• Las personas pueden interponer una denuncia ante el ente al que pertenece el o los funcionarios que están incurriendo en este delito. El equipo de El Diario elaboró una guía para saber qué hacer en caso de ser víctima de extorsión

La periodista y viajera Valentina Quintero denunció el 15 de julio, mediante un video en redes sociales, un caso de extorsión policial que sufrió una amiga cuando retornó al país y transitaba por una carretera venezolana. Indicó que los funcionarios la acusaron de supuestamente llevar “droga” y le exigían dinero para poder continuar su viaje. Aunque esta práctica policial de algunos organismos de seguridad no es nueva, sigue sucediendo con frecuencia en el país. 

Un estudio realizado por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, publicado en junio de 2022, identificó 322 puntos de control ubicados sobre las troncales y vías regionales.

De esta cifra 223 son manejados por la Guardia Nacional Bolivariana, 55 son de la Policía Nacional Bolivariana, 33 de policías estadales, 3 de las policías municipales, 3 de la policía judicial y 3 del Ejército Bolivariano.

En el estudio se destacan dos aspectos importantes: uno es que los cuerpos de seguridad que más frecuentan este tipo de prácticas son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y lo segundo es que los estados fronterizos del occidente del país son los más afectados por la extorsión en las vías.

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Los datos también estiman que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.

¿Cuáles son los organismos que reciben denuncias por extorsión?

Cualquier ciudadano o extranjero que haya sido víctima de una extorsión policial puede presentar una denuncia en la oficina de unidades de atención a las víctimas que tiene cada organismo policial en el país. Esta división se encuentra adscrita al Ministerio Público.

En este portal se encuentra un directorio con los números de contacto y direcciones de las oficinas donde se puede acudir para formalizar esta solicitud en todo el país. 

La persona también puede interponer una denuncia ante el organismo policial al que pertenece el o los funcionarios o dirigirse directamente a la Fiscalía para tramitar un reporte que deberá ser motivo para una investigación de tipo jurídico-penal.

Igualmente, la víctima puede difundir su caso de extorsión en redes sociales o remitir la denuncia a alguna organización no gubernamental (ONG) que lleve registros de este tipo de actividad en caso de no querer realizar el proceso correspondiente de denuncia ante organismos oficiales. 

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Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, en respuesta a los comentarios de Valentina Quintero, aseguró que el sistema de justicia está en la capacidad y tiene la estructura para sancionar a aquellos que incumplan las leyes y violen la Constitución venezolana.

¿Qué hay qué saber sobre una requisa policial?

En una entrevista previa ofrecida para El Diario, el abogado y criminólogo Fermín Marmol García comentó que, ante la intensificación de estas prácticas ilegales, es importante que la población se encuentre informada sobre cómo deberían realizarse las requisas policiales y cuáles son los derechos de cada ciudadano al ser interrogado por un funcionario. 

El especialista explicó que el objetivo de una requisa policial, de acuerdo con el Código Penal venezolano, es identificar o encontrar elementos para prevenir o poner fin a un comportamiento contrario a las normas de convivencia.

Los policías que realicen estos procedimientos deben estar plenamente identificados y con su respectivo uniforme, puesto que son los únicos que pueden operar en estos casos de civil”, señaló Marmol García.

El protocolo también dicta que la revisión corporal debe realizarla un funcionario tenga el mismo sexo del sujeto a revisión.

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En ese sentido, y por respeto a la dignidad y el pudor de la persona, la misma se debe llevar a cabo en un lugar cerrado para continuar con el procedimiento. 

Algunas consideraciones

La normativa jurídica venezolana establece que el funcionario obligatoriamente debe informar al ciudadano las razones por las cuales tiene la sospecha de que el conductor está incurriendo en un hecho ilegal.nnEn caso de que haya un motivo por el que la persona está infringiendo una ley, la persona puede solicitar que la requisa se haga con dos testigos que no sean funcionarios policiales, de lo contrario no tendrá validez.nnLa legislación venezolana también permite al ciudadano grabar la requisa policial y el funcionario no puede confiscar el teléfono de la persona.nn

Ante una práctica ilegal que ha sido generalizada en los últimos años, es importante que la ciudadanía conozca el marco legal que los protege en estos casos.

Actualmente el “matraqueo”, como se le conoce coloquialmente a este delito, es la forma que los policías obtienen más ingresos debido a que perciben un bajo salario y son los ciudadanos quienes, ante el alto índice de impunidad ante los hechos de desviación policial, sufren las consecuencias. 

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