- Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea y el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, aseguraron que no pretenden difamar al gobernador sino visibilizar la situación de derechos humanos en el país. Foto principal: EFE
Activistas venezolanos rechazaron el jueves 19 de mayo la demanda por difamación en su contra que presentó el gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava. Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, y el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, recibieron el lunes la acción judicial luego que solicitaran una investigación al funcionario por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
Alvarado aseguró que la acusación de Lacava forma parte del cerco que progresivamente se ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
El 14 de marzo de este año, Alvarado e Infante participaron en la presentación del informe Lupa por la Vida, en el que se explicó que la Policía de Carabobo “es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Por ello, solicitaron abrir una investigación a Rafael Lacava.
Abrir espacios en lugar de criminalizar
Marino Alvarado hizo un llamado a Lacava para que “abra espacios” en los que se pueda avanzar en conocer lo que ha pasado y quiénes pueden ser los presuntos responsables de esos hechos, “en lugar de criminalizar el trabajo” de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
“La responsabilidad de un gobernador (…) no debe ser la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar señalados de graves violaciones a derechos humanos e incluso de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de todo gobernador, donde aparezca señalada su policía como presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida a las personas, es facilitar las investigaciones”, expresó Alvarado.
Agregó que el informe no está focalizado en Carabobo, sino que se trata de un estudio que abarcó todo el país. Recordó que allí se evidencia que en 2021 hubo en Venezuela 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La demanda es consecuencia de exigir derechos humanos
Marino Alvarado, luego de recibir la demanda por parte de un tribunal penal de Carabobo, señaló que esto es “la consecuencia” de exigir derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.
“Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo”, señaló el coordinador de Provea en un video publicado el 16 de mayo en la cuenta en Twitter de la ONG.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
Insistió en que pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad en hechos de violación a garantías fundamentales. Negó que estén acusando directamente a Lacava de algún hecho y que solo están pidiendo investigar “su posible responsabilidad”.
Con información de EFE
