la Fiscalía tiene que preparar el caso, no solamente identificando circunstancias incriminantes, sino también cualquier información eximente de responsabilidad penal. Ahora, la cooperación del Estado es primordial para el avance de la investigación, ya que la CPI no tiene forma de obligar a la recopilación de pruebas en el sitio de los acontecimientos.
Para el status quo del gobierno de Maduro, la investigación pudiese significar mayor presión para adelantar investigaciones y juicios en Venezuela contra los responsables de la represión del año 2017 y en consecuencia mayor descontento y menor fidelidad de los cuerpos de seguridad con el gobierno. Sin embargo, esa es una posibilidad que está por comprobarse porque el apoyo de esos sectores al gobierno no se ha modificado sustancialmente a pesar de la creciente atención internacional sobre los graves crímenes y violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela”, explica De Alba. ¿Quién es Karim Khan y cuál puede ser su función cómo fiscal de la CPI?
La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y sus imputaciones va dirigida a responsabilidades individuales. Karim Khan fue elegido como el tercer fiscal de la organización, desde su creación en 2003, con 72 votos de los 122 posibles. Es el sucesor de la abogada gambiana Fatou Bansouda.
Uno de los objetivos principales de Karim Khan es el conflicto entre Afganistán y Palestina. Además, deberá atraer a Estados Unidos, China, Israel y Rusia que se niegan a participar, siendo críticos con las decisiones de la corte, en esta entidad. El caso venezolano, por su parte, está encaminado a tener una resolución en 2021 y será responsabilidad de Khan cumplir con los tiempos determinados en 2020.
Una de las críticas consistentes en el funcionamiento del organismo es la lentitud en la recopilación de pruebas y, además, por su enfoque recurrente en los crímenes ocurridos en África. Uno de los retos de Karim Khan en el puesto es la resolución de los casos de los crímenes de guerra y lesa humanidad en Afganistán, ocurridos entre 2002 y 2003, en los cuales se encuentran involucrados soldados estadounidenses, personal de la CIA, soldados afganos y a la red Haqqani -considerado un grupo terrorista por EE UU-.
El Estado de Israel no es parte de la CPI y considera a la organización “un arma política para deslegitimar al estado judio”. Por eso mismo, otro de los retos de Khan será la investigación de las denuncias de crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto Israel-Palestina. La fiscalía inició en febrero de este año las investigaciones preliminares sobre lo ocurrido en Cisjordania, Gaza, Jerusalén del Este para, a su vez, recopilar pruebas incriminatorias de los crímenes realizados por las milicias palestinas como Hamas y la Yihad Islámica.
El criminalista británico es el asesor del secretario general de la ONU, António Guterres, y es el investigador encargado para la recolección de pruebas sobre los crímenes yihadistas del Estado Islamico (ISIS, por sus siglas en inglés). Su historia laboral, aunque tiene dimes y diretes, es un referente primordial para entender su trabajo futuro en la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
A finales de la década de los noventa trabajó en causas relacionadas con la antigua Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Líbano y Timor Oriental en Tribunales Internacionales Especiales. Además, en los últimos años ha trabajado en la recolección de pruebas para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado Islámico.
Sin embargo, la otra cara de su oficio puede ser, por lo menos, cuestionable por la reputación de sus clientes. Por ejemplo, sus trabajos más polémicos han sido: la defensa de Jean-Pierre Bemba, expresidente del Congo, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad realizados por sus tropas en 2002. Khan logró absolver a Bemba de una pena de 18 años de prisión por dichos delitos. Asimismo, defendió a Saif al-Islam, hijo del fallecido dictador de Libia Muamar al Gadafi, en su caso ante la Corte Penal Internacional.
En 2006 fue el abogado principal del expresidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona. Al final, Taylor, considerado uno de los hombres más peligrosos del continente africano, despidió a Karim Khan para dirigir su defensa. La experiencia del abogado y criminalista británico, tanto como defensor de las víctimas como de los victimarios, es uno de los votos de confianza para su futuro trabajo en la CPI.
En el caso venezolano la CPI tiene las pruebas concluyentes para iniciar la investigación. La toma de posesión de Karim Khan, siendo el nuevo responsable de la decisión, podría agilizar la investigación formal de los casos de lesa humanidad en el país.
