- Cecodap y la Agencia Pana identificaron a través de 17 historias de infantes y jóvenes caraqueños de la Cota 905, La Vega y El Cementerio, un patrón dentro de las megabandas de crimen organizado. Los niños, niñas y adolescentes se ven forzados, en su mayoría, por sus situaciones socioeconómicas a tomar oportunidades que le permitan ganar dinero, e incluso estatus social, en su comunidad | Foto: EFE.
Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), así como la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez (Agencia Pana), publicaron este 30 de marzo una investigación en la que exponen un tipo de esclavitud moderna que hace vida en la ciudad de Caracas: el crimen organizado busca a los niños, niñas y adolescentes para delinquir. Una realidad invisibilizada por el régimen venezolano, según denuncia la organización.
Los hallazgos en “Esclavizar para delinquir: reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado” denotan que las principales causas de reclutamiento forzado se deben principalmente a las precariedades socioeconómicas en las que viven los infantes, quienes, ante la falta de alimentación, educación o la violencia intrafamiliar se ven motivados a buscar una manera de generar ingresos. Las bandas criminales ofrecen ofertas de ingresos semanales en dólares para cubrir sus necesidades reales (alimento) o percibidas (calzado, ropa y prendas que reflejen mayor estatus social).

¿Cómo las megabandas en Caracas involucran a los niños, niñas y adolescentes?
Las relaciones de las megabandas con la comunidad influyen en el reclutamiento. Cuando se ven en la necesidad de engrosar sus filas, ya sea para darle frente a efectivos de seguridad del Estado o para delinquir, esta relación de vecindad se rompe y la banda se vuelve coercitiva. En algunos casos, Cecodap identificó que existen reclutadores profesionales con labores de inteligencia para seleccionar nuevos integrantes.
El cargo más bajo es le corresponde a los mandaderos, generalmente los niños de menor edad, quienes son los que se encargan de la provisión de productos o cualquier otro requerimiento para los líderes de la banda. Le siguen los gariteros, puestos desempeñados comúnmente por adolescentes, quienes vigilan los territorios estratégicos, alertan sobre la entrada de funcionarios militares o policiales, y denuncian el incumplimiento de las normas impuestas por el grupo delictivo en la comunidad.

Les siguen los traficantes, quienes se dedican al tráfico de drogas, siendo una de las opciones más lucrativas y que se rige por la lealtad y efectividad. Estos pueden funcionar dentro o fuera del territorio determinado por la megabanda. El escalafón más alto lo tienen los malandros, que también deben comprobar que son leales y efectivos para expandir la organización y que ascienden formalmente cuando se les entrega una arma de fuego, la cual pueden utilizar para hacer cumplir las normas que establecen los grupos delictivos y cometer delitos.
Frijoles chinos, vaqueros y las megarumbas
Edgar López, el periodista que lideró parte del equipo de trabajo de campo de la investigación, comentó que las prácticas para captar a los infantes y jóvenes presentes en la Cota 905, El Cementerio y La Vega incluyen amenazas, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio considerado fraudulento de pagos o beneficios. Cecodap y la Agencia Pana, además de entrevistar a expertos, acudieron a conversar con al menos 17 jóvenes, pertenecientes a las megabandas en estas zonas caraqueñas.
“Se verificó que las vacas eran del Koki y los vaqueros eran infiltrados de la megabanda. También, como los cambistas, lo hacían para mapear el terrero e identificar personas reclutables”, dijo López. Por otro lado, relató que las megarumbas en las barriadas caraqueñas no solo permiten disfrutar a los adultos, sino atraer a los infantes.

“Las Zonas de Paz, lejos de producir una pacificación, o una suerte de pactos de caballeros entre líderes de grupos delictivos, provocó que los cuerpos de seguridad no ingresaran en esas zonas y en ese terreno despejado las megabandas fortalecieron sus economías criminales”, indicó el periodista. En esas comunidades reinan las reglas autoimpuestas por las megabandas. Agregó que identificaron al menos tres casos, uno de ellos narrado en el trabajo especial de Cecodap, en la que queda expuesto el cómo actúa la justicia “malandra”.
Otra de las historias narradas por el periodista incluye a Patricia, de 16 años de edad, quien se dedicaba al robo de centros comerciales. Empezó a los 15 años de edad. En una mega rumba, uno de sus amigos, drogado, manipuló una granada y explotó, cayendo los restos de él sobre ella. Su mejor amiga fue mutilada y su cuerpo fue dejado en partes en Quinta Crespo. Su hermano muere al tratar de secuestrar a alguien. “Patricia se redimió y ahora es líder en estas barriadas”, señaló.

Édgar López comentó para el equipo de El Diario que el Estado reconoció que no hay un diagnóstico de la situación sobre el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes en el crimen organizado. “Una de las cosas que distingue la experiencia venezolana de la colombiana o mexicana, que analizamos en el informe, es que en esos países hay un Estado que admite el fenómeno. En Venezuela no se admite”, dijo.

Esclavitud moderna frente a la inacción del Estado
El uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir por parte de los grupos criminales en Caracas ocurre en medio de la inacción del Estado para prevenir, documentar y accionar, denuncia Cecodap. Pese a que la legislatura venezolana, el uso de infantes en bandas delictivas está tipificado de acuerdo al artículo 265 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), la organización insta a que se reconozcan como trata de personas, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La complejidad de establecer responsabilidades por parte del Estado es mayor, pues se trata de establecer responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes en un contexto dominado por el crimen organizado. Así, la organización dedicada a la niñez señala que el Estado venezolano no ha atendido de forma integral las causas estructurales de esta situación, por lo que exhortan a corregir las deficiencias del sistema de protección de este grupo vulnerable, fomentar la creación de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en las comunidades afectadas, apostar al capital social presente en estas, así como gestionar políticas públicas adecuadas.
Trapani comentó que identificaron en algunas comunidades “no se quiere normalizar la violencia”, por lo que instó a fortalecer los lazos Estado, organizaciones civiles y comunidad local. “Los adolescentes son responsables penalmente, sí, pero no se le puede poner la etiqueta de terrorista antes de asumir la responsabilidad como Estado por la falta de protección que condujo a su reclutamiento”, sentenció Édgar López.