• El abogado Juan Luis González explicó a El Diario que no han tenido acceso al expediente del diputado ni a información sobre su paradero. Rechaza las acusaciones hechas por Jorge Rodríguez por considerar que con ambiguas e interesadas

El dirigente político Freddy Guevara cumplió más de 50 horas detenido por los cuerpos de seguridad del Estado sin conocerse su paradero. A pesar de que el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó que el diputado electo en 2015 fue detenido el 12 de julio de 2021 en la autopista del Este por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la sede del ente no dan respuesta sobre su ubicación.

El caso de Guevara es manejado por los abogados defensores Omar Mora Tosta, Theresly Malavé y Juan Luis González. Desde el momento de su detención, su defensa acudió a los calabozos del Sebin ubicados en El Helicoide; sin embargo, en cada visita los funcionarios han negado la presencia del político en ese sitio de reclusión. 

Ahora la defensa se mantiene esperando en el Palacio de Justicia de Caracas, el miércoles 14 de julio de 2021. A la 1:00 pm venció el plazo de 48 horas para que Guevara fuese presentado ante los tribunales luego de su detención. Hasta horas de la noche reportaron que seguían sin tener información de su traslado a la audiencia o su centro de detención actual.

En entrevista para El Diario, el abogado Juan Luis González explicó que actualmente el activista del partido Voluntad Popular es víctima de una desaparición forzosa breve. “Esta práctica se perpetra cuando el funcionario se niega a dar cuenta del paradero del aprehendido. Eso ocurre siempre”, comenta. 

Práctica habitual

Se especula que Freddy Guevara podría estar detenido en la sede del Sebin en El Helicoide. Foto: Cortesía

González explica que no es la primera vez que las autoridades del régimen incurren en este tipo de desapariciones. Indica que en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidos existe un amplio registro sobre estas prácticas. De igual modo, también asegura que no será la última vez, pues seguirá ocurriendo.

“En otros asuntos que hemos manejado la policía niega el paradero y los tribunales tratan de hacer las audiencias con defensores públicos”, cuenta. 

Señala que cuando el tribunal permite al acusado emplear a sus propios abogados, los centros de reclusión impiden cualquier reunión manteniendo incomunicado al detenido. El aislamiento puede durar hasta 45 días, que es el lapso que dispone la defensa para proponer evidencia de investigación en la fase preparatoria del juicio. Otras veces se puede prolongar hasta la fase intermedia del proceso penal.

Parece que la finalidad es que la defensa se ejerza de manera precaria, sin contar con el apoyo del investigado. Que los abogados anden tirando flechas sin mayor información de primera mano”, acota.

El abogado indica que la incomunicación del detenido tiene también un componente desmotivador, para hacerle sentir solo y que ceda más fácilmente a la presión de aceptar un defensor público. Considera que los defensores provistos por el Estado actúan en los juicios como cómplices, pues garantizan la opacidad del proceso y mantienen en privado todo lo que ocurre dentro del tribunal.

Incertidumbre judicial

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Foto: Cortesía TSJ

Horas después de la aprehensión de Guevara, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que confirmó su captura por parte de funcionarios del Sebin. El texto informa que el diputado estaba bajo investigación por los cargos de terrorismo, traición a la patria y concierto para delinquir.

González afirma que los delitos imputados a Guevara son de los más usados por el régimen al perseguir opositores. Sobre el cargo de terrorismo, explica que se utiliza para evitar que cualquier juez del país se encargue del caso. Así se concentran todos los procedimientos entre los cuatro jueces de control en la materia.

“Cuando se imputa el delito de terrorismo, el caso, no importa donde se haya perpretado, va a ser de conocimiento en la fase preparatoria e intermedia por un juez en funciones de control en Caracas. Eso garantiza la manipulación de la justicia de una manera más sencilla”, explica.

El abogado asevera que para esta semana había un solo tribunal de guardia para atender todos los asuntos asociados a terrorismo. Aunque Saab solicitó la orden de privación de libertad contra Guevara el lunes, el equipo defensor acudió al Juzgado Primero con Funciones de Control el 13 de julio y descubrió que la sala no tenía información del caso.

“Si se pidió la privación de la libertad de Freddy Guevara el 12 de julio, entonces no fue en el tribunal que estaba de guardia. Eso nos tiene bastante pensativos”, reflexiona.

Acusaciones ilegales

González argumenta que el proceso de imputación es un acto complejo. No solo basta el señalamiento por determinados delitos, sino también un hecho concreto relacionado por el cual es investigado el acusado. En el caso de Guevara, solo se conoce lo mencionado en el comunicado del Ministerio Público. La defensa desconoce las razones exactas por las que es imputado.

