• Con la salida del aire de Astro 97.7 FM y Kalor 101.9 FM en Portuguesa, suman 10 emisoras cerradas bajo procedimientos de Conatel durante el año 2021. A esto se le agrega el retiro de programas informativos y de opinión, así como un férreo control de sus contenidos 

La radio es uno de los medios de comunicación más afectados por la censura en Venezuela. Así lo reflejan cada año informes de diferentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Un ejemplo reciente de esta situación ocurrió en el estado Portuguesa, con el cierre por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de las emisoras Astro 97.7 FM y Kalor 101.9 FM.

En un comunicado, la seccional Portuguesa del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) indicó que la noche del 27 de diciembre de 2021, Conatel notificó el cierre de Astro 97.7 FM, ubicada en el municipio Ospino. Horas después, en la mañana del 28 de diciembre, los funcionarios asistieron a la sede de Kalor, en la ciudad de Acarigua. Ambas emisoras pertenecen al locutor Carlos Barrios, actual alcalde de Ospino. Ya el ente regulador había realizado una inspección de más de 10 horas a Astro el 14 de octubre de 2021, durante la campaña para las elecciones regionales donde Barrios resultó electo por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El CNP agregó que la orden de Conatel obedecía al presunto vencimiento de la concesión de la emisora para usar el espacio radioeléctrico. “La mayoría de las estaciones radiales del país con más de 20 años se encuentran en las mismas circunstancias porque la renovación de las licencias ha pasado a ser una decisión discrecional de quienes hoy nos gobiernan”, comentó.

Hasta el momento tres emisoras han salido del aire en Portuguesa en lo que va del año 2021. El 15 de octubre, un día después de la inspección a Astro, Conatel cerró Genial 89.9 FM, una de las estaciones más importantes de la capital, Guanare. Durante el procedimiento, confiscaron el transmisor, computadoras y micrófonos de la sede. 

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Ataques sistemáticos

Exterior de la emisora Astro, en Ospino. Foto: Cortesía El Pitazo

Desde el año 2009 la organización no gubernamental (ONG) Espacio Público ha registrado más de 190 cierres de emisoras radiales en Venezuela. “La no renovación de concesiones es una medida restrictiva utilizada con frecuencia por Conatel para limitar el uso del espacio radioeléctrico por medios de comunicación que no están alineados con el oficialismo. Estas prácticas aparentan legalidad según la normativa venezolana pero son contrarias a estándares internacionales y afectan gravemente el derecho a la libertad de expresión a través del cierre indirecto de medios”, explicó en una nota de prensa.

En su informe Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, la ONG señaló que durante el año 2020 Conatel cerró 18 estaciones radiales. Gran parte estaban ubicadas en el interior del país. De igual forma, el IPYS alertó en su balance semestral que entre junio y las primeras dos semanas de diciembre cerraron 4 emisoras. Además, 12 programas informativos y de opinión fueron sacados del aire por presiones políticas. 

El equipo de El Diario contabilizó 10 denuncias de cierre de emisoras en el transcurso de 2021. El primer caso fue el de VEA 100.7 FM en Coro, Falcón, el 26 de febrero. Su dueño, Régulo López, declaró que los funcionarios llegaron con una orden desde Caracas por presuntos comentarios inapropiados emitidos durante su programación del mediodía. Días después, el 5 de marzo, ocurrió una acción similar con Selecta 102.7 FM de Machiques de Perijá, Zulia; Aragua Mágica 88.1 FM en Maracay, el 26 de marzo y con Metrópolis 88.3 FM en El Tigre, Anzoátegui, el 24 de septiembre. En los últimos tres casos, les fueron incautados los equipos.

Ambas organizaciones coinciden en que además de los cierres, las radiodifusoras operan bajo un contexto de fuerte control. Sus contenidos son monitoreados constantemente, con riesgo de recibir una visita de Conatel en caso de transmitir cualquier mensaje u opinión que para las autoridades sea inadecuado. 

El informe de Espacio Público añade que en algunos casos, las emisoras también salen del aire temporalmente debido a los apagones, tanto incidentales como por cortes deliberados del suministro eléctrico. En otros, son víctimas de robos y acciones vandálicas contra sus instalaciones, como ocurrió la madrugada del 27 de diciembre de 2021 con la emisora Radio Única 99.9 FM de Valera, Trujillo.

