• La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos precisó que persisten los patrones denunciados en informes anteriores

La Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe este jueves 1° de julio sobre la situación de Venezuela en el que aseguró que persisten las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. 

Bachelet señala en el documento que su oficina continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. También destaca que recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. 

La oficina de la alta comisionada precisó que los patrones identificados en el informe publicado en julio de 2020 persistieron (desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incomunicación). 

Persisten el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales

El informe de la alta comisionada denuncia que se registraron 17 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad conjuntos en zonas populares de elevada peligrosidad y protestas. Estas ejecuciones coinciden con los patrones previamente denunciados por la ACNUDH. 

Un total de 16 ejecuciones ocurrieron durante operativos de seguridad y una se produjo durante una protesta. Los patrones identificados fueron agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, allanamientos arbitrarios, manipulación de la escena del crimen, retiraron el cuerpo de la víctima, robaron las viviendas, entre otros. El texto destaca que la mayoría de las víctimas eran jóvenes y niños de bajos ingresos en zonas populares.

Durante el periodo que abarca el informe, se constató que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales fueron atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Sin embargo, en contraste con las denuncias registradas en 2020, hubo una reducción de las denuncias de ejecuciones atribuidas a las FAES, pero un incremento de estos delitos realizados por otros cuerpos de seguridad regionales y municipales. 

Al Cicpc se le atribuyen parte de las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Oficina del Alto Comisionado

Crisis en La Vega

La ACNUDH hizo referencia al despliegue de 650 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas, entre el 6 y 9 de enero de 2021. En este operativo, al menos 14 hombres resultaron asesinados, dos de ellos eran adolescentes. Destaca que algunas de las muertes habrían ocurrido por el uso selectivo de la fuerza letal por parte de los efectivos policiales, debido a que las víctimas tenían impactos de bala en zonas vitales del cuerpo. 

“No se informó de que ningún agente de policía hubiera resultado herido o muerto, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada”, señala el informe.

Torturas y malos tratos

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias “creíbles” de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La ACNUDH documentó nueve casos en los que  las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Durante ese tiempo, los cuerpos de seguridad los mantuvieron incomunicados y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensores o familiares. 

“Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, afirma el estudio. El tiempo de duración de las desapariciones forzadas puede durar entre unas horas y varios meses. 

El informe especifica que continúa la preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos documentadas en informes anteriores, las cuales no han sido atendidas debidamente por las autoridades según lo que establece la ley venezolana. 

La alta comisionada manifestó su preocupación por los informes sobre violencia sexual contra las mujeres detenidas en prisiones preventivas.La mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género de acuerdo a los establecido en normativas internacionales y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. Por esta razón, la ACNUDH pide a la Fiscalía del régimen venezolano investigar a fondo las denuncias sobre violencia sexual.

El informe registró denuncias de violencia sexual en los centros de detención preventivas del país

El informe resaltó las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad. Aunado a esto, la funcionaria denunció las condiciones precarias de los centros de detención preventiva, el hacinamiento, falta de saneamiento, alimentación, agua potable, acceso a atención médica y a defensores y familiares. También resaltó el retraso procesal y que algunos cuerpos de seguridad mantienen detenidas a las personas por más de 48 horas es un hecho ilegal.

Restricciones a la sociedad civil 

La Oficina de la alta comisionada reportó que la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas. Precisó que en algunos casos sus miembros se enfrentaron a procesos penales relacionados con su trabajo. 

“El ACNUDH registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre estos incidentes figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización. Al menos 16 personas que forman parte de la oposición fueron detenidas; la mayoría fueron puestas en libertad poco tiempo después”, indica el informe. 

Funcionarios del Estado realizaron comentarios despectivos, descrédito y difamación contra miembros de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación independientes y activistas de derechos humanos. El informe resalta que incluso los partidarios del régimen instaron a una persecución penal en contra de estas personas. 

“El descrédito y la difamación de los actores de la sociedad civil afectan a sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la no discriminación, a la protección contra las amenazas a su vida e integridad personal, y a la presunción de inocencia en casos de criminalización”, dice el informe.

Analizó 19 casos de personas que se encontraban enfrentando procesos penales. Las acusaciones formuladas contra las personas defensoras de los derechos humanos se basaron en pruebas “poco sólidas, o en la criminalización de formas legítimas de participación cívica, como la protesta, la organización, la expresión de opiniones críticas o la participación en la política”.

Cinco periodistas fueron detenidos durante este periodo por presunta “incitación al odio” y dos personas fueron detenidas por publicar textos críticos al régimen.

“El ACNUDH saluda las medidas adoptadas para atender las recomendaciones anteriores, pero aún queda mucho por hacer”, expresó la Oficina en sus conclusiones.

Reiteró las recomendaciones realizadas en informes anteriores en lo que respecta al espacio cívico y estado de derecho. Calificó como “positiva”la reforma policial y de detención y resaltó la importancia de la rendición de cuentas como forma de prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos.

Exhortó al régimen a garantizar el acceso a datos públicos, priorizar una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, evitar la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas. También exhortó a facilitar todas las condiciones necesarias para realizar elecciones libres, justas, pacíficas e independientes.

En materia judicial, exhortó a la garantía del debido proceso, a implementar una reforma de seguridad y un plan de protección para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. 

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