En una rueda de prensa realizada este martes 13 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, Jorge Rodríguez, vinculó al opositor con los hechos de violencia ocurridos entre el 7 y 9 de julio en la Cota 905 y otros sectores de Caracas. Con presuntas capturas de conversaciones, aseguró que Guevara y otros dirigentes de Voluntad Popular organizaron a la banda de El Coqui para crear un ambiente de desestabilización. 

Los mensajes son absolutamente ambiguos y la interpretación que da el señor Jorge Rodríguez es totalmente interesada. Habría que verificar las conversaciones a lo largo y saber en principio en qué contexto se hacen esos comentarios”, opina González al respecto.

Indicó que no hay forma de confirmar por el momento la veracidad de los mensajes mostrados por el vocero oficialista, menos cuando ni siquiera se les permite hablar con Guevara. “Hay maneras de manipular el WhatsApp”, razona, a la vez que aclara que la defensa todavía necesita indagar más sobre el tema.

Rodríguez vinculó a dirigentes de Voluntad Popular con un plan denominado «la fiesta de Caracas». Foto: Cortesía

El especialista en Derecho Penal denuncia que la exposición hecho por Rodríguez carece totalmente de legalidad, al violar el artículo 38 de la Constitución. En él se establece el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Agrega que solo un tribunal competente tiene la potestad de intervenir en una conversación privada, siguiendo todos los protocolos legales.

“Además, si esas conversaciones forman parte de una investigación penal, tienen carácter reservado para terceros. Jorge Rodríguez es un tercero, de manera que se apropió ilegalmente del contenido de unas actuaciones que estarían en fase preparatoria de proceso legal”, apunta. 

También recuerda que al mostrar esas supuestas evidencias en televisión nacional, el parlamentario chavista incurrió en el delito de revelación de información reservada contemplado por el Código Penal.

Sin indulto

Durante su rueda de prensa, Jorge Rodríguez aseguró que no habría más indultos para los opositores detenidos bajo sospecha de conspiración y terrorismo.

Guevara había vuelto al activismo de calle luego de tres años recluido en la embajada de Chile en Caracas. Allí solicitó asilo político en septiembre de 2017 tras ser acusado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la asamblea nacional constituyente (ANC) de organizar las protestas antigubernamentales de ese año. En ese momento el dirigente era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Voluntad Popular.

El 31 de agosto de 2020, Nicolás Maduro decretó un indulto a 110 presos y perseguidos políticos. La medida contemplaba a opositores exiliados o asilados, por lo que Guevara fue incluido en la lista. Con ciertas reservas, salió de la embajada el 9 de septiembre y de inmediato anunció su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó.

El mismo día del indulto, la entonces ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, Iris Varela, lanzó una advertencia con ciertos tonos de amenaza: “El indulto es por los delitos pasados, no significa en modo alguno una patente para que no les caiga la justicia ante nuevas transgresiones”

Sin expectativas

“Creemos que estos cargos son totalmente infundados. Son falsos como seguramente lo serán todas las probanzas que pretenda traer al proceso el Ministerio Público”, insiste González. Afirma que la Constitución y las leyes son las herramientas con las que la defensa se propone demostrar la inocencia de Freddy Guevara.

No obstante, reconoce que el proceso es cuesta arriba. Hasta el momento ninguno de los abogados ha tenido acceso al expediente ni a información más allá de lo publicado por Tarek William Saab y Jorge Rodríguez. De igual modo, a la incomunicación de su defendido se suma el temor de que pueda ser coaccionado para grabarse reconociendo su culpabilidad y vinculando a otros opositores, como ocurrió en su momento con el diputado Juan Requesens.

¿Qué es un habeas corpus? Se trata de un recurso contemplado en el artículo 27 de la Constitución que garantiza el derecho de una persona a ser amparada por los tribunales en caso de sospecha de detención ilegítima o violación del derecho a la libertad.

Suele utilizarse cuando vence el lapso de presentación de un detenido ante el Juzgado de Control sin que inicie una investigación penal por el Ministerio Público.

“Esos videos nunca son acompañados al expediente de la causa. De hecho, son utilizados por estos funcionarios en sus ruedas de prensa para exponer ante los medios de comunicación los presuntos planes conspirativos”, acota.

Hasta el momento, los esfuerzos de la defensa se centran en hallar el sitio de reclusión de Freddy Guevara y poder comunicarse con él. También introdujeron una solicitud de habeas corpus ante el Juzgado 31 en funciones de control del Tribunal de Primera Instancia. Por su parte, la abogada Theresly Malavé trabaja en poner al tanto a los diferentes organismos internacionales de derechos humanos, como las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

“Sabemos que en  estos procesos con contenido político lo que hagamos probablemente no tenga el mayor relevancia en la decisión que vaya a tomar el juez. Él ya tiene unas instrucciones y las va a cumplir, pero eso no significa que desde el punto de vista técnico nosotros dejemos de hacer nuestro trabajo y de hacer los reclamos donde tengamos que hacerlos”, sentencia.

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