• La oposición chilena votó a favor de la acusación constitucional, y ahora quedará en manos del Senado decidir si destituyen al presidente. La decisión sacudió la ya polarizada campaña presidencial, y los principales candidatos se reparten acusaciones de intereses políticos. Foto principal: EFE

Con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes 9 de noviembre la acusación constitucional –como se le llama al juicio político en ese país– contra el presidente Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta de la mina Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora. Ahora el Senado deberá decidir si destituye al presidente, en una votación que se prevé más difícil para la oposición.

En una maratónica e inusual sesión que duró 22 horas, el congresista socialista Jaime Naranjo realizó una presentación de 14 horas y 20 minutos con la lectura de 1.300 páginas para lograr alargar la discusión a la madrugada, hasta que venciera la cuarentena por covid-19 de otro congresista y este pudiera llegar a dar su voto clave para sacar adelante la acusación constitucional. Naranjo, de 70 años de edad, solo tomó agua, comió pasas y paró en un par de ocasiones para ir al baño.

Congreso de Chile aprueba celebrar juicio político para destituir a Sebastián Piñera
El diputado socialista Jaime Naranjo habló durante casi 15 horas en el Congreso. Foto: Agencia Uno.

“Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República había sido acusado por dos cosas tan graves como son violar los derechos humanos y haber puesto en duda el honor de la Nación”, justificó el parlamentario para iniciar su largo discurso.

Luego del intento fallido en el contexto de las masivas protestas en 2019, los congresistas opositores buscan sacar del cargo a Piñera por segunda vez. El presidente seguirá cumpliendo sus funciones pero no podrá salir del país.

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Mientras Naranjo hablaba, el también diputado del partido izquierdista Revolución Democrática, Girogio Jackson, transmitía en sus redes su viaje por carretera hacia el Parlamento, en Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital, Santiago. Su voto era indispensable para asegurar la mayoría necesaria, pero estaba en cuarentena obligatoria debido a que fue contacto estrecho del izquierdista radical Gabriel Boric, uno de los candidatos presidenciales más populares. Justo a la medianoche salió hacia el Congreso. Jackson es  jefe político de la campaña de Boric, por lo que el bloque de la centroderecha y de la derecha atañe el proceso a una jugada política.

A la 1:21 am, Jackson entró al Congreso. Cuatro minutos después, Naranjo terminaba sus más de 14 horas de discurso. Los parlamentarios opositores se sacaban selfies con él para celebrar el inicio del proceso contra el presidente. “¿Tiene mucha sed? ¿Comió?”, le preguntaron los periodistas a Naranjo tras su largo discurso en la Cámara. “Para nada”, dijo. “Esto hay que entenderlo como un ayuno, un ayuno que hice por las personas a las que se les han negado sus derechos”.

La acusación y la defensa de Piñera

El Ministerio Público de Chile abrió una investigación el 8 de octubre por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera al vender en 2010 su participación en un proyecto de megaminería llamado Minera Dominga.

Esta transacción contenía una condición de pago vinculada a políticas ambientales y fue realizada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de gobierno (2010-2014), según consignaron el 3 de octubre los Papeles de Pandora, publicación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot.

“Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron, en forma consistente y unánime, la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona”, aseguró el presidente.

Piñera reiteró que, desde 2009, antes de asumir su primera presidencia, se desligó de la gestión de sus empresas, que nunca participó en la gestión ni la venta de Minera Dominga y que como mandatario no ha ejecutado ninguna acción en relación con ese proyecto de megaminería. Los Papeles de Pandora consignaron que Piñera vendió su participación en el proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial, Carlos Alberto Délano, en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental -según el ICIJ- algo que no ocurrió pese a que en la zona hay una reserva natural con pingüinos únicos que podrían estar en peligro por la mina.

Estos hechos fueron investigados por la Justicia chilena en 2017 y la causa quedó sobreseída, pero la resolución firmada ahora por el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene que lo revelado en los Papeles de Pandora no está comprendido entre los que fueron indagados entonces.

Se polariza aún más la campaña

La acusación constitucional contra Piñera llega para caldear todavía más la ya polarizada campaña presidencial. Las elecciones, que además renuevan parte del Congreso, se celebrarán el próximo 21 de noviembre en una primera vuelta. Y como era de esperarse, los candidatos han mostrado posturas diametralmente opuestas sobre el juicio político a Piñera.

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Un sector defiende la necesidad de un castigo político. Boric expresó en Twitter: “Con el trabajo periodístico internacional supimos que el presidente Piñera habría realizado transacciones en paraísos fiscales, siendo un proyecto dañino ambientalmente como Dominga, la moneda de cambio. No permitiremos que la máxima autoridad dañe la honra del país”.

Gabriel Boric. Foto: Cortesía Raul Zamora/Aton Chile

Por otra parte, hay quienes consideran que la destitución de Piñera, además de infundada, podría sumergir al país en una inestabilidad política sin precedentes en los últimos años, y recuerda que el mandato de Piñera vence en marzo de 2022. El candidato de extrema derecha y favorito en las encuestas, José Antonio Kast, aprovechó para desacreditar a la clase política. “Esta noche, sin lugar a dudas, será recordada como una de las más infames de la historia de nuestro Congreso. Maniobras políticas, engaños y falso heroísmo para justificar un acto político-electoral sin fundamento”, escribió en la madrugada.

La “maniobra” -como la llamó Kast-, sin embargo, tendría suficiente apoyo popular, de acuerdo con encuestas. La encuesta Pulso Ciudadano, de la consultora Activa Research, mostró que un 67,7 % de los encuestados dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el juicio político, mientras que un 14,9 % “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” y un 17,5 % “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 chilenos apoyan el juicio político contra Piñera.

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Sebastián Sichel, candidato de la centroderecha y cuarto en las encuestas, coincidió con Kast y atizó contra Boric y Yasna Provoste, candidata de centroizquierda y presidenta del Senado. “Se ha abusado de un instrumento constitucional con fines meramente electorales. El liderazgo de Boric y Provoste cayó en el juego por ventajas electorales, seguir desprestigiando nuestra política. Chile necesita estabilidad y ser serios, justo lo que sacrificaron por política”, escribió Sichel.

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