• En caso de que un local comercial tenga la presunción de que una persona cometió un robo o hurto dentro de las instalaciones, deben cumplir un procedimiento que consiste básicamente en llamar a las autoridades

Jessie Eva ingresó a un local comercial en Caracas con la intención de averiguar el precio de la leche de soya. Caminó durante un rato viendo precios y productos. Cuando se dispuso a salir, el personal de seguridad la detuvo para revisar su bolso como al resto de los clientes. Ella lo abrió sin problemas, pero notó algo extraño. Los vigilantes la miraban “raro”, recuerda. Se hicieron señas entre ellos y la llevaron a un lugar cerrado para hacerle una inspección corporal. 

Me tocaron todo el cuerpo, incluyendo la región de los senos y mis genitales, por encima de la ropa. Me hizo sentir terriblemente incómoda. Mientras lo hacía, el chico me preguntaba de forma inquisidora: “¿Tú eres hombre o mujer?”, narró Eva, quien es una mujer trans, en un hilo de Twitter.

Al terminar de revisarla, los vigilantes le dijeron que les pareció “muy extraña su actitud y aspecto”. Ella salió del local al borde de las lágrimas y afirmó que permitió toda esa situación porque tenía miedo. 

Casos como el de Eva,  en los que trabajadores de seguridad cometen actos de amenaza, acoso, agresión verbal o física, entre otros, se han hecho virales en redes sociales,. El 29 de agosto de este año a una mujer le negaron la entrada la tienda Balú, en Propatria, por andar en silla de ruedas ; y el 14 de mayo un menor de edad fue obligado a desvestirse para revisarlo y luego debió hacer trabajo forzoso, en el Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar. 

El equipo de El Diario elaboró una lista de lo que no deben hacer los locales comerciales en caso de que sospechen de un hurto dentro de sus instalaciones. 

Ni detención ni revisiones corporales

El abogado y miembro de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que en caso de que una instancia comercial sospeche de un robo o hurto lo primero que deben pedirle al cliente es que colabore, en el sentido de que si tiene un bolso solicitarle que lo abra para cerciorarse de que no hay un hecho punible. 

Señala que si el ciudadano no colabora, la obligación del comercio es llamar a la policía para que realice el cateo correspondiente. 

Lo que no puede ocurrir es que la persona sea detenida por horas, la metan en un cuarto y les dicen que hable o que confiese. Eso no lo puede hacer ningún establecimiento comercial. Si cree que se cometió un delito se le notifica a las autoridades en caso de que haya un elemento que lo incrimine”, afirma Daniels para El Diario.

Asegura que en el caso de que una persona sea capturada en flagrancia cometiendo un hurto o robo, el local comercial puede evitar que se vaya solo para que los funcionarios policiales puedan detenerla posteriormente. El establecimiento no puede privar la libertad de ese ciudadano con la intención de que confiese, hable o realice algún trabajo. 

En el caso de las revisiones corporales, los trabajadores de seguridad de un comercio no pueden realizar ninguna inspección al cuerpo de otra persona. Si existe la presunción de que el sospechoso esconde algún producto dentro de sus prendas, los empleados del establecimiento deben esperar que llegue la policía para que haga la revisión. 

Qué deben hacer los comercios en caso de presunción de robo o hurto
La Policía de Chacao es uno de los cuerpos de seguridad municipales de Caracas

El abogado precisa que una persona puede ser revisada solo por un funcionario de su mismo sexo. 

“Esto solo en caso de que haya flagrancia, de resto no puede ninguna persona particular estar registrando partes de nadie y mucho menos estar haciendo revisiones corporales”, indica. 

En redes sociales, ciudadanos han denunciado que en situaciones como estas fueron detenidos por varias horas. En este caso, el abogado afirma que la persona tiene derecho a llamar a la policía porque se trataría de un caso de privación ilegítima de la libertad. 

El artículo 175 del Código Penal venezolano establece que: “Cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal será castigado con prisión de quince días a treinta meses”.

Falta de cultura jurídica

A pesar de que se trata de actos ilegales, Daniels señala que esta situación se debe a la falta de cultura jurídica y de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Agrega que es necesario evaluar la capacitación policial para abordar situaciones de este tipo. 

“En materia de delitos sexuales nos hemos cansado de escuchar que la policía le pregunta a las mujeres que van a denunciar que si actuaron de manera provocativa. En este tipo de casos donde se acusa a la persona de ladrón o lo que sea, no sabemos si la policía va a tener los mismos prejuicios. Ahí está parte del problema, cuando la policía no es un órgano de protección sino de represión las reglas del juego cambian”, comenta. 

“Derecho de admisión”

Recientemente se hizo viral el caso de una pareja de hombres homosexuales que fue  obligada a retirarse de un local de comida en Chacao, Caracas, por bailar juntos. Según la denuncia de los afectados, los encargados y el personal de seguridad se refirieron a la orientación sexual de los hombres e hicieron comentarios despectivos al respecto.

Daniels señala que existen establecimientos que utilizan el derecho de admisión como excusa para discriminar y eso es un reflejo de los prejuicios que existen en la comodidad. 

Hay que entender que esa regla del derecho de admisión termina cuando empieza a haber discriminación por alguna condición particular que tenga la persona”, explica.

Precisa que existe una ley contra la discriminación racial, promulgada en el año 2011, y también ordenanzas municipales que prohíben cualquier tipo de discriminación. 

Daniels señala que además de las ordenanzas, no existe ninguna ley que sancione la discriminación por orientación sexual.

En todo caso, es importante que los establecimientos sigan un procedimiento apegado a la ley en caso de toparse con la presunción de un hurto o robo. Para ello, se requiere la capacitación del personal de los comercios y que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y deberes  y qué pueden hacer en estos casos.

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