Censura en campaña

El IPYS contabilizó 161 violaciones a las libertades informativas durante los seis meses de 2021. La mayoría ocurrió en el marco de las elecciones regionales y municipales celebradas el 21 de noviembre. De hecho, con 57 denuncias, fue precisamente en ese mes cuando se concentró la mayor cantidad de atropellos contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación.

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Carlos Barrios no es el único alcalde que ha sufrido represalias contra sus emisoras radiales. Luego de obtener el triunfo por la Alianza Democrática en el municipio Ezequiel Zamora de Barinas, Conatel cerró el 29 de noviembre la estación Monumental 94.1 FM, propiedad del alcalde electo Nelson García Mora. Aunque la comisión reguladora argumentó una presunta falta de permisos técnicos, el cierre ocurrió en medio de las tensiones en gran parte de Barinas ante la demora de los resultados de la votación para gobernador.

No solo dirigentes opositores perdieron sus medios de comunicación por las elecciones. El 28 de mayo, funcionarios de la Policía del municipio Lander, en Miranda, junto a Conatel, cerraron Zeta 103.5 FM de Ocumare del Tuy. La razón fue el presunto uso sin autorización del espacio radioeléctrico. Esto a pesar de que la emisora oficialista estaba próxima a cumplir 18 años al aire. Su dueño era el exalcalde de Lander, Julio César Marcano, quien días antes había anunciado su intención de competir en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El precandidato también denunció ataques del entonces aspirante a la reelección, Genkerve Tovar, de quien Marcano hacía constantes críticas de su gestión en sus programas. Al final, ninguno de los dos alcaldes logró conseguir la candidatura. El PSUV se decantó por Dayana Báez, quien resultó ganadora en los comicios.

Una voz apagada

Foto: Cortesía

Una de las emisoras más antiguas de Venezuela, Radio Rumbos, suspendió de manera indefinida su programación el 20 de abril de 2021, luego de 71 años al aire. Esto ocurrió tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro, la cual ordenó el desalojo de su sede en el municipio Chacao de Miranda.

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En un comunicado la directiva de Radio Rumbos aclaró que la sentencia solo afectó a su canal 670 AM (activo desde 1950), el cual fue desconectado del Circuito Gigante Rumbos, conformado por 50 radioemisoras de ambas frecuencias (AM y FM). Su presidenta, Elsa Siciliano, también aseguró que la medida no fue por razones políticas, sino debido a un litigio sostenido desde 2017 con la empresa Lionese Real State Corporation.

A pesar de esto, el circuito aseveró que desconocía la existencia de la sentencia. Esta tiene fecha del 1° de diciembre de 2020 aunque se ejecutó meses después. Tampoco se permitió a los abogados de la empresa tener acceso al expediente del caso. “No conocemos las reales intenciones que tuvo el magistrado ponente Calixto Ortega, para tal decisión aprobada por los integrantes de la Sala Constitucional”, expresa el comunicado. Informaron que tampoco saben quiénes ocuparon las oficinas y el control de la emisora.

Antes de ser magistrado de la Sala Constitucional del TSJ oficialista, Ortega formó parte de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Primero como diputado en la Asamblea Nacional por el oficialismo, y luego como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos y vicecanciller. Su hijo, Calixto Ortega Sánchez, es el actual presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin ventanas

De acuerdo con el IPYS, la fuerte censura ha llevado a muchos medios de comunicación a autorregular su programación para evitar potenciales sanciones. En el caso de la radio, la tendencia ha sido enfocarse cada vez menos en el contenido informativo y político, decantándose por la música y el entretenimiento.

La autocensura de las radiodifusoras resulta especialmente complicada al considerar que representan el 71,3 % del ecosistema informativo, de acuerdo con datos de Espacio Público y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “La difusión de información se concentra en las plataformas sometidas a mayores controles gubernamentales”, acotan en su informe  21N: libertad de expresión, participación y elecciones.

A tres días para terminar el año 2021, no existe certeza de que el número de emisoras clausuradas en Venezuela se mantenga fijo en 10. Para el año 2022, las organizaciones proyectan que se mantenga el control sobre los medios de comunicación bajo jurisdicción de Conatel. Y con ellos, más cierres de ventanas informativas en el país.

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