• El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que no les permitían recibir visitas ni paquetería (alimentos que llevan los familiares). Foto referencial: Ana María Arévalo Gosen

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció que las mujeres que están privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques (Miranda), fueron castigadas con hasta tres meses sin recibir visitas ni paqueterías. De acuerdo con los familiares de las reclusas, esto sucedió luego de una requisa en la que supuestamente incautaron varios teléfonos. 

El OVP explicó que la alimentación de las privadas de libertad en ese lugar consiste principalmente en lo que le envían sus familiares (las paqueterías) ya que, de acuerdo con la ONG, la comida que proporciona el INOF no es balanceada. Detalló que los alimentos que reciben las reclusas consisten en frijol chino y una arepa amarilla, a veces acompañada con agua de avena, sin ningún tipo de proteínas.

Hacinamiento
De acuerdo con el OVP, el INOF es una cárcel con capacidad para 350 mujeres y alberga a casi 700 reclusas.

“Es un riesgo, ya que depender únicamente de la ‘dieta’ de este centro de reclusión es una amenaza para la salud de las reclusas por no cumplir con los requerimientos mínimos para una alimentación balanceada”, agregó el observatorio el 29 de marzo.

Prohibición de visitas, un castigo regular

Foto archivo de OVP

El OVP indicó que la paquetería está condicionada a reglas del INOF, que prohíben ciertos alimentos como, por ejemplo, el refresco negro y el café. Además, la comida preparada que llevan los familiares debe ser consumida en el área de visita antes de subir a las celdas. La organización explicó que esto significa que las reclusas solo tienen acceso a una alimentación digna cada 15 días, cuando se permiten las visitas. 

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“Los demás alimentos que sí pueden ingresar a las celdas son panes, catalinas y algunos productos envasados que no duran mucho por no tener cómo refrigerarlos”, resaltó. 

Según el OVP, actualmente, las reclusas del piso 3C se encuentran sometidas a este castigo durante 3 meses por una presunta pelea que se produjo entre una interna y una custodia; la primera posteriormente fue trasladada a un área denominada “el tigrito” como espacio de castigo, luego de esto el módulo fue requisado y se incautaron teléfonos celulares.

La población reclusa de este lugar actualmente es cercana a 700 internas; aunque esta información data del mes de enero, ya que los familiares observan una cartelera al ingresar al centro donde indican las cifras de internas”, agregó el observatorio.

El OVP también detalló que el 100 % de la población de privadas de libertad sufre de problemas graves de suministro de agua. Las internas deben cancelar un dólar semanal para recibir el líquido, ya que el costo del servicio de cisterna es de $35. Una vez recaudado el monto, se entrega a una reclusa que está encargada de realizar “la gestión” de la cisterna. 

“Aquí no existe figura de pranato, aunque existen algunas reclusas con mayor jerarquía o poder denominadas ‘Machitos’, que son las que se encargan de este control”, explicó el OVP. 

Los familiares también sufren abusos

La organización denunció también que los familiares de las reclusas permanecen largas horas a la espera de que el personal de custodia les permita entrar a la visita, esto puede durar desde las 6:00 am hasta las 12:00 pm, incluso más. Para poder ingresar se les manda a desnudar y a las mujeres las agachan para que pujen. De acuerdo con el OVP, las requisas tanto a hombres como a mujeres suelen ser “bastante invasivas”. 

“Las visitas tienen una duración de una hora, los familiares deben estar debidamente registrados en el sistema para poder entrar. Se permite el ingreso de padres, hijos y hermanos. Desde el inicio de la cuarentena en marzo de 2020 no se permiten visitas conyugales ni visitas de niños. En diciembre del año pasado (2021) se realizó una visita especial de niños, donde las reclusas pudieron ver a sus hijos. Pero luego no se les ha permitido nuevamente ese tipo de visitas”, informó. 

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A pesar de que los familiares informan que las reclusas duermen en literas con colchonetas y las celdas no presentan hacinamiento, las políticas internas de este centro de reclusión afectan la posibilidad de llevar una vida digna mientras se paga condena, aseguró el OVP. El limitado acceso a alimentos y servicios básicos pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres privadas de libertad.

Privadas de libertad pierden sus derechos

El OVP presentó el 8 de marzo, con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un foro titulado “Situación de las mujeres privadas de libertad”. Allí se presentaron datos que demuestran cómo los derechos de las mujeres, en especial los de las que están detenidas, son vulnerados constantemente porque no existen políticas de género inclusivas ni se cuenta con infraestructuras adecuadas para su reclusión.

La organización destacó que las condiciones de convivencia dentro de las cárceles como calabozos son críticas. No existe atención médica y prueba de ello es que en 2019 una joven que se contagió de VPH no recibió una consulta especializada, no fue atendida, nunca cumplió un tratamiento y debido a ello desarrolló un cáncer de cuello uterino que le causó la muerte.

“La ingesta de comida no es la adecuada e incluso deben recibir alimentos en bolsas y hacer necesidades también dentro de una bolsa. Pero lo más grave son los maltratos y torturas a los que son sometidas las reclusas por parte de la directora y personal de custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario, para castigar a las presas las cuelgan y les da palo como si fueran una piñata, las internan en un cuarto pequeño que llaman ‘el tigrito’ en el que las mantienen sin agua y sin comida el tiempo que dure el castigo”, lamentó.

Enfermedades que ponen en riesgo la vida de mujeres en cárceles venezolanas

Mujeres cárceles venezolanas

Las enfermedades, infectocontagiosas o crónicas, lideran los problemas que aquejan a las mujeres que están recluidas en las cárceles venezolanas. El mismo panorama se repite dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP), recintos establecidos para que los ciudadanos solo permanezcan 48 horas, pero se quedan meses y hasta años como consecuencia del retardo procesal.

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La criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), en entrevista concedida a El Diario en octubre de 2021, afirmó que los casos de sarna, tuberculosis, dengue, además de la presencia de pacientes con cáncer, son los más frecuentes en estas dependencias. 

Según información que maneja la organización, las afectadas reciben poca o ninguna atención médica y solo son trasladadas a hospitales cuando se agravan.

Las detenidas no tienen derecho a visitas conyugales. Sin embargo, es común que queden embarazadas. “Eso ocurre porque son abusadas sexualmente, o por los pranes del anexo masculino o por los custodios”, relató.

Aunque la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial se propuso disminuir el hacinamiento, este se mantiene en todas las cárceles y CDP del país. Las ONG abogan por medidas humanitarias para todas las detenidas que presentan patologías severas, de manera que su salud no empeore ni tampoco se produzcan decesos por falta de atención.

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