La política venezolana padece una dificultad crónica para procesar la distancia entre el fervor de la calle y las leyes de gravedad del poder real. Tras los acontecimientos del 3 de enero, buena parte del liderazgo opositor y de la ciudadanía operó bajo una premisa voluntarista: la certidumbre de que el quiebre político conduciría, de forma automática, a una convocatoria comicial inmediata. Esa euforia, sin embargo, ha chocado contra el diseño geopolítico tutelado por Washington, cuyos tiempos responden a la estabilización energética y al control de daños, no a la ansiedad de las redes sociales.
La transición no se libra en el terreno de las ilusiones ni de la épica de micrófono. Lejos de la prisa electoral, la hoja de ruta en curso prioriza la orfebrería de las reglas del juego antes de abrir las urnas. Frente a este tablero de contrapesos negociados, la reaparición de María Corina Machado en Caracas y su insinuación de una eventual Asamblea Nacional Constituyente introducen una peligrosa tentación jacobina: sustituir el laborioso consenso institucional por una refundación absoluta que, al igual que en 1999, amenaza con dinamitar las bases de la gobernabilidad que con tanta lentitud se intenta reconstruir.
1. La resaca del 3 de enero y el baño de realidad
El entusiasmo postenero descansaba sobre una falacia recurrente: suponer que el colapso de la legitimidad oficialista implicaba la disolución automática de su poder fáctico. En transiciones complejas, las elecciones no son el punto de partida, sino el punto de llegada. Lo que siguió al 3 de enero no fue la apertura inmediata de centros de votación, sino la evidencia de un vacío institucional que ninguna aclamación popular podía llenar por sí sola.
Votar de forma sostenible exige un Estado capaz de procesar resultados sin desembocar en la anarquía. La administración estadounidense comprendió que forzar una elección relámpago sin contrapesos agravaría la ingobernabilidad y pondría en riesgo la producción petrolera. La resaca de la euforia ha sido, por tanto, un baño de crudo realismo: el país no está ante un asalto final al poder, sino ante una paciente coreografía tutelada donde las garantías mutuas prevalecen sobre el calendario de los candidatos.
2. La orfebrería tutelada: las reglas antes que las urnas
La hoja de ruta que hoy marca el ritmo político se construye con precisión milimétrica desde el exterior. Se trata de un mecanismo incremental que supedita la contienda presidencial de 2027 a cuatro pilares indispensables:
- 1. La reincorporación de la Asamblea Nacional de 2015: como bisagra de continuidad y legitimidad internacional para la oposición.
- 2. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): estructurado bajo criterios de equilibrio y cohabitación para brindar seguridad jurídica y garantías de no persecución.
- 3. Un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE): cuya tarea más compleja será técnica y demográfica: depurar un Registro Electoral viciado y garantizar la participación real de la diáspora.
- 4. Una Ley de Partidos Políticos: que obligará a todas las organizaciones a relegitimarse formalmente ante las nuevas instituciones, resolviendo las judicializaciones previas antes de medirse en las urnas.
Este itinerario demuestra que la transición no se improvisa; se ensambla pieza por pieza para asegurar que el día después de los comicios exista un Estado funcional.
3. El fantasma del 99 y la tentación jacobina
En medio de este delicado equilibrio, la reciente intervención de María Corina Machado en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) encendió las alarmas. Al cuestionar la arquitectura de la Constitución de 1999 —focalizándose en el presidencialismo exacerbado y la reelección indefinida— y al proponer consultas ciudadanas para evaluar una Asamblea Nacional Constituyente, Machado introduce una perturbación de alto costo estratégico.
La sola invocación de una Constituyente en la Venezuela actual revive los fantasmas de 1999. Aquella experiencia demostró que proclamar un “poder originario” supra-constitucional en contextos de polarización no crea consensos, sino la subordinación y liquidación de los poderes constituidos. Si se decreta la soberanía absoluta de una asamblea refundacional, el esfuerzo pactado en torno al TSJ, el CNE y la AN 2015 queda inmediatamente desarticulado.
Plantear una refundación total equivale a patear la mesa de la negociación tutelada. Es una postura que rechaza el principio medular de cualquier transición: la cesión de espacios y la aceptación de contrapesos. Pretender el control total del poder mediante una salida jacobina desconoce la lección más costosa de las últimas décadas: disolver la frágil institucionalidad en nombre de la pureza política solo garantiza parálisis, incertidumbre económica y el reinicio cíclico de la confrontación civil.
4. El síndrome del candidato y la demanda del gerente
Esta pulsión por desconocer los acuerdos responde a una patología clásica de la política: el síndrome del candidato. Ocurre cuando un liderazgo confunde el aplauso transitorio de las plazas con el control material de los resortes del Estado, creyendo que la legitimidad de origen le otorga un cheque en blanco inagotable.
Frente a esa ilusión voluntarista, la teoría clásica del poder y la praxiología política enseñan una máxima elemental: el capital político no se atesora en una vitrina; se deprecia. La legitimidad de origen y el fervor de las masas constituyen activos hiperinflacionarios. De nada sirve administrar picos de respaldo popular si esa simpatía sociológica no se utiliza con prontitud para consolidar equilibrios institucionales y poder fáctico. La historia política castiga con severidad a quienes se quedan contemplando las encuestas mientras el tiempo disuelve su capacidad de maniobra.
Mientras el liderazgo tradicional se desgasta amenazando con patear el tablero, la sociedad venezolana transita hacia un pragmatismo secular. El ciudadano común, hastiado de la retórica épica y desgaste institucional, no demanda un experimento refundacional que prolongue la crisis; exige eficacia, estabilidad económica y certidumbre en su vida cotidiana.
En ese vacío de representación partidista es donde la figura de Lorenzo Mendoza y el arquetipo del líder empresarial adquieren una gravitación sociológica indiscutible. No se trata de una candidatura voluntarista ni de un mesianismo corporativo, sino del síntoma elocuente de un país productivo que anhela la solvencia de un gerente general antes que otro ciclo de maximalismo ideológico.
La mesa de la reinstitucionalización ya está servida y cuenta con el respaldo de quienes manejan los incentivos reales de la geopolítica. Pretender patear esa mesa creyendo que la popularidad durará para siempre es un error de cálculo histórico. Si los liderazgos insisten en anteponer sus ambiciones de poder absoluto a la viabilidad del país, la mesa no se detendrá: avanzará con quienes entiendan las reglas del juego, dejando a los cruzados de la épica administrando la frustración de su capital dilapidado.
