• Se cumplió un año del proceso legal que se lleva en contra de un teniente de fragata que estaba a cargo del destacamento de Puerto Ayacucho, donde al parecer ocurrieron los hechos mientras las jóvenes prestaban servicio militar. Las víctimas y el imputado solicitan celeridad en el caso. Foto: Simeón Rojas 

Celeridad es lo que pide la familia de Adina Díaz, la joven del pueblo originario jivi, quien presuntamente sufrió un acto de violencia sexual por parte del oficial superior a cargo mientras prestaba servicio militar en el puesto naval de la Armada Nacional Bolivariana, ubicado en el muelle de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. 

“Nosotros lo que queremos es justicia, porque si mi hija hubiese dicho mentiras, yo no estaría aquí (…) Le he preguntado ‘¿es verdad?’ Y ella me dice: ‘papá, sí, me hicieron esas cosas’. Hay pruebas forenses, entonces, ¿por qué dicen que tenemos que seguir esperando? Llevamos mucho tiempo. La semana pasada (16 de agosto) iba a ser la última audiencia y se suspendió, nos dijeron aguántense, no se vayan a ir todavía a la comunidad”, dijo Eleodoro Díaz, padre de la víctima. 

Añadió que la suspensión se dio porque el juez que llevaba la causa, Jesús Matos, dio positivo para covid-19 y le dieron reposo médico. Esto llenó una vez más de incertidumbre a la familia jivi, que vive en Porvenir, una comunidad de la parroquia Platanillal, que queda a una hora de camino de la capital amazonense, donde se desarrolla el proceso. También generó molestia entre otros indígenas que el día de la audiencia acudieron a la sede del circuito judicial para apoyar a las víctimas. 

Cuando el equipo de El Diario conversó con la familia, el 26 de agosto, el mayor temor expresado por la madre y el padre de Adina era que el reposo del juez Matos durara más del tiempo previsto y se debiera asignar otro. De acuerdo con lo que les dijo la fiscal que lleva el caso, la abogada Belkis Cruz, eso podría pasar y sería “empezar todo de nuevo”. 

El temor de la familia Díaz se hizo realidad cuando se conoció que el caso se le asignó a otra jueza. La fiscal no pudo confirmar esta información, porque alegó que no estaba autorizada para emitir declaraciones del proceso legal que lleva. Sin embargo, la abogada defensora del imputado, Dairy Espejo, lo confirmó e informó que el 27 de agosto recibió la notificación de la asignación de una nueva jueza, con lo que empezaría nuevamente el proceso.

Comunidad jivi pide justicia ante presunto abuso sexual y acoso de dos mujeres indígenas
 Eleodoro Díaz, papá de una de las víctimas. Foto: Madelen Simó

Con esta acción se cumple ya un año de audiencias. El imputado, teniente de fragata Roger Bracho, está detenido en el comando de la Armada desde el 1º de septiembre de 2020, según indicó su abogada. Además, se retrasa un proceso que por su naturaleza, y de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debería disfrutar de la celeridad como garantía procesal. 

2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la administración de justicia en los términos del artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal y los tribunales competentes, darán preferencia al conocimiento y trámite de los hechos previsto en esta Ley, sin dilación alguna, en los lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la medida administrativa que corresponda al funcionario o funcionaria que haya recibido la denuncia”.

El caso 

“Eso pasó el 21 de agosto, por cierto, yo estaba cumpliendo años”, recordó el padre, a quien le costaba nombrar lo que presuntamente le había sucedido a su hija. El 26 de agosto de 2020 fue cuando la joven hizo la denuncia y una de sus hermanas, que vive en Puerto Ayacucho, se enteró de lo ocurrido y avisó a los padres de Adina, quienes estaban en la comunidad. 

“(Adina) tenía el segundo turno, el de las 12:00 am y se fue a descansar. Entonces, a las 10:00 pm entra el teniente y otra cabo primera, jivi también, que era cómplice del teniente y hablaron pues (…) eso fue lo que me dijo mi hija. Ella estaba embojotada con la sábana, la agarró con fuerza, estaba en short y bueno… le metieron la llave y la forzaron por ser una dama, eso pasó, mi hija se puso a llorar. Entonces la cabo primero entró a acostarse, no preguntó qué fue lo que pasó, no dijo nada; pasaron los días y mi hija se lo dijo a un curso (soldado) de confianza”, reveló Eleodoro Díaz. 

Con ese soldado fue con quien Adina acudió a poner la denuncia y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron al teniente Bracho. Luego se le imputó el delito de abuso sexual agravado con penetración y continuado. 

El papá de Adina narró que ellos se movilizaron de Porvenir hasta Puerto Ayacucho el 4 de septiembre del año pasado. Estuvieron ese mes, octubre y finalizando noviembre se devolvieron a la comunidad. Durante los primeros seis meses de 2021 no tuvieron noticias del caso, hasta junio que los volvieron a llamar. 

Tras la denuncia de Adina, otra mujer, también jivi, manifestó que había sufrido acoso por parte del mismo efectivo militar en el destacamento naval del muelle de Puerto Ayacucho. Se trata de Celis Chipiaje, de 29 años de edad, proveniente de la comunidad de La Reforma.  

Decepción 

Adina tiene 19 años de edad y el año pasado, cuando recién cumplió los 18, se alistó para prestar servicio militar. De enero a junio de 2020 realizó la capacitación, luego se juramentó y la enviaron al destacamento del muelle. Habían transcurrido menos de dos meses cuando se presentó el presunto abuso, y lo que vio como una posibilidad para mejorar su condición de vida, se quebró en un instante.

