En el penal del Litoral, en el norte de Guayaquil, el tiempo se mide en muertos.
BBC Mundo lo visitó días después de la masacre del 29 de septiembre y días antes de la masacre del 12 de noviembre. Entre una jornada y otra no se detuvieron los enfrentamientos en la penitenciaría.
Entre ambas fechas, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción carcelario (el 29 de septiembre, tras registrarse casi 120 muertes) y un estado de emergencia nacional (el 18 de octubre), pero nada parece funcionar frente a esta ola de violencia.
Las dos jornadas suman casi 190 muertos, entre miembros de bandas criminales que pelean por el control de la prisión, pero también reos comunes, acusados sin sentencia y sentenciados cuyas condenas habían terminado hacía tiempo, como el caso de Jorge Leonardo González.
«Él cayó en octubre del 2020 y lo sentenciaron a ocho meses, el 17 de junio cumplió su condena, pero nunca salió a pesar de los escritos que presentamos», nos dice su viuda, Vanesa Ávila, en su casa del barrio Bastión Popular de Guayaquil, mientras sostiene su foto.
González deja un niño de 11 años con ella y una joven de 15 de una relación anterior. En un escenario tan deshumanizado, su viuda al menos rescata un detalle:
«Gracias a Dios pudimos sacarlo de la morgue entero, no tenía golpes, no tenía nada, ni tortura, sólo tenía un disparo en la cabeza, eso fue todo».
La familia de Jonathan Burbano no tuvo tanta suerte. Su cuerpo presentaba quemaduras en el brazo y en el rostro y estaba, según describe su hermano, «negro de humo».
«Murió por una hemorragia cerebral, como no tenía ni una perforación, ni una cortada, se presume que fue por una explosión de una granada», le dice a BBC Mundo su hermano Alex, mientras camina por el malecón del Salado.
Tanto González como Burbano murieron en el motín del 29 de septiembre, ambos estaban en el pabellón 5 de la penitenciaría que ha puesto a Ecuador en el foco de las noticias internacionales.
«Infierno»
Cuando llegamos a las afueras del penal, una mujer que reparte papelitos con oraciones bíblicas nos entrega uno con el título «Lugar de tormento» que reza «sabía usted que existe un lugar espantoso llamado infierno (San Juan 3:16-17-18)».
Tanquetas blindadas del ejército rodean la cárcel y, ese día, los militares han permitido que algunas mujeres puedan dejar ropa y otros objetos para sus seres queridos.
Una madre se queja de que lo máximo que le han prometido es colocar todo en un depósito hasta que las condiciones sean propicias para entregar las cosas a su hijo.
Nadie está muy dispuesto a conversar con periodistas hasta que un vendedor de frituras y comida rápida, que lleva desde los 7 años trabajando en los alrededores de la cárcel, nos cuenta cómo viven los familiares de los presos cada día entre masacre y masacre.
«Aquí en la peni(tenciaría) todos me conoce como El Chino, además de vender comida le doy cuidando sus pertenencias a la visita, cuando vienen. Ahora la visita tiene miedo de venir aquí y hay internos que no quieren que vengan, pero las madres que tienen sus hijos ahí adentro son las que vienen y las que más sufren aquí afuera».
Al Chino lo que más le duele son los presos que no tienen sentencia firme y mueren en enfrentamientos que ni siquiera entienden:
«Aquí hay harta gente inocente, hay personas que están unos 8 o 10 meses sin sentencia, que están ahí por gusto, prácticamente; pero cuando comienzan estas cosas cae el que es y el que no es».
Según informó la periodista Karol Noroña en el medio ecuatoriano GK, el 70% de los presos no tiene una sentencia ejecutoriada «y vive en condiciones precarias, indignas, inhumanas». El hacinamiento llega al 52%.
80 vs. 8000
Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, provincia donde se encuentra el penal, señala que el gobierno ecuatoriano combate el hacinamiento de tres formas: a partir del traslado de internos a otros penales, con indultos y con la deportación de presos extranjeros.
El gobernador explica a BBC Mundo que actualmente el penal del Litoral tiene aproximadamente 8.000 presos divididos en 12 pabellones, entre 600 y 700 presos por pabellón.
«¿Cuántos efectivos del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) están controlando esa penitenciaría? Diría que unas 80 personas o menos, designados para custodiar 8.000 reos».
Arosemena añade que los agentes penitenciarios, además, por ley, están desarmados, y deben enfrentar a bandas que «han logrado camuflar y meter armas en ese recinto penitenciario».
Estas bandas criminales locales -como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones- se disputan territorios al interior y al exterior de la cárcel, así como los favores de carteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y la distribución de estupefacientes dentro y fuera de Guayaquil.
Arosemena sostiene que el gobierno ha adquirido un escáner para detectar el ingreso de este armamento al penal, que podría llegar a Ecuador antes de fin de año, pero ¿cómo entraron hasta hoy a la penitenciaría esas armas, como la granada que habría matado a Jonathan Burbano?
