• Organizaciones como la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y SOS Orinoco publicaron una serie de mensajes denunciando la deforestación que las actividades mineras realizan en la selva amazónica. Solicitaron a la cumbre de las Naciones Unidas rechazar la proyecto avalado por el régimen de Nicolás Maduro

La 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene este año una ardua tarea: hacer que los gobiernos del mundo tomen en serio los problemas medioambientales que ponen en peligro al planeta. Aunque todavía queda mucho por hacer, desde el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París con la Administración de Joe Biden, parece haber una mayor disposición a combatir el calentamiento global.

“Basta de tratar a la naturaleza como un váter. Estamos cavando nuestra propia tumba”, declaró al respecto el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Uno de los grandes avances de la cumbre fue el acuerdo de más de 120 países para frenar la deforestación de los bosques para el año 2030. El pacto fue suscrito por Brasil, un país clave no solo por el acelerado ritmo de su tala de árboles, sino al tener el mayor territorio de la selva amazónica, considerado el pulmón vegetal del planeta. No obstante, hubo un país que no firmó el acuerdo, y también posee una parte considerable de la Amazonía: Venezuela.

De acuerdo con diversas organizaciones ambientalistas venezolanas, la falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro responde a los intereses económicos que posee sobre el Arco Minero del Orinoco. Un proyecto de extracción de minerales en pleno corazón del estado Bolívar, y que ha sido ampliamente denunciado como un ecocidio.

Visibilizar el problema

A través de su cuenta de Twitter, la organización SOS Orinoco compartió un video en el que se ve la actividad en la mina de Campo Carrao. Este se ubica en el área del Parque Nacional Canaima y a apenas 24 kilómetros del Salto Ángel. “COP26 ayúdanos a visibilizar la Amazonia venezolana, en donde Nicolás Maduro sigue saqueando el oro de sangre en el sur de Venezuela”, escribió

Por “oro de sangre”, hacen alusión al mineral extraído de manera irregular bajo condiciones de trabajo inhumanas, además de un ambiente de violencia, enfrentamientos armados y asesinatos. Es similar al término “diamantes de sangre” acuñado en las minas ubicadas en zonas de guerra de África.

Por su parte, la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco también publicó un mensaje en Twitter. En él mencionó el acuerdo contra la deforestación celebrado en Glasgow, Escocia. Rechazó que Venezuela no esté entre los 16 países latinoamericanos firmantes. “El gobierno apunta al oro de sangre de bosques, fauna y gente del Arco Minero”, comentó.

A propósito del llamado de SOS Orinoco, la organización no gubernamental Provea también se pronunció contra lo que denominó “el proyecto más depredador que tiene Venezuela en su historia”. Indicó que además de provocar un fuerte daño ambiental, el Arco Minero también vulnera los derechos humanos de las comunidades indígenas de Canaima, quienes son sometidos a la esclavitud por los grupos armados que operan allí.

El director del Despacho de la Presidencia interina de Juan Guaidó, Luis Somaza, también condenó en un comunicado la devastación provocada por el proyecto minero. Aseguró que la presencia de grupos armados irregulares ha provocado un aumento de la criminalidad en Bolívar, así como el desplazamiento forzoso de sus habitantes. “La dictadura tiene años utilizando nuestro oro para el contrabando, así como explotando y asesinando a nuestros indígenas”, declaró.

También aseguró que una comisión de la Asamblea Nacional electa en 2015 remitirá al COP26 un reporte con los compromisos de Venezuela con el Acuerdo de París y los desafíos actuales.

¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

Arco Minero del Orinoco: grupos ambientalistas piden a la COP26 pronunciarse sobre el ecocidio en Venezuela
Foto: Cortesía Transparencia Venezuela

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco fue creada por Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016. Su promulgación figura en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855. Abarca un extenso territorio de 111.843,70 kilómetros cuadrados del norte de Bolívar y parte de Amazonas. Aunque se estima que solo 5% está bajo régimen de explotación. Está dividido en cuatro áreas donde se extrae principalmente oro, bauxita, cobre, diamante y coltán.

Comparte territorio con la Faja Petrolífera del Orinoco, otro proyecto ideado en 2012 por el expresidente Hugo Chávez para la extradición de petróleo pesado. Actualmente ambos planes forman parte de la Agenda Económica Bolivariana. De acuerdo con la propia página web del Ministerio de Desarrollo Minero, “garantizará el aprovechamiento integral de las grandes riquezas naturales, pero respetando el ambiente y a las poblaciones de las zonas mineras, criollas e indígenas”.

A pesar de ese precepto ecológico y humanista, la realidad del Arco Minero es otra. Una gran cantidad de organizaciones ambientalistas, así como instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y la Sociedad Venezolana de Ecología, han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la ejecución del proyecto, así como la deforestación y contaminación indiscriminada sin cumplir ningún tipo de protocolo ambiental. Esto peligrosamente cerca del Parque Nacional Canaima, afectando el patrimonio natural y cultural del país.

Si bien el Estado es el principal responsable, en la práctica las minas están bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Incluso dispone de su propia unidad especial asignada. No obstante, es conocida también la participación de empresas privadas de capital extranjero, principalmente rusas, chinas y canadienses.

Múltiples organizaciones han denunciado que muchas minas actualmente están ocupadas por bandas criminales organizadas. Igualmente hay presencia de guerrillas colombianas como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También denuncian que serían estos últimos grupos los responsables del contrabando de oro, así como de asesinatos, extorsiones y crímenes de lesa humanidad. Todos cometidos bajo el amparo de los militares venezolanos.

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