- Human Rights Watch publicó un informe que documenta los bloqueos en redes sociales por parte del presidente de El Salvador, así como de otros funcionarios e instituciones del Estado. Señalaron que puede ser parte de una estrategia para silenciar a los críticos. Foto principal: Getty Images
Human Rights Watch (HRW) identificó el bloqueo de 91 cuentas críticas con el gobierno de El Salvador, la gran mayoría de ellas en Twitter, por parte del presidente Nayib Bukele y otras autoridades de ese país. De acuerdo con un reciente informe de la ONG, estos bloqueos “constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público”.
Desde el inicio de su gobierno, Bukele utiliza sus redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales. Entre ellas, despidos y órdenes directas a funcionarios del Estado, así como también medidas para hacer frente a la pandemia del covid-19 en el país. Como señala HRW, “su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”.
De acuerdo con el documento, las cuentas bloqueadas van desde periodistas, abogados y activistas, hasta ciudadanos comunes. Si bien alertan que la mayoría han sido bloqueados por Bukele, otras instituciones gubernamentales como la oficina de la Casa Presidencial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones, también se unieron a los bloqueos.
“Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, lo cual viola la libertad de prensa”, añadieron.
Cumplir con estándares
Los bloqueos del gobierno salvadoreño avanzan en medio de la discrecionalidad del Estado. HRW aseguró que en octubre de 2021 solicitó información a la Presidencia sobre la cantidad de personas que habían sido bloqueadas en Twitter y Facebook por el presidente Bukele, el vicepresidente Félix Ulloa y las cuentas institucionales, y ninguno ofreció respuesta.
HRW obtuvo la información luego de pedir a usuarios de Twitter que enviaran capturas de pantalla para demostrar que el presidente Bukele o algún otro alto funcionario salvadoreño los había bloqueado. En respuesta, 81 personas compartieron las imágenes.
Esta práctica del gobierno salvadoreño coincide con las prácticas de funcionarios venezolanos. Entre ellos, el fiscal general afín al chavismo, Tarek William Saab. A través de su Twitter, Saab emite y comparte órdenes judiciales. Varios ciudadanos, entre ellos periodistas, han informado que están bloqueados por el fiscal. De momento HRW no ha emitido ningún informe sobre eso.
Deriva autoritaria
Esto, a su vez, es solo otro indicio de la deriva autoritaria que ha tomado en el último año la Administración de Bukele.
Como ejemplo de ello, HRW ha documentado que el gobierno salvadoreño ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) —responsable de implementar la Ley de Acceso a la Información Pública— al aprobar reformas al reglamento de esta ley que limitan la autonomía del organismo. El gobierno también destituyó a una comisionada del IAIP que criticó la falta de transparencia del gobierno.
Asimismo, Bukele presentó un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” ante la Asamblea Legislativa para regular el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del extranjero. De aprobarse el proyecto, “limitaría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos”, comentó Human Rights Watch en su informe.