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- Actualmente un panel de 12 expertos trabaja para que este término sea reconocido por la Corte Penal Internacional y que los autores de crímenes medioambientales sean juzgados
El ecocidio es un término que cada vez ha tomado más fuerza en la búsqueda de establecer responsabilidades individuales para personas u organizaciones que perjudican el medio ambiente.
Gustavo Carrasquel Parra, director de la organización venezolana Azul Ambientalista, define el ecocidio como un neologismo que, en principio, hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado con consecuencias a escala global.
La palabra se usó por primera vez hace unos 40 años, en la primera Cumbre Ambiental de Naciones Unidas en Estocolmo de 1972.
En ese momento, el primer ministro sueco, Olof Palme, acusó a Estados Unidos por el uso de los productos químicos durante la guerra de Vietnam.
Aunque ese fue el primer escenario, algunos especialistas consideran que los actos cometidos durante la guerra, que si deben ser llevados ante la ley y calificados como crímenes contra la paz, no son el objetivo principal por el cual se quiere tipificar el ecocidio en muchos países.
En Venezuela, por ejemplo, se aplica el concepto de ecocidio para calificar la situación en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, respecto a la explotación del territorio para la extracción minera.
La Unesco lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Sin embargo, la minería ilegal se intensificó.
En 2020, de acuerdo con cifras de la ONG SOS Orinoco, existen 59 sectores mineros y la extracción de oro creció un 78 %.
La inacción del régimen de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad minera constituyó una alarma para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa el patrimonio natural en peligro.
Canaima entró a la lista de “preocupación significativa” con una alerta naranja en 2017.
A pesar de esto, SOS Orinoco considera que esta área natural sea recategorizado como “en peligro crítico” según los criterios de la UICN.
Esta sería la única opción ante la falta de legislación nacional o internacional que pudiera impulsar la activación de una alerta roja y un llamado a las autoridades del régimen de Maduro en “favor de la conservación”.
¿Qué impide que el ecocidio sea considerado un crimen internacional?
La razón principal por la que todavía el uso de este término sigue siendo un debate extenso es porque, en la mayoría de los casos, no se trata solo de individuos, sino que muchos delitos que podrían entrar dentro del espectro del ecocidio y la participación o culpa en ellos todavía no se ha definido.
Además, otro de los factores a la hora de establecer responsabilidades es que si bien está claro que se enjuciaría a cualquier individuo que cometa un daño irreversible a la naturaleza, ¿hasta qué punto se va a determinar la negligencia de los acusados?
Rodrigo Lledó, experto en derecho internacional y presidente de la Fundación Baltasar Garzón, explicó para El País por qué sigue siendo un debate muy extenso cuando se aplica el término del ecocidio:
“¿Qué ocurre con desastres medioambientales que se producen por una negligencia extrema? Una presa construida con materiales de mala calidad puede producir un ecocidio. O una empresa minera que construye una balsa con materiales tóxicos sin tomar las medidas de seguridad adecuadas también puede provocar un desastre. ¿Supuestos como estos van a formar parte del delito de ecocidio? Es el debate que estamos teniendo actualmente”.
¿Qué se está haciendo con los delitos medioambientales?
Existen movimientos de conglomerados de expertos y activistas ambientales que están trabajando para que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI), sea modificado e incluya entre sus crímenes al ecocidio.
Pero, a pesar de que esto ocurra, la posibilidad de obtener respaldo de todos los gobiernos resultaría dificultoso, especialmente si se toma en cuenta el hecho de que un gran número de países no reconoce a la CPI ni acepta su jurisdicción.
Ante esta situación, los movimientos que buscan erradicar el ecocidio (Eradicating ecocide, por su traducción del inglés) apuestan por llegar a una definición más limitada, pero que tenga más posibilidades de ser adoptada por la mayoría de los países.
Por eso, mientras eso sucede, el derecho internacional ya cuenta con algunas experiencias de evaluación de estos delitos medioambientales. De hecho, en la actualidad, la CPI puede examinar casos de destrucción del medio ambiente pero por el daño que provoca sobre los seres humanos. Uno de los casos más recientes fue la denuncia presentada contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por los incendios y la deforestación del Amazonas.
¿Por qué es importante que el ecocidio sea considerado un crimen?
El abogado Rodrigo Llegó, en una entrevista para BBC Mundo, considera que es importante reconocer el ecocidio como un crimen debido a la emergencia climática del mundo en la actualidad.
Llegó también enfatiza que la sociedad todavía se encuentra muy lejos de considerar el ecocidio como un crimen internacional y su aprobación solo depende de los Estados miembros de la CPI.
Asimismo, las razones y los intereses de muchos países son muchas.
Por ejemplo, un país podría no estar de acuerdo para no perjudicar la producción de grandes empresas multinacionales y que las mismas tengan que modificar su sistema de producción para evitar seguir contaminando el ambiente.
Por esa razón, en el borrador que se va a introducir ante la CPI, se tiene planteado la posibilidad de que exista un periodo de transición y que las compañías puedan tener un plazo para que se adecúen.
“La idea no es criminalizar a las empresas porque sí, sino por el riesgo que entrañan”, agregó el abogado.
Aunque los juristas se muestran esperanzados, pero tienen claro que el camino para que este delito llegue a la CPI no será sencillo. A juicio de Llegó, sería un paso muy importante, pero apuesta por iniciativas como un tribunal medioambiental o una convención internacional vinculante.
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