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- Alí Daniels, abogado y director de la asociación civil Acceso a la Justicia, explicó para El Diario que si el régimen de Nicolás Maduro quiere cumplir con su compromiso ante la CPI, debe juzgar a la cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad
Con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación formal al régimen de Nicolás Maduro por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad, se abre una gran interrogante: ¿Qué podría suceder en el nuevo procedimiento? Para responder la pregunta, El Diario conversó con Alí Daniels, abogado y director de la asociación civil Acceso a la Justicia.
Para Daniels, que el proceso haya avanzado es una “derrota” para el régimen chavista. Esto debido a que durante la fase 3 del examen preliminar, de admisibilidad del caso, al aparataje del régimen intentó impedir que se llegara a la siguiente fase interponiendo recursos -los cuales no fueron admitidos por la CPI-, o juzgando a responsables subalternos.
“Tenemos que entender que el objetivo del gobierno, y lo dijo públicamente el señor Tarek William Saab (fiscal de la República afín al chavismo), era decir que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para pasar a la fase de investigación. Hicieron todo lo posible. Recordemos el recurso que en marzo de este año interpuso la Fiscalía de Venezuela para impedir que la señora Fatou Bensouda (exfiscal de la CPI) cerrara el examen preliminar. Es decir, tanto por activa como por pasiva, ha estado la estrategia del gobierno de decir que no se debía pasar a la fase de investigación. De tal manera que el solo anuncio, en sí mismo, es una derrota para ellos”, opinó Daniels.
El director de Acceso a la Justicia comentó que el avance de la CPI demuestra que en Venezuela se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y no solo de violaciones de derechos humanos, como únicamente ha reconocido el régimen en algunos casos. Asimismo, evidencia que dichos crímenes no han sido juzgados de acuerdo con los estándares de la Corte, la cual exige a los máximos responsables de esos hechos.
Fases del examen preliminar
El examen preliminar de la Corte Penal Internacional consta de 4 fases. En la fase 2, la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. En la fase 3, se concentra en valorar la admisibilidad y, finalmente, en la fase 4, evalúa el interés de la justicia. n
¿Qué pasará con la justicia venezolana?
En su visita a Venezuela, el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmó un memorando con Maduro. Si bien bajo la narrativa del régimen este documento es un acuerdo amistoso que lo beneficia, en realidad Daniels apunta que es un trámite enmarcado en el derecho internacional y que establece claramente lo que deja tareas pendientes al Estado venezolano para hacer justicia con las víctimas.
En el memorando, el régimen se comprometió a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de conformidad con los estándares internacionales, con el apoyo y participación activa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
Conforme con el Estatuto de Roma, el tratado internacional que contiene las normas que regulan el funcionamiento de la CPI y al cual está suscrita Venezuela constitucionalmente, la Corte tiene como misión juzgar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos.
En consecuencia, y aunado al memorando, Daniels resalta que en caso de que el régimen quiera cumplir con el compromiso de hacer verdadera justicia, la fiscalía venezolana debe investigar y procesar a las cadenas de mando responsable de los crímenes. Algo que, por otra parte, considera que es poco probable que suceda.
“Debido al memorando de entendimiento, se le está dando la posibilidad al gobierno de que efectivamente sancione a los culpables. Eso solo si se hace de acuerdo con los estándares internacionales y bajo la supervisión del propio fiscal de la CPI. Estas son unas exigencias que para el gobierno son inéditas, en la medida que en Venezuela no ha habido ni siquiera una investigación de las cadenas de mando. Ahora, eso es lo que falta determinar, cuánto tiempo le va a dar el fiscal al gobierno venezolano para que demuestre -a lo mejor le da años, pero quizás no, no lo sabemos-, que está haciendo juicios de acuerdo con los estándares internacionales. A partir de ahí, la fiscalía determinará si hay voluntad de juzgar a los responsables o no”, explicó el director de Acceso a la Justicia.
La CPI es tajante al señalar que no hay plazos establecidos para la duración de un examen preliminar.
¿Qué pasará con las víctimas?
Aunque poco previsible en el caso venezolano, el proceso podría detenerse solo si se hace justicia con base en los estándares internacionales. Y eso, además de perseguir y enjuiciar a los responsables de los crímenes, también debe incluir la justicia para las víctimas. Por lo tanto, Daniels considera que si el régimen chavista quiere cumplir su compromiso, debe tomar medidas inmediatas como la liberación de presos políticos.
