• El instrumento legal permite cubrir las necesidades de personal de los empresarios y proporcionar un camino a la legalidad de la población migrante

Con la modificación del Reglamento de Extranjería aprobado por el gobierno español el 26 de julio de 2022, se permitirá regularizar a la población migrante de distintas nacionalidades que habita en ese país para ser integrados de manera legal en el mercado laboral. La normativa, impulsada por el ministro de Migraciones José Luis Escrivá, busca que los empresarios puedan contratar con mayor facilidad a extranjeros y evitar los rigurosos trámites para trabajar legalmente en España.

Los migrantes venezolanos, quienes buscan beneficiarse directamente de este mecanismo, representan el segundo grupo más grande entre los latinoamericanos en esa nación, con 199.078 personas registradas, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España. De ese universo, buena parte busca una vía segura para acceder a los permisos de residencia y trabajo.

En junio, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social española eran 2,46 millones, el máximo histórico desde que se dispone de datos.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se plantean dos figuras legales, una de ellas es el arraigo laboral. Para ello el extranjero debe haber permanecido en España durante al menos dos años. Además, debe haber trabajado de manera regular o irregular durante un periodo de seis meses.

Existe un segundo mecanismo y se trata del arraigo social. Para ello se debe demostrar un tiempo de permanencia en ese país de tres años, y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad española. Asimismo, se debe tener un contrato laboral con una duración mínima de un año.

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El marco legal (que estará vigente en 20 días) creará un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para conocer exactamente las necesidades del mercado de trabajo y mejorar los procesos de contratación.

En cuanto a los estudiantes extranjeros, la ley incentiva los estudios con un trabajo (que tenga un máximo de 30 horas semanales).

A propósito de ello, el equipo de El Diario entrevistó a tres venezolanos que residen en Madrid y han visto truncadas las posibilidades de regular su situación.

Alegan que los procesos han sido burocráticos y dilatados por parte del Estado español para cada uno de sus casos.

Carlos Martínez: “Busco una residencia por formación o por arraigo que me permita quedarme y dejar de ser ilegal”

Este venezolano de 36 años de edad recibió una beca hace tres años para estudiar una maestría en marketing digital. Al culminar su formación hizo sus pasantías y una vez comenzó la pandemia fue despedido de la empresa donde laboraba.

Mi visa de estudiante se venció y tuve el beneficio de la extensión de la vigencia de los documentos. Una vez las cosas empezaron a funcionar nuevamente solicité una residencia especial. El Estado tardó más de un año y medio en darme una respuesta y la resolución salió vencida”, explicó Martínez*.

Actualmente trabaja freelance desde casa con clientes en el extranjero porque ninguna empresa española quiere contratarlo sin papeles. Dice que incluso teme salir más allá de su sector de residencia porque sabe que su estatus es ilegal y si un oficial le solicita sus documentos se dará cuenta que están vencidos.

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“Busco una residencia por formación o por arraigo que me permita quedarme y dejar de ser ilegal. Quiero tener un empleo estable con un contrato de trabajo y radicarme en Madrid”, relató.

Marcos Alvarado: “Tengo un trabajo, pero España no me da la residencia legal“

Para Marcos Alvarado, comunicador social de 35 años de edad, tampoco ha sido una tarea sencilla lograr la regularización migratoria en ese país. Una vez concluyó su postgrado fue contratado por la empresa donde realizó sus prácticas, pero sus trámites migratorios están en el limbo.

Mis permisos de residencia han salido solo por seis meses por la figura del contrato de prácticas (renovable dos veces) por lo que ni siquiera puedo sacar una tarjeta de identificación TIE nueva y vigente. Entonces, tengo un trabajo, pero España no me da la residencia legal”, dice Alvarado*.

La tarjeta de extranjería es usada exclusivamente para las personas que no son ciudadanos de la Comunidad Europea. El documento es una tarjeta plástica donde están los datos del portador, la fecha de vencimiento de residencia y los motivos de la residencia.

Alvarado dice que el documento es de suma importancia incluso para tener una cuenta bancaria activa, entre otros trámites rutinarios. Asegura que muchas personas van a esperar los días para dirigirse a las oficinas de extranjería y buscar ajustarse a las flexibilizaciones que propone la ley.

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Enrique Peiró: “La nueva ley debe evitar estos procesos engorrosos para los migrantes”

A Enrique Peiró, venezolano de 27 años de edad, tampoco se le ha hecho sencillo el trámite migratorio en España pese a que posee la nacionalidad francesa. Como parte de los requisitos para obtener la residencia permanente se le exige contar con un contrato de trabajo de 30 horas y una cuenta bancaria con un saldo de 15 mil euros.

Peiró realizó una maestría en derechos humanos y pensó que por su formación académica y teniendo un pasaporte de un país miembro de la Comunidad Europea se simplificaría su regularización, pero no fue así. 

Seas o no miembro de la comunidad el contrato de trabajo es vital para lograr la residencia. Además, si no tienes a una persona que te apoye con el requerimiento económico se van cerrando puertas para lograr quedarte acá de forma legal. Yo espero que la nueva ley abra la posibilidad de evitar estos procesos engorrosos para los migrantes”, indicó *Peiró.

Los entrevistados buscan que las autoridades migratorias de España reconozcan su valía como profesionales calificados que culminaron estudios de cuarto nivel en ese país, y desean establecerse de forma legal en la sociedad sin ninguna limitación que impida su inserción laboral.

(*) Los nombres fueron modificados para proteger sus identidades.

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