- El organismo de justicia internacional aseguró que no hay pruebas de que se esté cometiendo un genocidio en las regiones de Lugansk y Donetsk
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió a Rusia el 16 de marzo “suspender de forma inmediata las operaciones militares” en Ucrania. La resolución fue aprobada por trece votos a dos.

La CIJ asegura que no hay pruebas de que se esté cometiendo un genocidio en las regiones de Lugansk y Donetsk, en la región del Donbás. Este supuesto genocidio fue la excusa de Rusia para iniciar la invasión a Ucrania.
READ HERE: full text of the #ICJ Order indicating provisional measures in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) https://t.co/LmjyyFayh0 pic.twitter.com/luc4hAfNYX
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 16, 2022
De acuerdo con el texto del organismo de justicia internacional, Ucrania tiene un “derecho plausible” de no ser sometida a operaciones militares por parte de Rusia.
Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamado a los gobiernos de Rusia y Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

Excusa de genocidio en el Donbás
Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Volodímir Zelenski argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países. Esto se debe a que Moscú justificó la invasión a Ucrania con base en un presunto genocidio que se estaba cometiendo en la población de Donetsk y Lugansk.
La CIJ llegó a un consenso y coincidió con el argumento de Ucrania sobre el motivo de la invasión. El tribunal dictaminó que en principio es competente para juzgar el caso de las acciones militares de Rusia, aunque ese país tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes que dictaron los jueces son medidas cautelares que las partes deberían aplicar hasta que la CIJ analice si Moscú malinterpretó la convención contra el genocidio. Este proceso judicial podría llevar años.
Rusia no se ha pronunciado hasta el momento y se desconoce si acatará las órdenes del tribunal porque, aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.
Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, indica el artículo 94 de la carta de la ONU.
Con información de EFE.