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- Rosmary Palma, de 20 años de edad, sufrió una mala praxis luego de someterse al procedimiento médico. En Venezuela muchas adolescentes y mujeres ponen en riesgo su vida debido a la penalización de un aborto seguro y el poco acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna y de calidad
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) informó que detuvo a cinco personas responsables de la muerte de Rosmary Rusbely Palma Rodríguez, de 20 años de edad, luego de que acudiera a realizarse un aborto clandestino en Guatire, estado Miranda.
La joven acudió con sus padres al sector Las Casitas, municipio Zamora, en donde se realizó el procedimiento médico.
Días después, Palma empezó a presentar intensos sangrados que se prolongaron por varios días. Por lo que fue trasladada hasta el Hospital Doctor Victorino Santaella de Los Teques, el 24 de enero de 2022.
Rosmary Palma falleció el 30 de enero producto de una mala praxis durante el aborto que desencadenó una fuerte infección en su cuerpo.
Los detenidos
El CICPC indicó que, por el hecho, fueron detenidos el miércoles 16 de marzo Mariyuli Rodríguez Sánchez (44) y Rubén Jesús Palma Ibarra (53), los padres de la víctima.
Además, la policía apresó a Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren (43), médico integral y ginecóloga, quien realizó el procedimiento.
También fueron detenidos Juan Carlos Martínez Betancourt (49) y Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez (23).
Estas dos personas, de acuerdo con la información del reporte policial, se dedicaban a captar a mujeres que quisieran interrumpir su embarazo. Cobraban por cada aborto 120 dólares.
La penalización del aborto
En Venezuela se criminaliza el aborto y se condena a la madre, a quien lo apoye y lo ejecute.
El Código Penal venezolano no ha sufrido cambios en materia de interrupción del embarazo desde 1873. La condena para toda mujer que realice este procedimiento intencionalmente oscila entre los seis meses y los dos años de prisión.
El artículo 433 penaliza a cualquiera que provoque el aborto, con el consentimiento de la mujer. En este caso la condena es de 12 a 30 meses.
La legislación establece, en el artículo 434, que quien realice la interrupción a una mujer sin su consentimiento se enfrentará de tres a cinco años de prisión.
La única consideración que contempla la ley es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este caso es legal la inducción del aborto.
Sin embargo, Selene Soto, abogada y miembro de la organización internacional Women’s Link, señaló en una entrevista para El Diario que no existe una reglamentación ni especificaciones en torno a la única causal que permite la legislación venezolana para interrumpir el embarazo.
A diferencia de muchos países de la región, Venezuela sigue teniendo una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto y derechos sexuales. Aunque se ha dicho que la medida se va a discutir ante la Asamblea Nacional, todavía no ha habido ningún avance concreto para la fecha.
El trasfondo de los abortos en Venezuela
Ante la invisibilización de una normativa que permita procedimientos seguros, muchas mujeres se enfrentan a embarazos forzosos.
En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por las denuncias acerca de la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela.
La Comisión aseguró que existe una estrecha relación entre la pobreza y los abortos inseguros en las altas tasas de mortalidad materna.
Las mujeres recurren a procedimientos clandestinos que ponen en riesgo su vida debido a las carencias de la atención de salud en el país y, además, la mayoría no cuenta con los recursos para mantener a un futuro hijo.
Una investigación de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), realizado en el año 2020, indicó que casi 30 % de las mujeres no podía comprar métodos anticonceptivos y 24,9 % necesitaba que estos fueran otorgados de manera gratis por el Estado debido a que no tenían suficientes ingresos económicos.
El estudio también indicó que ninguna mujer que fue encuestada tuvo los recursos para asistir a un chequeo prenatal durante los primeros seis meses de gestación.
Avesa alertó que cerca de la mitad de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el Distrito Capital y en el estado Miranda no tienen acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna y de calidad. Por lo tanto, no pueden decidir sobre su sexualidad y reproducción.
Al menos 225 mujeres fueron encuestadas para la investigación que se enfocó en evaluar los impactos de la crisis del país y sus incidencias en la salud sexual de la mujer venezolana.