“Mi hija presta servicio (militar) por una razón. Habló con nosotros, porque somos de pocos recursos y no tengo para enviarla a la universidad, por eso se inscribió para prestar servicio militar. Así podía comprar poco a poco los zapatos, su ropa, esa era la intención y resulta que le pasó esto con el teniente. Lo que tenía previsto para el futuro no lo logró por culpa de un comandante que abusó de mi hija (…) Eso es una vergüenza para nosotros y duele”.

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Organizaciones indígenas piden celeridad en el juicio de las mujeres Jivi. Foto: Cortesía de Simeón Rojas.

¿Qué dice la defensa? 

La abogada defensora, Dairy Espejo, también precisó celeridad por parte del Tribunal Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, sobre todo ahora que se asignó una nueva jueza al caso.

“Ya llevamos un año de trabajo en la revisión de las pruebas, si bien se deben cumplir lineamientos del Código Orgánico Procesal (COP), como las citaciones aplicando el artículo 340, se presume que ese delito se ejecutó hace un año, donde hay testigos referenciales que no han podido ser localizados. Ahora estamos en una etapa suspensiva, porque el juez se enfermó y nos asignaron otra jueza, quien va a conocer el caso y a partir del 20 de septiembre volveremos a comenzar una apertura de juicio, lo que significa otros meses más. Esperemos que el tribunal tenga celeridad”, manifestó Espejo. 

Además, afirmó que el teniente Bracho no es culpable, por lo que buscará enfocar su defensa en “la absolución para declararlo libre de los cargos que se le acusan”. Argumentó que las pruebas presentadas tienen muchas contradicciones, tanto en las declaraciones de la víctima (refiriéndose a Adina) como de los especialistas. Dijo que cuando se le preguntó por el día y la hora del hecho, presentaba variaciones en sus respuestas. 

Ella dice que primero fue el 21, el 23 y luego que fue el 26 de agosto. ¿La hora? como a las 8, en la prueba anticipada dijo que era a las 10 y en el Dgcim dijo que fue a las 7 de la noche. No hay tiempo, modo y lugar de los hechos que presuntamente le están imputando al teniente”, sostuvo para El Diario.

En cuanto a las pruebas forenses, Espejo aseveró que no hay una muestra comparativa dactiloscópica del imputado y la víctima, ni tampoco se le hizo prueba de ADN al teniente Bracho. “Para mí no hay delito como tal, ese no, si ellas quisieron enfocar un delito debieron hacerlo por violencia física o por acoso, pero no por violencia sexual, porque la prueba madre que es la medicatura forense, no indica que hubo signos de violencia”.

La abogada defensora también indicó que podría solicitar un cambio de calificación del delito principal, porque el segundo (el de Celis) es el por acoso, que está tipificado con menos años y agravantes. 

El artículo 374 del COP establece que todo acto carnal vía vaginal, anal u oral bajo amenaza, con o sin violencia física, califica como violación con pena de prisión de diez a quince años, y de quince a veinte años en caso de cometer el delito contra niños, adolescentes o cuando la víctima sea especialmente vulnerable, no solo por su edad o situación. 

Sin traductor

Algo importante de señalar y que han criticado miembros de las organizaciones de defensa de los derechos indígenas, es la falta de un traductor en el proceso. Si bien las víctimas jivi hablan español, esta no es su lengua materna por lo que consideran que se debió garantizar este derecho establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

“2. En el caso de las mujeres que pertenecen a los grupos especialmente vulnerables, el Instituto Nacional de la Mujer, así como los institutos regionales y municipales, deben asegurarse de que la información que se brinde a los mismos se ofrezca en formato accesible y comprensible, asegurándose el uso del castellano y de los idiomas indígenas…”.

Acompañamiento 

El retraso en el proceso agrava la situación de las víctimas, quienes viven lejos de Puerto Ayacucho, con fallas de comunicación y tarifas en pesos colombianos para el traslado. Por eso, la familia Díaz se ha mantenido en la capital de Amazonas, gracias al apoyo y acompañamiento que ha recibido de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), y del área de Derechos Humanos del Vicariato, entre otras instituciones.

No obstante, los padres de Adina, señalan que ya llevan tiempo esperando y que pasan trabajo alejados de su hogar y de los otros hijos que dejaron en la comunidad. 

Grace Marcano, quien se ha encargado de la atención a las mujeres en el área de Derechos Humanos del vicariato, indicó que los padres de Adina acudieron a la organización pensando que era un lugar para denunciar. Pero ella les explicó lo que hacían: acompañamiento y servicio de atención integral para la víctima y su familia. 

“Ofrecemos ayuda psicológica, económica, insumos, transporte, formación, alojamiento, porque a veces quedan en la calle y podemos organizar la estadía con los hermanos de la iglesia. Hias (organización de ayuda humanitaria) colabora con comida hecha o con un mercado, mientras que nosotros apoyamos con kit de higiene, compra de medicamentos, exámenes médicos. La víctima siente que no está sola, hay instituciones que, sin ningún tipo de interés, la va apoyar”. 

Marcano agregó que tanto Adina Díaz como Celis Chipiaje recibieron atención psicológica para garantizar su estabilidad emocional. “Esto fue algo novedoso, porque cuando en las comunidades se presenta algún conflicto donde haya que mediar, es el consejo de ancianos o alguna persona mayor: la tía, la madre, la abuela, quien apoya a las muchachas”. Ahora esperan el apoyo de la justicia venezolana.

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