Para Abraham Correa, ex oficial de la policía y experto en temas carcelarios, la corrupción ha contribuido a que hoy «las cárceles estén controladas por los internos».
«Los líderes de estas bandas delincuenciales locales, que son parte de estas organizaciones internacionales del narcotráfico, han ingresado un armamento que es mejor que el que tiene la policía; entonces la corrupción de estos centros penitenciarios es otro elemento más a tener en cuenta», le dice a BBC Mundo desde una urbanización privada en Samborondón.
Arosemena responde que el enemigo no está dentro del estado de derecho: «El enemigo está bien identificado, está afuera, pero claro nos corremos el riesgo de que pueda haber algún tipo de contaminación, por eso hay que actuar».
Condolencias y divergencias
A través de su cuenta en la red social Twitter el presidente Lasso expresó sus más sinceras condolencias a las familias de los presos que perdieron a sus seres queridos, pero utilizó el mismo tuit para decir que no es posible garantizar el derecho a la vida «si la fuerza pública no puede actuar para proteger».
Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 13, 2021
Este reclamo es parte de un enfrentamiento entre el mandatario y la Corte Constitucional del Ecuador, tras la declaración del estado de emergencia. El gobierno había solicitado dos meses, mientras que el tribunal lo limitó a uno.
Además, el estado de emergencia permitió que efectivos de las fuerzas armadas contribuyeran a tareas de seguridad interna, junto con la policía, en las calles del país.
Pero en lo que se refiere a los centros penitenciarios, la Corte Constitucional determinó que el accionar militar se limite al perímetro exterior de los penales, incluyendo el primer filtro de ingreso a los recintos.
Tras la última masacre, el mandatario indicó que «este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos».
Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 13, 2021
El tribunal no tardó más de 24 horas en responderle: «La Corte Constitucional del Ecuador rechaza las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo, pretendiendo así evadir sus propias responsabilidades».
Fernando Recalde, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo a BBC Mundo durante un operativo militar en las calles de Guayaquil que las fuerzas armadas están subordinadas al ente gubernamental donde este lo disponga:
«En la penitenciaría nosotros tenemos el control del perímetro externo, como fuerzas armadas nos han dado esa tarea, yo le puedo indicar que en el perímetro exterior no hemos tenido visos de que personas privadas de libertad traten de fugarse».
Pero la asambleísta guayaquileña del movimiento Pachakutik, Patricia Sánchez, explica que los enfrentamientos responden a otra lógica que no es la fuga.
«La penitenciaría es la oficina donde ellos resuelven lo que pasa afuera en la ciudad».
«Nos matan si no llegan»
El motín del 29 de septiembre que le costó la vida a Jorge Leonardo González y a Jonathan Burbano no fue el primero que debieron sufrir en 2021. En febrero murieron 79 personas en distintas cárceles ecuatorianas y en julio 22.
«Mi hermano estuvo en los amotinamientos de febrero y julio, por eso sentía esa preocupación y pedía a mi mamá que oren por él, porque presentía que en algún momento lleguen y los maten a todos», recuerda Alex Burbano.
La noche del 29 Jonathan llamó a su madre desde la cárcel y le dijo que aún seguía vivo, pero no cortó el teléfono. Su madre se quedó escuchando por varios minutos los disparos y las explosiones hasta que murió la llamada.
«Tratamos de que mi mamá no entre a la morgue porque ya esos sonidos de ese martes fueron traumáticos. Además, fuera de la morgue, el guardia gritaba el nombre de los fallecidos como que estuviera en un mercado, como que estuviera vendiendo algo», dice Alex.
La mañana del mismo día 29, Jorge habló con Vanesa.
«Me llamó a las 6 de la mañana con tanta insistencia que me sorprendió, porque él siempre sabía escribir 7:30 u 8 de la mañana. Me preguntó por qué todavía no lo despachaban y yo le dije que no se preocupara, que había puesto un escrito, que si Dios quiere y no pasa nada ya esta semana sale».
Esta misma angustia se repitió en este último motín cuando los internos dejaron mensajes en los teléfonos de familiares e incluso de algunos periodistas locales.
«Eran las 9 y 21 de la noche del viernes al 13 de noviembre de 2021. A mi celular llegó una nota de voz que decía: ´Quiero que me haga un favor, quiero que manden la ley, que llamen militares, todo lo que es policía, porque hoy nos matan si no llegan», escribió Karol Noroña.
Pero unos 68 presos murieron sin que la ayuda llegara. Algunos de sus mensajes fueron incluso transmitidos en vivo por las redes sociales.
El papelito con frases bíblicas que entregaron a BBC Mundo en el penal dice que «en el infierno el fuego nunca se apaga (Marcos 9.48-49)», pero los evangelistas no fueron los únicos que se animaron a describir este lugar.
Dante Alighieri, el escritor florentino, imaginó en el medioevo una puerta que tenía escrita en palabras color negro una frase que también podría aplicarse al penal del Litoral.
«Toda esperanza déjenla en la entrada».