“Si se va a mejorar la justicia en Venezuela, eso quiere decir que aquellas personas que son perseguidas o que están detenidas arbitrariamente, salgan libres. Pero en este caso, por ejemplo, más bien lo que ha habido es más persecución, y lo tenemos en el caso del compañero Javier Tarazona (director de la ONG Fudaredes). Ahí vemos cómo esta supuesta mejora no ocurre, cuando una persona como él sigue detenido y se le impidió nombrar el defensor de su preferencia. Las mejoras no solo implica el juzgamiento de personal subalterna, sino también la liberación de quienes están injustamente detenidos y el enjuiciamiento de las cadenas de mando”, comentó el director de Acceso a la Justicia.
Por otra parte, el abogado aclaró que el sistema de protección de las víctimas solamente empieza a funcionar a partir de que el caso es presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo. Es decir, habría que esperar hasta que la CPI establezca los responsables de los crímenes de lesa humanidad y, solo en ese caso, esperar algún tipo de protección a las víctimas.
“De todas maneras, debemos recordar que muchas de las víctimas han tenido que huir del país. Eso, que es una tragedia, en este caso es un beneficio porque permitiría dar seguridad a las víctimas de que no van a ser objeto de un acto represivo por parte del Estado venezolano”, añadió Daniels.
¿Qué pasará si el régimen se niega a cooperar?
A pesar del compromiso de cooperación del régimen chavista de cumplir con el Estatuto de Roma, eventualmente podría negarse a facilitar la investigación a la CPI. De acuerdo con Daniels, esto dificultaría la consecución de elementos probatorios, especialmente en los casos en los que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad todavía están en Venezuela.
No obstante, el abogado aclara que la cooperación del Estado no es indispensable para que la Fiscalía de la Corte avance. Para ello tendría que obtener una autorización especial de la Sala de Cuestiones Preliminares, que emitiría si esta determina que el Estado es incapaz de ejecutar la solicitud de cooperación.
El abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba, explicó en un texto que el artículo 87(7) del Estatuto prevé que la Sala de Cuestiones Preliminares remita ese fallo a la Asamblea de Estados Partes, cuya facultad está limitada a señalar públicamente para que la denegación de cooperación tenga un costo político.
Antes de tomar cualquier decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá oír a las autoridades del Estado involucrado. No obstante, Venezuela tiene suspendido el derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes adeuda más de 8 millones de dólares de contribución ante la CPI.
En lo inmediato, el abogado especialista en derecho internacional explicó que el régimen de Maduro puede solicitar que se difiera la investigación por seis meses. Tiene un plazo de un mes, contado desde el miércoles 3 de noviembre, para hacer esa solicitud.
¿Qué pasará con la ayuda internacional?
Durante la investigación, añade De Alba, la Fiscalía también puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales. En este sentido, Daniels sostiene que es de mucha ayuda el trabajo que realizó previamente la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.
“El trabajo de la misión se parece más a un trabajo de la Fiscalía. Es decir, recopilar testimonios, casos concretos, nombres de posibles responsables. En ese informe hay un relato muy parecido a un investigador criminológico, y se recopiló con testimonios directos de las víctimas”, comentó Daniels.
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¿Qué pasará con los responsables de los crímenes?
En su artículo, De Alba también explica que si la Fiscalía decide avanzar con sus indagaciones, entonces debe ampliar “tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” y respetar “los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos”. El Estatuto prevé que la persona que esté siendo investigada no debe ser obligada “a declarar contra sí misma ni a declararse culpable”, teniendo derecho a “guardar silencio” y “ser asistida de un abogado defensor”.
La Fiscalía de la CPI puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. De acuerdo con la explicación de De Alba, esta comparecencia se dicta “cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte”. La orden de detención, por su parte, se emite “cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.
De Alba, citando el Estatuto de Roma, explica en su artículo que la ejecución de las órdenes de detención es responsabilidad de los Estados Parte. Es decir, la ejecución depende de la cooperación de los Estados con la Corte. Ejemplificó que la CPI señaló por genocidio al expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, y emitieron una orden de arrresto en su contra en 2009.
Cuando fue presidente, al-Bashir nunca fue detenido y enviado a la Corte porque se limitó a viajar dentro de su país o a otros en los que sabía que no lo iban a capturar.
También explica que los responsables pueden entregarse ante la Corte o ser extraditados. Sin embargo, en el caso venezolano la Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales. Aunque De Alba señala que no es descartable que un juez venezolano eventualmente considere la distinción entre “entrega” y “extradición” como una “minuciosidad”.
