• La Corte Constitucional de Colombia debe decidir antes del 19 de noviembre si se admite la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente, el aborto es legal en ese país solo bajo tres causales. Fuera de ese marco legal es un delito según el Código Penal

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de derechos humanos. Eso lo tienen claro las organizaciones que exigieron a la Corte Constitucional de Colombia la despenalización del aborto. 

Parte de los argumentos es que la legalidad de este procedimiento bajo las tres causales que están permitidas en Colombia desde el año 2006 no son suficientes. Estas excepciones son: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto o si hay malformación del feto. 

El movimiento Causa Justa, que agrupó a más de 45 organizaciones de defensa de derechos humanos, exigió la despenalización del aborto ante la Corte. 

La fecha límite que tiene el organismo judicial para pronunciarse es este jueves 18 de noviembre, luego de más de un año de discusión. El aborto en Colombia será despenalizado si cinco de los nueve magistrados votan a favor en cualquiera de los debates de las dos demandas presentadas ante la Corte de forma independiente pero con el mismo fin.

Países del Latinoamérica donde esta despenalizado Actualmente en Cuba y Argentina el aborto está totalmente despenalizado. En otros países, está permitido por razones socioeconómicas, para salvar la vida de la madre o preservar la salud. El Honduras, El Salvador, Curazao, Jamaica, Nicaragua y Suriname el aborto está prohibido en su totalidad.

¿Cómo empezó todo? 

En el año 2006, la Corte Constitucional legalizó  el aborto en Colombia solo para tres motivos. Si la interrupción del embarazo no se aplica dentro de este marco legal, la persona gestante o quien practique el procedimiento se enfrenta hasta a 54 meses de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. 

El 1º de septiembre de 2020, el abogado Andrés Sánchez Molina  introdujo la primera acción judicial ante la Corte Constitucional. Una semana después, lo mismo hizo el movimiento Causa Justa. Ambas peticiones fueron presentadas de manera independiente pero tienen el mismo objetivo: la despenalización total del aborto en Colombia. 

Foto de Keyth Montaña / Causa Justa por el Aborto

Las demandas serán presentadas por el magistrado Alberto Rojas y por el propio presidente del Constitucional, Antonio José Lizarazo.

¿Por qué exigen la despenalización del aborto? 

Las organizaciones que forman el movimiento Causa Justa afirman que existen varios motivos por los cuales el aborto debe ser despenalizado en Colombia.

El Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, miembro del movimiento Causa Justa, indica que existen varias barreras que afectan el acceso de las mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Uno de los argumentos es que el hecho de que el aborto aparezca como delito en el Código Penal, a pesar de la legalización bajo tres causales, genera confusión y no permite distingir entre lo que está permitido y lo que no. Además, señala que bajo el marco legal actual, la decisión sobre si alguien puede o no acceder al aborto recae en un juez o un médico, no en la persona gestante.

Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, afirma que esta decisión corresponde a la mujer. 

Otro de los argumentos es el desconocimiento de la propia población sobre quiénes pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y quiénes no. 

Muchas mujeres no saben cómo acceder al aborto incluso cuando su caso está dentro de una de las causales. Ya que la penalización parcial del aborto dificulta el acceso a la información de calidad sobre el procedimiento”, dice Caludia Moya, gerente regional del Centro de Derechos Reprodictivos, en un video publicado en Twitter.

También las organizaciones denuncian que las mujeres que buscan realizarse un aborto bajo las causales permitidas son estigmatizadas y maltratadas. Lo que refuerza estereotipos de género que, a juicio del Centro de Derechos Reproductivos, las más afectadas son mujeres que viven en zonas rurales, las niñas y adolescentes.

Otro factor es que las mujeres que acceden al aborto son denunciadas y judicializadas. De acuerdo con los datos de  la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, desde 1998, y hasta ahora, hay más de 5.000 casos por el delito.

A partir del año 2006 con la legalización de las tres causales se registró un aumento de casos de mujeres denunciadas. De al menos 48 denuncias al año, la cifra aumentó a 400. Hay un total de 374 condenas, de las cuales 81 corresponden a casos de niñas y adolescentes.

Debido a la dualidad del aborto como delito y también como procedimiento de salud, ha generado que muchos hospitales se nieguen a realizar estos procedimientos. Además, algunos médicos deciden no realizar abortos por hacer uso del derecho de “objeción de conciencia” o por miedo a recibir sanciones penales. 

Foto EFE

El aborto como derecho humano

En el año 2018, el Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que los Estados deben actuar para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo. 

Se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a la anticoncepción moderna, lo que a menudo lleva a embarazos no deseados. Para las niñas, los problemas derivados del embarazo y del parto son algunas de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo, y las menores de 15 años corren cinco veces más riesgo”, afirmaron los expertos del grupo de trabajo en un comunicado para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro el 28 de septiembre.

De acuerdo con los estudios del grupo de trabajo de la ONU, las leyes que regulan el aborto están diseñadas para controlar la toma de deciones de las mujeres a través de la ley penal. Además, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a estos procedimiento, al contrario, se incrementa el número de personas que recurren a abortos clandestinos e inseguros. 

En el año 2014, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), de las Naciones Unidas en su revisión sobre derechos sexuales y reproductivos, recomienda a los Estados que eliminen cualquier ley punitiva hacia las mujeres que se han sometido a abortos. La convención señala que negar el acceso a la interrupción del embarazo a mujeres que han sido víctimas de violación, incesto o cuya vida corra peligro constituye una violación a los derechos humanos.

En el caso de Colombia, la legalización de tres causales ha implicado barreras, estigmas, maltratos y confusión para acceder al aborto. Esto afecta los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer.

Noticias relacionadas