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Todo parece ir mejorando. Venezuela hoy se perfila como uno de los paraísos para los seguidores del criptomundo.
La progresiva adopción natural de criptomonedas y la aparente flexibilidad del gobierno nacional frente a ellas hacían prever un futuro más ameno para la economía de los venezolanos.
Sin embargo, como es de costumbre, los venezolanos poca certeza pueden tener sobre su economía.
Mucho menos cuando sigue controlada por un gobierno que siempre ha querido tener protagonismo en todo, incluso en aquello que, por naturaleza, no podría intervenir, como las criptomonedas.
Después de que el mismo Estado se encargó de crear condiciones para que los ciudadanos pudieran usar un sinfín de medios de pagos (entre ellos dólares y criptomonedas), ahora quiere limitarlos. ¿Cómo? Desde la imposición inconsciente y unilateral de sus leyes.
Justo a esto me refería cuando hablé sobre la legalización de las criptomonedas, un tema que expliqué en un artículo publicado la semana pasada.
Tira y encoge con las criptos
Los impuestos a las criptomonedas en Venezuela no son nuevos. Desde 2018, el SENIAT empezó a exigir el pago de impuestos para toda transacción en criptomoneda.
Es decir, desde ese año, las criptomonedas eran consideradas un medio de pago (al igual que el dólar) y, por ende, estaban sujetas a las obligaciones tributarias de cualquier transacción.
Ese mismo año se creó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela. Dos organismos cuya misión es desarrollar un marco legal para el control de todas las actividades relacionadas con criptomonedas, incluyendo la propia creada por el gobierno, el Petro.
Por esta razón, los venezolanos empezaron a usar criptomonedas abiertamente, sin preocuparse de que la autoridad pudiera castigarlos por hacerlo.
Y aunque la última decisión del Estado no condena a las criptomonedas, sí castigará fuertemente al bolsillo de todos los venezolanos que venían confiando en ellas.
Nuevo impuesto a las divisas
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó recientemente una reforma a la Ley de impuestos a las Grandes Transacciones Financiera. Aunque el nombre no tiene que ver con las criptos, dentro de los nuevos cambios está el detalle que importa.
Esta reforma establece que ahora el Ejecutivo podrá cobrar hasta un 20% en impuestos a todas las transacciones que se realicen con criptomonedas.
De hecho la medida aplica para cualquier otra divisa que no sea ni el bolívar digital (la última evolución de la devaluada moneda nacional) ni el petro (la cripto del Estado que muy pocos entienden y menos usan).
La intención del gobierno parece clara: fomentar el uso de los bolívares y petros a consta del castigo al dólar y las criptos.
Como el gobierno de Maduro no ha podido generar valor en torno a sus monedas estatales, la vía fácil es hacerles más caros los pagos que hagan los venezolanos con otras divisas en las cuales sí confían.
De esa forma, los ciudadanos al menos se pensarán dos veces si pagar con criptos o con bolívares. El impacto en su bolsillo no será el mismo y, eventualmente, muchos empezarán a preferir la moneda nacional sobre cualquier otra opción.
Pero el mismo presidente de la AN asomó lo que, para mí, es uno de los grandes propósitos de esta reforma: “Permitirá que el Estado reciba los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes”.
¿Así o más claro? Pareciera que el Estado está consciente de que hay un flujo importante de dinero entre las personas que usan criptomonedas y, bajo su lógica de padre controlador, esto es inadmisible.
¿Cómo va a permitir el Estado todopoderoso que sus ciudadanos se enriquezcan y creen valor entre ellos? Por supuesto que no. Al menos no lo permitirá sin que antes pueda sacar una buena tajada del dinero de sus ciudadanos.
El problema no son las criptomonedas; el problema es el poder que el Estado pierde cuando las usamos.
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